El sector pesquero, que pide baja de retenciones, afrontará desde febrero un aumento promedio del 234% en otro tributo

El sector pesquero advierte que se encuentra en una situación crítica y pide por medidas que le permitan atravesar el mal momento. En concreto, la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) solicitaron que la actividad sea incluida en los beneficios anunciados por el Gobierno nacional la semana pasada.

Cabe recordar, que Nación anunció la eliminación de las retenciones para las economías regionales y la baja de alícuotas, de forma temporal, para una serie de sectores. A diferencia del agro, el sector pesquero no fue incluido en estas reducciones. CAPeCA y CAPIP manifestaron que esta decisión amenaza la continuidad de una industria que anualmente procesa 793.000 toneladas de productos pesqueros, genera 46.000 empleos directos y exporta a más de 100 mercados internacionales, aportando 1.981 millones de dólares en divisas al país.

“Nuestro sector no fue tenido en cuenta para la baja de las alícuotas ni fue considerado una economía regional. Pedimos al Gobierno que nos considere en la baja impositiva, porque nuestra situación es muy delicada”, reclamó Eduardo Boiero, presidente de CaPeCA.

De acuerdo a las estadísticas del organismo, la industria pesquera tributa anualmente entre USD 120 y USD 130 millones en concepto de Derechos de Exportación (DEX). Las retenciones van del 1% al 9% por tonelada, dependiendo del producto que se exporta. “Hablamos de una tasa promedio del 6% en el mercado”, detalló Boiero.

Informe oficial

Un informe sobre “Cadenas de Valor” publicado por la Secretaría de Política Económica del actual Ministerio de Economía precisa, por caso que las retenciones son, entre otras, del 7% sobre las exportaciones de Calamar Illex congelado (por volumen y por valor, la segunda especie más exportada) y sobre los Langostinos enteros congelados (por valor total, la mayor exportación del sector), del 5% sobre los filetes congelados de Merluza Hubbsi (la mayor especie, por volumen) y del 9% sobre la Merluza negro y la Centolla, las dos especies más valiosos en precio por peso, aunque de volumen mucho más reducido.

El informe de la cartera económica, con datos hasta 2023, señalaba además: “la cadena pesquera tiene una marcada orientación hacia el mercado externo. En 2023 las exportaciones del sector pesquero alcanzaron USD 1.776 millones y aportaron el 2,7% al total de las ventas del país al exterior, en tanto que las importaciones rondaron USD 188 millones, representando el 0,3% del total nacional importado. El superávit comercial de la pesca fue de USD 1.589 millones”.

El economista Fabián Pettigrew calculó además que entre 2002 y 2022 el sector tributó USD 2.300 millones en concepto de derechos de exportación.

Suba de impuestos

El reclamo de la industria pesquera se centró en los últimos días sobre las retenciones, pero a partir del 1 de febrero deberán enfrentar una fuerte suba de otro impuesto. “El Gobierno aumentó el Derecho Único de Extracción (DUE) para casi todos los productos, promediando una suba del 234%”, explicó Boiero.

El DUE es establecido semestralmente por el el Consejo Federal Pesquero. El organismo establece cuál es valor de la Unidad Pesquera (hoy es de $1.244. en función del precio del libro de combustible, el principal costo de operación de un buque pesquero, además de la tripulación) y el Gobierno determina cuántos UP debe pagar cada producto por tonelada extraída.

Como se puede observar en el cuadro, elaborado por Intercámaras del sector pesquero, en algunos casos la cantidad de UP a pagar tuvo un aumento moderado, como el Gatuzo, que subió 20,54% o el Cazón, que incluso bajó una UP. Pero hubo otros casos en los que los incrementos fueron extremadamente altos, como el Pargo, que subió un 788,89 por ciento.

Con todo, los casos más relevantes, por su incidencia en el volumen de pesca, son los aumentos del DUE para la captura de calamar (509,38%), la Merluza Hubbsi (174,5%) y la Merluza “polaca” (171,6%). En el caso del langostino, la principal especie en materia de exportación, el aumento fue del 80,53%). Un poco más aumentaron los Derechos de Extracción de las dos especies más valiosas: la de la Merluza negra aumentó 158,9% y la de la Centolla 129,05 por ciento.

La industria pesquera tiene un papel estratégico en la economía regional, en especial en provincias como Buenos Aires (básicamente, por el gran peso del puerto y las empresas pesqueras de Mar del Plata), Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, dicen las cámaras pesqueros. Productos como langostinos, calamar y merluza representan el 80% de las exportaciones del sector, que importa (básicamente, algunos insumos) por poco más del del 10% del valor que exporta.

Sector en crisis

Según las estadísticas difundidas por el Indec, en 2024 la industria pesquera logró una facturación de USD 1.691 millones en 2024 por los envíos al exterior de pescados y mariscos sin elaborar, lo que dejó como resultado una mejora del 13,9% en relación al 2023. A eso se suman otros USD 290 millones de los pescados y mariscos elaborados (8,3% de repunte).

Sin embargo, Boiero aclaró que el presente de los exportadores es muy complicado. Más allá de la mejora en términos de facturación, en los últimos meses -dijo- cayeron mucho los precios internacionales y subieron mucho los costos en dólares. “Los costos aumentaron mucho más de lo que se devaluó. Si a eso le sumamos las retenciones y el aumento de las DUE, se entiende por qué hablamos de un cóctel negativo que nos lleva a no tener rentabilidad”, sostuvo.

Los representantes de las cámaras destacaron que los altos costos operativos y las alícuotas impositivas están afectando tanto la rentabilidad de las empresas como su capacidad para mantener estándares de sostenibilidad.

El pedido del sector pesquero se suma al de otras industrias que buscan un tratamiento impositivo equitativo frente a las recientes medidas tomadas para el campo. CAPeCA y CAPIP enfatizaron que la exclusión de la pesca del régimen de beneficios puede generar un impacto negativo en la economía regional y en la sostenibilidad de sus operaciones.