El Gobierno asegura que los aumentos de tarifas de luz y de gas en 2025 van a estar en línea con la inflación

El Gobierno de Javier Milei implementó en 2024 un ajuste de shock para alcanzar el equilibrio fiscal y “sincerar” los precios relativos que habían quedado rezagados durante la gestión anterior. De cara a 2025, con las elecciones en el horizonte, la idea que predomina entre los funcionarios es que será tiempo de un enfoque más gradual.

En el caso de las tarifas de electricidad y gas natural, si bien subirán todos los meses, la decisión es que los aumentos acumulados a lo largo de este año se mantendrán en línea con la inflación, según confirmó a Infobae una fuente oficial con conocimiento de la gestión. El impacto en las facturas finales de los usuarios, producto de la quita de subsidios y de los incrementos habilitados en las remuneraciones de las empresas prestadoras de servicios públicos, seguirá esa premisa.

Esa es la directriz que el ministro de Economía, Luis Caputo, transmitió al secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González. La encargada de ejecutar este esquema es la secretaria de Energía, María Tettamanti, junto a sus equipos técnicos. Esta orientación quedó evidenciada con la marcha atrás en el fuerte aumento que, por un error, según la explicación del propio ministro, iba a aplicarse en las tarifas eléctricas desde febrero y que ahora será prorrateado.

En el proyecto de Presupuesto 2025 –que nunca llegó a tratarse en el Congreso–, Caputo estimó que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec será del 18,3% en todo el año, lo que equivale a un promedio mensual del 1,4 por ciento. En sintonía con esa proyección, el área de energía del Gobierno prevé que las tarifas aumenten mensualmente: algunos ajustes estarán por encima del IPC y otros por debajo, pero en el acumulado anual deberían moverse en magnitudes similares.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el grueso del ajuste se realizó en 2024. Las boletas de gas residencial aumentaron un 400% en ese período, mientras que la electricidad subió en promedio un 300%, según datos del sector. Esa recomposición se dio por la reducción de subsidios, sumada a los incrementos en las tarifas de transportistas y distribuidoras, los tres componentes principales de las facturas finales (además de los impuestos).

Según cálculos de la consultora Economía y Energía, el gasto en subsidios a la energía se redujo un 35% real en 2024 respecto a 2023, lo que representó un recorte superior a los USD 3.000 millones, en línea con lo contemplado en el proyecto de Presupuesto 2025. El principal factor de esa reducción fue el traslado de los incrementos tarifarios a la demanda en el caso de la electricidad, junto con menores costos de suministro de gas gracias a una mayor capacidad de transporte desde Vaca Muerta, que permitió sustituir importaciones.

En Energía ahora creen que el cambio de esquema de subsidios hacia uno más “focalizado” puede tomar más tiempo y no estar listo para mediados de este año, como se preveía. Entienden que un paso en falso puede implicar un cimbronazo en materia de incrementos para millones de personas del segmento más vulnerable de la población. A esa cuenta se suman los cortes de suministro eléctrico que sufren los usuarios durante el verano, que son producto de años de desinversión por el congelamiento tarifario, según la visión de los funcionarios y las compañías.

Una encuesta realizada en enero por Casa Tres, sobre 2.056 casos efectivos, arrojó que casi la mitad de los argentinos (44%) prefiere mantener sin aumentos las tarifas aceptando la posibilidad de cortes de luz. Ante la pregunta sobre de quién es la responsabilidad de las interrupciones, el 38% señaló a las empresas, el 34% al Gobierno actual y un 23% al kirchnerismo.

“A medida que pase el tiempo es probable que crezca la idea de que la responsabilidad es del Gobierno porque se diluye la idea de la herencia”, dijo Mora Jozami, directora de Casa Tres. La analista de opinión pública además resaltó que la “situación económica” –principalmente la dificultad para llegar a fin de mes– encabeza la lista de preocupaciones de los argentinos, cuando en enero de 2024 ese lugar era ocupado por la inflación.

Las facturas de energía están compuestas por cuatro ítems: el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos (nacionales, provinciales y municipales). Las subvenciones del Estado se canalizan a través de una bonificación sobre el costo de la energía que pagan los consumidores en sus boletas.

La asignación de ese beneficio desde 2022 está determinada por un esquema de segmentación en base a los ingresos que reciben los hogares respecto a la Canasta Básica Total (CBT) del Indec, cesta que marca el umbral para no ser considerado pobre. Hay tres categorías de hogares: ingresos altos (Nivel 1) -que no tienen descuento-, ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3).

Según datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) a los que accedió este medio, hay 16,3 millones de usuarios residenciales registrados en el servicio de electricidad, que es además el más extendido en el país. Son casi 6,1 millones de N2 y 3,4 millones de N3, por lo que el 58% de los hogares recibe asistencia. En gas natural hay 9,5 millones de usuarios –hay regiones del país donde no hay red– de los cuales los N2 son casi 3 millones y los N3 2,4 millones.

Tettamanti llegó en octubre pasado con la idea de ir a un esquema similar al de la tarifa social que se aplicó con Mauricio Macri con solo dos universos: los que reciben subsidios y los que no. Hoy implicaría dejar fuera a 3,4 millones de hogares de clase media, en el caso de la luz, que recibirían fuertes incrementos.

Es un dilema similar al que se enfrentó su antecesor, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien intentó implementar un sistema basado en el peso sobre los ingresos de una Canasta Básica Energética (CBE) que además iba a tener en cuenta el consumo de cada usuario según su zona bioclimática. Fue complejo realizar los cruces de información e implicaba una “focalización” mucho más restrictiva que la actual.

El Gobierno tiene que definir también los aumentos en los conceptos de distribución y transporte que habilitará a las empresas durante los próximos cinco años a cambio de planes de inversión para mejorar la calidad de los servicios. Surgirán del proceso de revisión tarifaria que inicia este mes y que será trasladado a las boletas finales a partir de abril, o al menos esa es la idea oficial. El ministro de Economía bajó una premisa: el traslado a las facturas finales no deberá superar el 10% en todo el año y, al igual que la baja de subsidios, será prorrateado a lo largo del año.

Luego, la idea es aplicar un sistema de actualización mensual automático para las tarifas y, en consecuencia, los ingresos de las empresas se mantengan constantes en términos reales. Se trata de un cambio sustancial respecto a los aumentos discrecionales que se aplicaron a partir de 2024, después de años de congelamiento, y con los que en gestiones pasadas se buscó apuntalar, sin éxito, la desaceleración de la inflación.