Revisiones, metas y USD 1.000 millones en la mira: cómo sigue la negociación con el FMI tras la reunión con Georgieva

La foto entre el presidente Javier Milei y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva llegó días después de que el Gobierno decidiera avanzar con mayor decisión hacia un acuerdo nuevo con el organismo que pueda acelerar la recomposición de reservas en el Banco Central, en un contexto en que el clima financiero favorable comprimió la brecha cambiaria a apenas 5%, y que para analistas del mercado implica un escenario propicio para una unificación de los tipos de cambio. Según pudo saber Infobae, durante la reunión en Brasil no tuvo lugar aún el punto de partida formal de las nuevas negociaciones sino que ese puntapié tendrá lugar más adelante.

Georgieva fue la única participante del encuentro, en el mediodía de ayer en Río de Janeiro, que dio un mensaje público en el que dijo que entre las dos partes “hicimos un balance de los impresionantes avances logrados en la estabilización de la economía y su fortalecimiento en el mercado” y que “estamos dispuestos a apoyar a la Argentina y a su pueblo para seguir avanzando sobre la base de estos logros”.

Forma parte del registro habitual de este tipo de reuniones que mezclan gestos protocolares con definiciones de trazo grueso sobre lo que viene. El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el apoyo, tras el encuentro del que también participaron otros integrantes del equipo económico. En Río de Janeiro estuvieron además el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La Casa Rosada decidió iniciar conversaciones formales con el Fondo Monetario, mientras en una vía alternativa sostiene negociaciones con un grupo de bancos internacionales para un préstamo directo al Banco Central por USD 3.000 millones. En las próximas semanas, el diálogo deberá tomar un carácter más formal en busca de un acuerdo que contemple financiamiento adicional. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero podría influir en estas negociaciones.

Milei afirmó que una administración republicana en Estados Unidos podría apoyar a Argentina en el proceso negociador. Por su parte, Caputo señaló que el FMI tiene un proceso burocrático que debe seguirse. Washington, que posee el 16% de participación en el directorio del FMI –lo que le da un poder de “veto” al tener la posibilidad de bloquear decisiones que requieran el 85% del apoyo del board–, podría facilitar un acuerdo o flexibilizar las condiciones hacia el gobierno de La Libertad Avanza.

Los pasos que siguen en el acuerdo

La Argentina planea utilizar como argumento el cumplimiento de la mayoría de las metas del programa vigente, excepto la acumulación de reservas de septiembre. Hay dos revisiones todavía pendientes de concreción entre Buenos Aires y Washington. Se trata de los dos últimos exámenes trimestrales del programa Extended Fund Facility (EFF), implementado para refinanciar los vencimientos del acuerdo Stand-By de 2018 y que comenzó en marzo de 2022.

La novena evaluación incluye las metas de acumulación de reservas y superávit fiscal de junio, que el Gobierno asegura haber alcanzado. A fin de junio, el sector público había alcanzado un superávit primario, antes del pago de intereses de deuda –que es el número que toma en consideración el FMI– de $6,9 billones. La meta para esa fecha de corte era de $4,6 billones. El excedente primario terminó por ser de $7,8 billones a esa altura del año, por lo que quedó muy por encima del umbral mínimo. En términos de reservas también hubo sobrecumplimiento.

La décima revisión abarca las metas de fines de septiembre. En este caso, mientras el objetivo de superávit primario mínimo también fue alcanzado con amplio margen (9,5 billones de pesos contra 7,6 billones estipulado en el acuerdo), las reservas del Banco Central habrían quedado unos USD 2.000 millones por debajo de lo exigido.

De esa forma, el Gobierno requeriría un waiver de incumplimiento, que sería el primero solicitado por esta razón en lo que va del año. Hubo otras solicitudes de dispensas, pero por razones como la permanencia de tipos de cambio diferenciales, algo que el Fondo Monetario no acepta como una práctica de política económica. En el mercado creen que esa particularidad no afectará el rumbo de las negociaciones.

La opción que cobró fuerza en los últimos meses fue la de unificar directamente las dos revisiones y pasar en limpio los números con los técnicos del FMI de junio y de septiembre y cuando eso esté terminado, conseguir el visto bueno para el último desembolso pendiente del programa EFF, que suma algo más de USD 1.000 millones. El Gobierno ya tuvo que pagar las últimas cuotas de intereses del año sin tener envíos desde el FMI como contrapartida y desde febrero volverá a girar divisas a Washington en concepto de interés, que tendrá un recorte por la última decisión de sobretasas que oficializó el directorio.

El nuevo acuerdo al que apunta el Gobierno tiene todavía un contorno poco definido. Por empezar, los tiempos: la nueva administración republicana de Donald Trump llegará a la Casa Blanca el 20 de enero. Si las conversaciones se iniciaran de manera formal en ese momento, el proceso burocrático habitual de este tipo de negociaciones podría estirar el trámite hasta bien entrada la primera mitad del año. “Va a llevar unos meses”, anticipó Caputo hace algunos días, incluso más allá de un eventual “favor” del gobierno norteamericano ante el Fondo Monetario. Todavía no se conoce un nombre clave en el gabinete republicano: quién será el secretario del Tesoro.

En definitiva, con el calendario actual vigente, entre 2026 y 2032, Argentina deberá devolver los USD 45.000 millones todavía pendientes. Una opción podría ser que el Gobierno vuelva a renegociar los tiempos en que debe repagar todo ese capital, o bien la opción más conveniente para la Casa Rosada que sería contar con una inyección de divisas tal que permita operar una salida “de shock” del cepo cambiario, que es el requisito con más peso entre todas las condiciones macroeconómicas para eliminar las restricciones de capitales.