El Gobierno anunciará que cerró 2024 con superávit y buscará conseguir margen fiscal para bajar impuestos este año

El Ministerio de Economía anunciará este viernes cuál fue el resultado fiscal completo del 2024, que reflejará un fuerte ajuste ejecutado por el Gobierno para conseguir equilibrio en las cuentas públicas en su primer año de mandato. Las proyecciones iniciales hablan de un superávit primario de 1,9% del PBI y uno financiero, al incorporar el pago de intereses de deuda, de 0,3% del Producto.

Se trataría, así, el resultado fiscal más favorable desde 2008 y el primero con superávit financiero desde 2010, cuando había sido de 0,2% del PBI. A diferencia esos dos años, en este caso el sector público nacional partía desde la base de un marcado déficit en el Tesoro, equivalente a 4,4% del Producto, de acuerdo a las estimaciones que hizo un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

“El compromiso con el ancla fiscal fue tal que incluso se sobrecumplió la meta de ‘equilibrio fiscal’. En los primeros once meses de 2024, se obtuvo un superávit primario de 2,1% del PBI y uno financiero de 0,6 por ciento”, midió en base a datos oficiales PPI. Así, mencionaron, los números del último mes del año que la Secretaría de Hacienda dará a conocer este viernes implicarían “un diciembre muy favorable considerando la estacionalidad del gasto (déficit primario de 0,2% frente a 0,8% promedio en la gestión Fernández). Así, se habría alcanzado el mayor superávit primario y financiero desde 2008″, remarcó PPI.

Por su parte, la consultora LCG calculó que con el resultado positivo en las cuentas públicas acumulado hasta noviembre “descontamos que el Gobierno terminará mostrando cuentas superavitarias aun cuando diciembre cierre en rojo”. “Hay que recordar que, en el último mes del año la estacionalidad del gasto suele jugar en contra (pago de aguinaldos, saldo remanente de AUH, y devengamiento de atrasado en meses previos -básicamente energía)”, indicó LCG, pero que aún incorporando esa cuenta, el superávit primario sería de 1,8% del PBI y el financiero, de 0,2%, algo menor al esperado en una primera instancia por el Palacio de Hacienda.

Para conseguir el equilibrio en las cuentas públicas en el primer año de mandato, el Gobierno precisó combinar un muy fuerte ajuste en el gasto público y un aumento en la recaudación a través de subas de algunos impuestos como el PAIS. Los datos preliminares dan cuenta de que el Gobierno redujo el gasto total en aproximadamente 26% durante el primer año de gestión, principalmente en jubilaciones y pensiones, subsidios económicos, transferencias a provincias e inversión en obra pública.

El ajuste fiscal implementado apuntó a reducir de manera inmediata ciertas partidas del gasto público con el objetivo de obtener indicadores superavitarios desde los primeros meses de gestión. El equipo económico buscó así mostrarle al mercado que el Estado nacional no necesitaría financiamiento adicional, ya sea a través de asistencia monetaria del BCRA o de endeudamiento neto y como señal de solvencia hacia los tenedores de deuda pública.

Los datos de gasto devengado -que incluyen erogaciones comprometidas, pero no necesariamente pagadas- recopilados por consultoras privadas señalan que en 2024 el ajuste del gasto primario fue de 27%, mientras que el gasto total, incluyendo capital, se redujo en 26% durante el año.

Según datos preliminares de Analytica, el recorte de 27% en el gasto primario incluyó una disminución del 14% en la partida de jubilaciones y pensiones, el mayor componente del presupuesto. Este ajuste se concentró en los primeros meses del año y se estabilizó tras la implementación de una fórmula mensual de actualización por inflación. La obra pública se desplomó 76%, las transferencias a provincias tuvieron un derrumbe de casi 70 por ciento, seguido por otros Programas sociales (-41%), subsidios económicos (-37%), gasto en personal (20 por ciento), midió Analytica.

El economista Nadin Argañaraz calculó la disminución del gasto público en relación al PBI. Según su análisis, el gasto devengado pasó de representar 19,9% del PBI en 2023 a 15,7% en 2024, lo que equivale a una caída de 4,2 puntos porcentuales del PBI entre ambos años.

La persistencia de la presión tributaria despierta reclamos de distintos sectores, como el agro y la industria. Desde el sector agropecuario persisten los reclamos para reducir las retenciones en un contexto de márgenes ajustados por los altos costos en dólares y los bajos precios internacionales de las materias primas. El Gobierno identificó en varias oportunidades los derechos de exportación como un tributo prioritario para una eventual reducción, junto con el impuesto a los débitos y créditos (impuesto al cheque).

Para avanzar en una disminución significativa de los impuestos, el Ejecutivo estima que sería necesario un incremento en la recaudación tributaria equivalente a más de un punto del PBI en 2025, alineado con un repunte de la actividad económica.

Una proyección del Ministerio de Economía sugiere que un crecimiento del PBI de 5% en 2025 podría generar una recaudación adicional de hasta 1,2 puntos del PBI. Sin embargo, el consenso del mercado reflejado en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipa una expansión superior al 4 por ciento. Este margen fiscal podría permitir reducciones impositivas, aunque el equipo económico aún no ha definido una estrategia concreta.

En declaraciones recientes, Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, señalaron que los derechos de exportación serían el primer tributo a revisar, junto con el impuesto al cheque. Todavía no fue determinada una hoja de ruta específica ni el alcance de cualquier recorte o baja de impuestos.