El ajuste de Milei goza de un apoyo con límites: 3 de cada 4 argentinos rechaza los recortes en ciencia y tecnología, educación, salud y cultura

El ajuste del gasto público llevado a cabo por el Gobierno de Javier Milei está encontrando límites a nivel social en determinadas áreas. Si bien hay un amplio consenso en reducir las erogaciones en política, planes sociales y empleo público, 3 de cada 4 argentinos rechaza el recorte en educación, salud, cultura, ciencia y tecnología.

Según una encuesta nacional del observatorio Pulsar UBA, el 91% está en desacuerdo con bajar el gasto en educación y en salud, el 85% con reducirlo en ciencia y tecnología y el 72%, en cultura.

Cabe destacar que la inversión en ciencia y tecnología disminuyó un 30,4% real, lo que implica un presupuesto solo comparable con los otorgados en 1976 y 2002. Lo destinado a este área pasó de representar el 0,302% del PBI en 2023 a 0,208% este año. Hay organismos que sufrieron recortes de más del 90%, como es el caso de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y las universidades nacionales, de acuerdo a datos publicados por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Además, según el análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en relación a la dinámica real acumulada interanual en los primeros siete meses de 2024 de la ejecución presupuestaria, hubo fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-45%), ANMAT (-17%), hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-8%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-13%).

Donde sí hay mayores consensos para ajustar es en los planes sociales (60%, aunque con un marcado descenso respecto al 72% de 2023), el empleo público (66%) y a la política (88%).

En tanto, el estudio señaló que hay más debate en torno a la quita subsidios a las tarifas de servicios públicos. El 55% de los argentinos está “poco” y “nada de acuerdo” con reducir el gasto en este área, frente al 44% que lo apoya. Sin embargo, en el AMBA, el rechazo es más fuerte (59%) comparado con el resto del país (52%).

Por caso, en los primeros 7 meses del año los subsidios a los servicios públicos cayeron 40% en términos reales y a pesar de la postergación para evitar una aceleración de la inflación, el Ejecutivo planea continuar reduciéndolos. En los hogares del área metropolitana se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 43% de los costos, mientras que el Estado se hace cargo del 57% restante. Gustavo Lopetegui, el ex secretario de Energía de la gestión de Mauricio Macri, estimó que la demanda —tanto la de los hogares como la industrial— terminará pagando a fin de año el 81% del costo de la electricidad y el 82% del gas natural.

En general, aunque la mayoría de la población (64%) sostiene que el Estado gasta demasiado, esta percepción disminuyó fuertemente respecto al año pasado (80%).

Por otro lado, la UBA precisó que hubo un cambio significativo en las tendencias sociales preexistentes, mostrando un giro hacia el “privatismo”. Actualmente, el 54% de los encuestados cree que es mejor para el país que las empresas privadas generen la mayor parte del empleo, en comparación con el 38% que prefiere que sea el Estado y las empresas públicas. A su vez, un 50% de los encuestados confía más en las empresas privadas que en las públicas (38%), lo que sugiere un contraste con las creencias del ciclo 2001-2020.

“Los resultados señalan un cambio significativo en las tendencias sociales. Una renovada centralidad de lo privado y cierta retracción del Estado encuentran un respaldo mayoritario. Sin embargo, esta tendencia no es uniforme ni absoluta, dado que persiste un fuerte rechazo a recortes en sectores esenciales como salud y educación, así como una demanda de mayor control estatal sobre los servicios públicos privatizados”, concluyó el estudio.