La Unión Industrial Argentina (UIA) defendió la relevancia de las medidas antidumping para proteger al entramado productivo local de la competencia desleal, y celebró que el Gobierno haya determinado plazos más cortos para la vigencia de procesos de este tipo.
Además, la UIA aseguró que este tipo de medidas no son las que explican las diferencias entre precios locales y de productos similares en el exterior, una idea que había dejado entrever el equipo económico, sino que esa brecha está explicada por “la combinación de estrategias comerciales desleales de algunos países y la alta carga impositiva local, falta de infraestructura, falta de financiamiento, costo de la energía y una historia de inestabilidad macroeconómica”.
La medida dada a conocer por el Ministerio de Economía la semana pasada prevé reducir los plazos de duración de futuras medidas antidumping, que pasan de una vigencia máxima de 5 años con renovaciones ilimitadas a una de 3, con una única posibilidad de extensión por 2 años más. A modo de ejemplo, Luis Caputo contó que las bicicletas cuentan con medidas antidumping desde hace más de 20 años, lo que encarece su precio.
Desde la UIA ejemplificaron esta problemática a través de una pyme local que enfrenta múltiples obstáculos: altas tasas municipales, impuestos en cascada en su cadena productiva, costos logísticos tres veces superiores a los de otros países, y limitaciones de financiamiento. “¿Cómo podría competir esta empresa con economías donde la materia prima está subsidiada y prácticamente no existen regulaciones laborales?”, cuestionaron.
En este marco, se resaltó que actualmente Argentina tiene 94 medidas antidumping vigentes, de las cuales más de la mitad (50) están dirigidas a productos chinos, señalados por vender a precios inferiores al costo de producción y a los aplicados en sus propios mercados.
La UIA también subrayó que incluso las economías desarrolladas, con infraestructura de primer nivel, acceso a financiamiento y estabilidad macroeconómica, implementan de forma activa herramientas de defensa comercial para proteger su producción local. Según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Estados Unidos lidera con el 21% de las medidas antidumping globales, seguido por India (14%), mientras que la Argentina ocupa el sexto lugar, detrás de Brasil, Turquía y China.
En cuanto a los procedimientos locales, la UIA enfatizó la complejidad que enfrentan las ramas productivas para iniciar procesos antidumping, que incluyen demostrar daño, reunir pruebas y superar largos plazos administrativos. La reducción de los tiempos de resolución a un máximo de ocho meses, junto con la eliminación de etapas obligatorias como la de asesoramiento y la centralización del procedimiento en la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), fue bien recibida por la entidad.
No obstante, la UIA señaló que aguardará la reglamentación definitiva de estas modificaciones para evaluar su efectividad. La organización instó a garantizar que las nuevas medidas sean accesibles para las pymes industriales, particularmente en un contexto internacional cada vez más complejo y desafiante, con grandes retos pendientes en términos de competitividad.
Qué dispuso el Gobierno
El decreto 33/2025 que lleva la firma de Javier Milei, el jefe de gabinete, Guillermo Francos y el propio ministro de Economía, tiene 138 artículos que desarrolló el equipo económico en busca de evitar los abusos y las prórrogas eternas de medidas establecidas en algún momento para frenar el ingreso al país de determinados bienes a precios viles.
“Los derechos antidumping son instrumentos que se utilizan cuando el precio de un producto importado se vende por debajo del valor de mercado del país de origen, generando una competencia desleal con los productos locales. En Argentina, estas medidas funcionan en muchos casos como un derecho adquirido, lo que evita la competencia y encarece productos para los consumidores e insumos para la industria”, agregó Caputo.
“Productos como planchas eléctricas y calefactores que tienen precios mucho más altos que en otros países: las planchas cuestan más de $100.000, mientras que en Europa valen menos de la mitad; los calefactores superan los $30.000, mientras que en Brasil rondan los $27.000″, subrayó el ministro.
Para corregir esto, se determinó que las investigaciones previas a la aplicación de medidas antidumping, que antes podían extenderse hasta 12 meses, tendrán un plazo máximo de 8 meses. Además, la duración de las medidas será de 3 años, con una única posibilidad de extensión por 2 años más, y reemplaza el sistema anterior de renovaciones ilimitadas.
Los trámites también se simplifican: en lugar de presentar la documentación en dos dependencias distintas, ahora se gestionará todo en la Comisión Nacional de Comercio Exterior.
En la misma línea, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía participarán en los análisis de casos para garantizar que las decisiones consideren tanto el interés público como el de los consumidores.
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