Caputo impedirá cortes de gas a quienes no paguen tasas municipales y provinciales incluidas en las facturas

El Gobierno sumará un nuevo capítulo en la cruzada contra el cobro de tasas municipales y/o provinciales en las facturas de los servicios públicos. Ahora buscará que las distribuidoras no puedan cortar el suministro a los usuarios del gas natural que decidan no pagar conceptos ajenos al servicio.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó este martes a audiencia pública para el 6 de febrero en la que buscará dar inicio al proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) con las distribuidoras y transportistas. Lo hizo a través de la Resolución 16/2025, que lleva la firma del su interventor Carlos Casares.

De la RQT surgirán las nuevas tarifas para el período 2025-2029, por lo que habrá aumentos nominales en las facturas de los usuarios además de un mecanismo de actualización “periódico” por inflación y/o devaluación. Se les garantizará a las empresas un sendero previsible de ingresos en los próximos cinco años a cambio de planes de inversión y estándares de calidad en la prestación.

El Enargas también buscará cambiar el reglamento del servicio para que las firmas de distribución no puedan cortar el suministro a los usuarios que decidan no pagar conceptos ajenos al servicio. Esa medida se da en el marco de la cruzada del ministro de Economía, Luis Caputo, contra el cobro de tasas municipales y/o provinciales en las boletas.

“Vamos a tener que cambiar el reglamento del servicio para que las distribuidoras no puedan proceder al corte del suministro si el usuario decide no pagar conceptos ajenos a la prestación del servicio. Es el caso de las tasas municipales y/o provinciales donde la distribuidora no es el sujeto pasivo sino simplemente agente de recaudación.”, explicaron desde un despacho oficial ante la consulta de Infobae. Por el momento no está previsto hacer lo mismo en el caso de las tarifas de electricidad.

La decisión se ampara en la Ley 24.076, la Resolución de la Secretaría de Comercio 267/24, la Resolución de Enargas y la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, normas que prohíben incorporar tasas e impuestos en las boletas de los servicios públicos.

Recientemente Caputo volvió a la carga contra los intendentes que cobran tasas en las facturas de servicios públicos e instó a los gobernadores a tomar medidas para evitar esa práctica a través de una nota enviada a las 23 provincias. El ministro de Economía afirmó que esos cargos incluidos en las boletas impiden una reducción más rápida de la inflación.

“El ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria aplicada por municipios, perjudica a los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión tributaria. A su vez, estos afectan los costos de los bienes y servicios, e impiden una mayor reducción de la tasa de inflación nacional, perjudicando al ciudadano y a las diferentes jurisdicciones”, señaló el Ministerio de Economía a través de un comunicado.

“La nota enviada también hace hincapié en que Ley de Coparticipación, a la cual adhirieron todas las provincias, obliga a estos distritos y sus municipios a no gravar por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos”, continuó el Palacio de Hacienda.

La audiencia pública convocada por el Enargas se celebrará el 6 de febrero de manera virtual desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); se iniciará a las 9 y la participación de los interesados será exclusivamente de manera telemática.

La instrucción de Caputo a la secretaria de Energía, María Tettamanti, es que el aumento en las remuneraciones que otorguen a las transportistas y distribuidoras deberán implicar subas por debajo del 10% para los usuarios finales en todo el año, incremento que además podría ser fraccionado en cuotas mensuales para aliviar el impacto de los consumidores.

Las tarifas finales que pagan los usuarios tienen cuatro componentes: el costo de la energía, el transporte, la distribución y, sobre eso, los impuestos (nacionales, provinciales y municipales). Los subsidios del Estado se aplican únicamente al costo de la energía, mientras que el transporte y la distribución no están subsidiados. Cada hogar percibe o no descuentos en ese ítem según su categoría dentro de la segmentación de subsidios: ingresos altos (N1), ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3).

El Gobierno apuesta a profundizar la desaceleración de la inflación durante 2025, de cara a las elecciones legislativas. Por ello, durante el verano se habilitarán aumentos en las tarifas de electricidad y gas natural en línea con la pauta oficial de variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

Guillermo Michel, ex titular de Aduana durante la gestión de Sergio Massa en Economía, apuntó: “Si al Gobierno Nacional tanto le preocupa la carga impositiva en la tarifa de gas podría empezar por revisar, además del IVA y demás tributos federales, el costo producto del Recargo al Gas Natural normado en el artículo 75 de la ley 25.565 (y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031 por ley 27.637) que tiene como destino específico el “Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales”.

“El recargo es de hasta un 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada m³ de 9300 kilocalorías, que ingrese al sistema de ductos en el Territorio Nacional.Hoy el recargo está fijado en un 5,44%  por la Resolución N° 487/2021 del Ministerio de Economía y en todo el 2024 se recaudaron cerca de $300.000 millones”, precisó Michel en un posteo publicado en su cuenta de X.

“Claramente si el Ministerio de Economía busca un alivio fiscal en la tarifa de gas podría empezar por hacer lo que puede por una simple Resolución: LLEVAR EL RECARGO AL 0% (además de dejar de subsidiar sectores a través de un fondo fiduciario, fondos tan criticados por este Gobierno)”, concluyó.