La justicia realizó allanamientos en 13 locales gastronómicos de un grupo empresario dedicado a la elaboración y venta de comidas rápidas en las localidades de Pilar y San Martín, Provincia de Buenos Aires. La intervención estuvo motivada por una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) relacionada con posibles irregularidades laborales y evasión previsional.
En el operativo, llevado a cabo por el área de Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina, se encontraron 257 trabajadores en situación de informalidad laboral. Muchos de ellos declararon estar trabajando “en negro” durante años. Según las autoridades, el esquema utilizado por la empresa consistía en simular la concesión de franquicias a empleados para ocultar la relación laboral y encubrir a los responsables directos de la cadena.
Además de las irregularidades laborales, en el domicilio que funciona como sede administrativa del grupo se hallaron tres cajas fuertes. Una vez abiertas, se incautaron 400 millones de pesos, 13.000 dólares, documentos contables y armas de diferentes calibres, lo que añadió nuevas dimensiones al caso investigado por el Juzgado Penal Económico N° 4, a cargo del juez Alejandro Catania.
Métodos para evadir controles
El mecanismo identificado por la DGI como parte del esquema delictivo se basó en la creación de supuestas franquicias. Las autoridades detectaron que personas que en realidad eran empleados de la cadena figuraban como franquiciados para eludir la obligación de registrar la relación laboral formalmente.
Durante los allanamientos, los equipos policiales y especialistas revisaron documentos y computadoras, realizando copias de información clave. Entre las pruebas recogidas, las autoridades mencionaron planillas de horarios, registros de haberes y turnos, libros societarios y contables, además de facturas de compra y venta.
El operativo no se limitó a relevar el estado del personal presente en los locales, sino que también buscó consolidar pruebas que permitan sustentar las acusaciones contra los responsables del grupo empresario. En este contexto, la incautación de documentos societarios y contables cobra particular relevancia para determinar el alcance de las maniobras.
Dinero en efectivo y armas
Uno de los puntos destacados del procedimiento fue el hallazgo de una suma millonaria en efectivo. En una de las cajas fuertes, los investigadores encontraron 400 millones de pesos y 13.000 dólares, junto con armas de diversos calibres. Este descubrimiento plantea interrogantes sobre el origen y el destino de esos fondos, así como sobre posibles vinculaciones con otras actividades ilícitas.
Según fuentes cercanas a la causa, las armas incautadas se encontraban en buen estado de conservación y podrían incluirse como evidencia para evaluar si las mismas se relacionan con delitos adicionales, más allá de las irregularidades fiscales y laborales.
El personal relevado durante los procedimientos declaró estar trabajando sin estar registrado formalmente, situación que afecta su acceso a derechos laborales básicos. Los especialistas de la DGI, en conjunto con el equipo técnico de la Policía Federal, participaron en el análisis de las computadoras de los locales, copiando información que podría resultar clave para la causa.
El grupo empresarial investigado no solo enfrenta acusaciones por evasión previsional y laboral, sino también por el posible ocultamiento de ingresos que derivó en el secuestro de importante documentación fiscal y financiera. Las facturas y los registros secuestrados serán objeto de un análisis detallado por parte de los peritos judiciales.
El Juzgado Penal Económico N° 4 actuó a partir de una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva. Tras evaluar los elementos proporcionados, el juez Alejandro Catania ordenó los allanamientos en 13 locales, ubicados en Pilar y San Martín. Estos procedimientos forman parte de una investigación más amplia, cuyo objetivo es desmantelar posibles esquemas de evasión fiscal y otras actividades ilícitas relacionadas.
Los especialistas que participaron en los operativos destacaron la complejidad del sistema utilizado por el grupo empresario. Las supuestas concesiones de franquicias no solo buscaban evadir controles laborales, sino también diluir responsabilidades en términos fiscales y societarios.
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