El Gobierno de Javier Milei tiene decidido avanzar en la privatización de las empresas públicas en 2025 o lo más rápido que sea posible. Es el caso de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), compañía que aprobó recientemente un plan de incorporación de capital privado para que el Estado argentino pueda desprenderse, al menos en una primera instancia, de una parte de su participación.
Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que se encuentran bajo análisis dos alternativas para ese objetivo, que pueden darse en conjunto o por separado.
La primera de ellas contempla vender las acciones de AySA a través de un proceso abierto de licitación por etapas. El Estado controla el 90% de la compañía y el 10% restante pertenece a los empleados. El privado que se haga de la mayor parte de la participación podría pasar a ser el nuevo controlante.
La segunda alternativa es acelerar un proceso de licitación pública en la Bolsa para poner a la venta un determinado porcentaje de las acciones, aún sin definir, pero que permita al comprador quedarse con el control de la empresa estatal.
“Según el contexto y como vaya avanzando, primará una sobre otra, pero por ahora están las dos alternativas”, explicó una fuente. La decisión final surgirá del trabajo del presidente de AySA, Alejo Maxit, y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, que será plasmado en un nuevo Marco Regulatorio y Contrato de Concesión para 2025.
A lo largo de este año la empresa puso como prioridad el ordenamiento de sus operaciones para eliminar el déficit operativo y dejar de recibir transferencias del Tesoro Nacional. Esa es la clave para hacerla atractiva para cualquier privado que quiera hacerse del control de la compañía.
El último informe de “ejecución presupuestaria de las empresas públicas” que realiza el Ministerio de Economía arrojó que hasta el primer semestre AySA finalizó con un rojo de $70.703,5 millones. Fue la quinta con mayor déficit detrás de Enarsa, Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos y el Correo Argentino.
En la firma resaltaron que desde ese momento se observó una reversión en ese saldo que dejó hasta septiembre un superávit operativo de $31.000 millones. Eso implicó una reducción del déficit operativo del 112% interanual, equivalente a $309.000 millones. Esperan finalizar 2024 con un resultado positivo de $96.000 millones. La prestadora del servicio de agua y cloacas en el AMBA recibió en 2023 giros del Tesoro por $285.016 millones.
“El ajuste tarifario y el plan de regularización de deudas permitió lograr un break-even operativo, contribuyendo a incrementar los ingresos netos en un 78%”, señalaron. En efecto, las boletas del servicio de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires tuvo un aumento cercano al 300% acumulado en lo que va del año, producto de la aplicación del índice de actualización mensual en base a inflación y salarios.
En paralelo, AySA tuvo un proceso de reducción de su planta de empleados. El último informe de dotación de personal que confecciona el Indec muestra que pasó de tener 7.790 empleados al inicio del año a 6.450 en septiembre. Se estima que unas 1.200 bajas tuvieron que ver con el plan de retiros voluntarios que abrió la compañía, con un costo cercano a los $45.000 millones según datos que manejan en despachos oficiales.
Esta solo es una es una de las compañías que quedaron sujetas a privatización en el Artículo 7 de la Ley de Bases junto a Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima (SA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales SA.
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