Un juzgado bonaerense falló a favor de ARBA en el conflicto por el Impuesto Inmobiliario Rural

La Justicia bonaerense rechazó el amparo presentado por Agrícola Ganadera La Alpina SA y otros contribuyentes rurales, quienes pedían el recálculo del Impuesto Inmobiliario Rural 2024. La sentencia definitiva, dictada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Azul, confirmó que el tributo fue calculado conforme al marco legal vigente y otorgó un plazo de cinco días para que los demandantes reconduzcan su reclamo por la vía procesal correspondiente, según informó la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) en un comunicado.

El planteo judicial sostenía que el impuesto no respetaba los topes establecidos, resultaba confiscatorio y que su determinación era arbitraria. Además, las empresas habían solicitado una medida cautelar para limitar el monto de la cuota 4/2024 al valor de la cuota 3 y exigían la devolución de presuntos excedentes abonados. No obstante, el juez “desestimó los argumentos al considerar que el cálculo realizado por ARBA demostró la correcta aplicación de la normativa vigente”, informó el organismo.

Al respecto, Cristian Girard, director de ARBA, destacó: “Lamentablemente, desde la oposición hicieron un uso político del tema, con Espert y dirigentes del PRO llamando a la rebelión fiscal. En los hechos, lo único que lograron fue hacerles perder plata y tiempo a un grupo de productores, porque este fallo definitivo le da la razón a ARBA. Es paradójico (o no) que quienes fogonearon el incumplimiento tributario tenían todos los impuestos al día. Promueven el caos mientras ellos cumplen con sus obligaciones, como corresponde. Nosotros seguimos trabajando para garantizar el cumplimiento de las leyes impositivas, persiguiendo la equidad fiscal y generando recursos públicos genuinos que se destinan al desarrollo de la Provincia”.

“Cabe destacar que este mismo reclamo ya fue rechazado en otros departamentos judiciales, lo que refuerza la legalidad del esquema impositivo aplicado por la Provincia. La sentencia del Juzgado de Azul subrayó que la acción de amparo no era la vía adecuada para cuestionar la determinación del impuesto y que los contribuyentes cuentan con mecanismos ordinarios para plantear sus reclamos”, recordaron desde ARBA.

No es la primera vez que el campo se opone a la carga tributaria que implica el Impuesto Inmobiliario Rural. De hecho, uno de los temas que durante el año pasado estuvo atravesado por cierto nivel de conflictividad fue el rechazo de las entidades del campo al esquema tributario del gobierno bonaerense. El sector consideró que los aumentos en el Impuesto Inmobiliario Rural superaron lo que se votó en la Ley Fiscal Impositiva 2024, donde se establecieron ciertos topes de incremento en relación con el año 2023, que fueron del 140% al 200%. Los ruralistas denunciaron que las subas superaron ese 200% máximo.

La discusión fue larga y a grandes rasgos el Ejecutivo argumentaba que durante el 2023 habían regido ciertos beneficios tributarios y exenciones ante la sequía de aquel año o descuentos por el pago del buen contribuyente o adhesión al débito automático, pero que en lo que respectaba a la base imponible, las subas estaban dentro del marco de la ley.

El tema volvió a escena este año. El gobierno bonaerense decidió por el momento prorrogar la Ley Fiscal Impositiva 2024 ante la falta de un acuerdo político en la Legislatura con los bloques opositores. Sin ley 2025, ya rige el mismo esquema que el año pasado.

Otra arista que había generado controversia en la ley fiscal 2024 fue la decisión de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) de avanzar con un gravamen definido como cuota adicional —que alcanza tanto al Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado como Impuesto Inmobiliario Rural— y que se aplicó a quienes superaron ciertos límites en la base imponible de sus propiedades. Así había quedado establecido en los artículos 138 y 139 que se votó en la Legislatura a fines del 2023.

En el caso del Impuesto Inmobiliario Rural, se aplicó cuando la base imponible de la tierra libre de mejoras, o la sumatoria de dichas bases para un conjunto de propiedades, superara los $39.096.756