El Gobierno ultima detalles para el acuerdo y se espera hoy un pronunciamiento del FMI sobre la negociación

El Gobierno dejó trascender que está en la recta final de un primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para acordar una serie de políticas económicas que estarán incluidas en el nuevo programa. En paralelo, trabaja sobre el proyecto de ley que autorice la operación y se espera, este jueves, un pronunciamiento del organismo sobre la marcha de las negociaciones.

En ese contexto, el miércoles por la tarde el presidente Javier Milei reunió a la plana mayor del equipo económico en la Residencia de Olivos. Estuvieron el ministro de Economía Luis Caputo con sus asesores y el presidente del Banco Central Santiago Bausili. Este jueves la portavoz del organismo, Julie Kozack, podría dar alguna pista más sobre la inminencia del entendimiento técnico. Al mediodía, en tanto, Caputo participará de Foro del Consejo Empresario Mendocino (CEM) junto al gobernador Alfredo Cornejo.

En el mercado sobran las especulaciones sobre el formato final que tendrá el programa. Un informe a clientes elaborado por el banco suizo UBS arriesgó que el acuerdo podría alcanzar los USD 20.000 millones, explicados en unos USD 12.000 millones de refinanciamiento de vencimientos hasta el fin del mandato de Milei y otros USD 8.000 millones de desembolsos adicionales.

Otro punto relevante del informe es que, según la estimación de UBS, el acuerdo podría incluir un desembolso inicial significativo, posiblemente entre el 20% y el 30% del total durante este año, en línea con experiencias previas en Ecuador y en Argentina durante el Extended Fund Facility (EFF) de 2022. UBS destaca que el vínculo entre Milei y Donald Trump podría jugar a favor del Poder Ejecutivo.

Milei había anticipado ante la Asamblea Legislativa el sábado por la noche que “en los próximos días” el Poder Ejecutivo tendría cerrado un acuerdo con los funcionarios del FMI que dé paso a un programa financiero nuevo que incluya desembolsos adicionales. En los despachos oficiales aún no bridan precisiones sobre la inminencia de ese apretón de manos técnico entre Buenos Aires y Washington, pero dejan saber que está pautado para el corto plazo.

El articulado del proyecto, en el que todavía trabajan distintas áreas del Ministerio de Economía y de la Casa Rosada, solo buscará la autorización para la firma del acuerdo con el FMI. El contenido del programa nuevo quedaría, si el Ejecutivo sostuviera esa decisión, reservado para los tiempos de tratamiento del acuerdo en el directorio del Fondo Monetario. Esa particularidad ya generó algún resquemor en bloques opositores, que buscarán conocer algún detalle de a qué tipo de políticas económicas se comprometería el Ejecutivo ante el organismo.

La necesidad de conseguir una ley que apruebe el acuerdo surge de la “Ley Guzmán”, que también contempla títulos públicos en moneda extranjera por encima de lo presupuestado, pero que no exige explícitamente que se den a conocer al parlamento los detalles técnicos del acuerdo.

Cuando fue ministro, Guzmán envió el pedido de autorización para el programa Extended Fund Facility (EFF) con anexos incluidos con el memorando de políticas económicas consensuado con el staff y un memorando técnico. Fuentes parlamentarias recuerdan que la oposición y parte del oficialismo no estaba de acuerdo en aquella ocasión con aprobar el proyecto con esos documentos adjuntos, ya que no querían que el Congreso decidiera sobre un plan económico que dependía del Poder Ejecutivo.

Con todo, los alcances finales del entendimiento con el FMI todavía no fueron hecho públicos, pero el Gobierno dejó entrever que el sistema de metas -fiscales, de reservas y de emisión- no fueron materia de mayor discusión, aunque sí la configuración del esquema cambiario. Entre otras cuestiones, qué hará el equipo económico con el dólar blend que destina el 20% de las divisas de la exportación al “contado con liqui”, qué planes tiene para flexibilizar o eliminar otras restricciones cambiarias como el giro de dividendos al exterior por parte de empresas multinacionales.

Milei hizo referencia, en algún momento, de las últimas semanas de negociación, a unos USD 11.000 millones. El Gobierno tiene dos restricciones sobre cómo utilizar los dólares que surjan de un acuerdo nuevo con el FMI. Uno es normativo: la misma ley que prevé que cualquier programa con el organismo debe ser autorizado por el Congreso prohíbe que esos fondos sean usados para gastos corrientes. Y, en segundo lugar, Milei busca evitar que el nivel de endeudamiento neto del sector público crezca a pesar de pedir dólares adicionales al FMI.

De esa forma, la manera que encontró el equipo económico para conjugar esa última directiva es la de mejorarle el balance al Banco Central por la vía de la eliminación de al menos una parte de las Letras Intransferibles, un activo que es considerado de poco valor en el patrimonio de la autoridad monetaria. En la actualidad el BCRA tiene entre sus activos unos USD 23.000 millones de estos instrumentos emitidos por el Tesoro.

En los despachos oficiales dejan trascender que el entendimiento técnico tendrá lugar en un corto plazo. El portavoz presidencial Manuel Adorni aseguró que “se apunta a que el acuerdo esté cerrado para el primer cuatrimestre” y evitó ingresar en detalles. “El posible acuerdo con el Fondo va a implicar la recapitalización del Banco Central, no va a inferir que aumente la deuda, es una de las patas que tienen que estar para que pueda levantarse el cepo o cambiar el esquema cambiario”.