Presupuesto: el equipo económico espera cerrar este año sin déficit y se aferra a la regla fiscal para no negociar más gasto

En la recta final del período de sesiones ordinarias, el Gobierno no logró la aprobación del proyecto de Presupuesto 2025 en el Congreso, en medio de intensas negociaciones con la oposición y los gobernadores.

Estas discusiones obstaculizaron el avance del trámite, al punto de que José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, dispuso la suspensión de la reunión de la última semana, en la que se planeaba firmar el dictamen. El oficialismo admitió que aún no hay consenso, aunque aseguró que continuará negociando. Esto alimentó en los bloques no oficialistas la sospecha de que el Poder Ejecutivo podría optar nuevamente por prorrogar el presupuesto del ejercicio actual.

La sanción de esta ley es generalmente vista como un mensaje positivo hacia los mercados y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

La Libertad Avanza (LLA) y los bloques opositores centraron sus reclamos en mayores fondos para provincias y financiamiento de obras públicas, una de las partidas más afectadas por la “motosierra” del gasto público en lo que va del año, y de financiamiento para obras públicas. Las negociaciones quedaron en un callejón sin salida y como explicó Infobae, no se descarta que el debate se postergue a sesiones extraordinarias en diciembre.

El ministro de Economía Luis Caputo tiene al secretario de Hacienda Carlos Guberman, como su representante permanente en el Congreso para gestionar las demandas de fondos que recibe el oficialismo. Aunque en los despachos oficiales evitan referirse a una segunda prórroga presupuestaria -que implicaría utilizar los supuestos del presupuesto 2023, desvirtuando cualquier proyección actual, en la oposición creen que esa es la alternativa que evalúa el Ejecutivo.

A diferencia de otros años, el Presupuesto 2025 fue diseñado con márgenes de maniobra reducidos debido a la regla fiscal.

El equipo económico definió primero un escenario de equilibrio en las finanzas públicas después del pago de intereses de la deuda. Sobre esa base, identificó las partidas con ajuste automático -principalmente jubilaciones y pensiones- y distribuyó los restantes gastos dentro de los límites de ingresos previstos para el año.

En cifras, los recursos totales proyectados representan 15,1% del PBI, con 0,3% adicional del resto del sector público. Del total, se asignaron 6,3% del PBI a jubilaciones, 2,6% a asistencia social, 1,8% a salarios públicos, 0,8% a subsidios, 0,6% a gastos de capital, 0,5% a universidades y 1,2% a otras partidas. Asimismo, 1,5% se destina al pago de intereses de la deuda, logrando así un balance equilibrado.

Entre las novedades, se incluyen “acompañamiento social sin intermediaciones”, refuerzo en seguridad y defensa, y una desregulación normativa estatal. Esto incluye la privatización de empresas públicas, la eliminación de fondos fiduciarios y la reducción de 50 programas presupuestarios.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) analizó el impacto de la nueva regla fiscal y concluyó que, aunque no establece un mecanismo taxativo de cumplimiento, prevé ajustes automáticos en partidas como jubilaciones, pensiones e intereses de deuda si ocurren desviaciones macroeconómicas.

Según el informe de la OPC, 78,1% de las partidas quedarían “intocables” bajo esta regla, dejando solo 21,9% del presupuesto sujeto a ajustes, entre ellos programas sociales, bienes y servicios, subsidios y transferencias a provincias.

Equilibrio de las cuentas como prioridad

Entre las partidas que podrían estar sujetas a reajuste se cuentan “Otros Programas sociales” ($7,4 billones), Bienes y Servicios ($4 billones), Transferencias a Provincias ($2,8 billones), Reserva de Seguridad Social ($2,8 billones), Gastos de capital sin transferencias al resto del sector público nacional ($2,5 billones); Subsidios energía eléctrica ($2,3 billones), entre otros.

Un análisis del proyecto por parte de la Fundación Mediterránea destacó la importancia de “darle continuidad al equilibrio fiscal, es imprescindible para terminar de estabilizar los precios y recuperar capacidad de crecimiento. Esta es la principal definición y aporte del proyecto”, aseguraron desde ese centro de estudios con sede en la provincia de Córdoba.

“Para lograrlo se contempla una amplia y heterogénea batería de disposiciones. Varias son perfectibles y se podrían mejorar sin sacrificar la meta del equilibrio fiscal. Pero además de cambios puntuales en algunas de las disposiciones que integran el proyecto, sería deseable que la Ley de Presupuesto incluya definiciones más precisas de cara al objetivo de acelerar los avances en la mejora en la calidad del gasto, el ordenamiento del sistema tributario y la coparticipación federal y la reforma del sistema previsional”, concluyeron desde la entidad que preside el exdirector general de Anses, Osvaldo Giordano.

Impacto político y financiero

El interés por tener un presupuesto aprobado por el Congreso no es solamente un elemento de gestión política y económica interna sino también un mensaje de gobernanza hacia el exterior.

Tener un proyecto de ingresos y gastos sancionado por el parlamento suele ser un pedido del Fondo Monetario Internacional, ya sea como prior actions (acciones previas a la habilitación de un desembolso) o como medida estructural que le dé fuerza a un programa económico.

La definición del Presupuesto 2025 en ambas cámaras legislativas, será crucial para un nuevo acuerdo con FMI. Se trata de el camino hacia un acuerdo nuevo que pueda otorgar financiamiento adicional de divisas y que allane el terreno para la eliminación de los controles cambiarios que restan para una libre circulación de monedas, sin tipos de cambios regulados ni intervenidos parcialmente.