Después de la tensión con el Gobierno por las idas y vueltas con los precios de las prepagas, la Unión Argentina de Salud emitió un comunicado –al que pudo acceder Infobae antes de que se hiciera público– asegurando que más de 5.000 centros de salud están al borde de la quiebra.
Es la primera vez que la entidad emite un comunicado oficial luego de esa crisis que le costó la presidencia a Claudio Belecopitt, el dueño de Swiss Medical, quien fue reemplazado por Hugo Magonza, gerente general de Cemic. Magonza le dijo a este medio a fines de mayo que a pesar de que iban a acatar el acuerdo judicial con el Gobierno –que las acuso de haberle declarado la guerra a la clase media–, “las prepagas no deberían devolver nada, no corresponde”.
Desde la UAS destacaron que las principales cámaras que agrupan al sector prestacional del sistema de salud privado de la Argentina y el gremio de la Sanidad firmaron una recomposición de los salarios del 10%, 9% y otro 9% para los meses de mayo, junio y julio, respectivamente.
“Este acuerdo del orden del 28,8% se suscribió muy a pesar de la situación de quebranto que muchos prestadores del sistema están atravesando, pero entendiendo –por sobre todas las cosas– las necesidades innegables que enfrentan los trabajadores de la salud, afectados por la licuación de sus salarios, los aumentos de precios de la canasta básica y la consecuente pérdida del poder adquisitivo”, explicó la entidad que hace un esfuerzo en recordar que no sólo nuclea a las empresas de medicina prepaga, sino a todo el sistema de salud privado del país en el que deben incluirse sanatorios, clínicas, hospitales de comunidad, institutos de diagnóstico, entidades con y sin fines de lucro, etc.
“El conjunto del sistema (prestadores y financiadores) está atravesando, desde hace décadas, un dramático desfinanciamiento, como consecuencia de las medidas y regulaciones que los sucesivos gobiernos han tomado y que, lejos de mejorarlo, lo ha ido sumergiendo en una crisis sin precedentes que lo acerca día a día a un escenario de no sustentabilidad”, aseguró UAS.
“El sector prestacional, particularmente, no tiene ya márgenes para enfrentar ni siquiera el corto plazo. Más de 5000 establecimientos de salud podrán ser plausibles de ejecuciones por parte de la AFIP –a partir del mes de agosto– como consecuencia de deudas previsionales e impositivas. Aunque parezca increíble, y aún cuando fue repetido incansablemente, hay instituciones de CABA, Provincia de Buenos Aires y de la totalidad del interior del país que en muy poco tiempo no podrán honrar compromisos básicos, situación que –obviamente– impactará directamente sobre la atención de los pacientes. La ecuación económico-financiera de las entidades está rota y se requieren medidas urgentes para no llegar a límites de los cuales no se podrá volver”, agregó.
La UAS aseguró que la empresas que la integran están al borde de “no poder afrontar en tiempo y forma su costo implicará poner en riesgo la continuidad de las instituciones y un empleador que desaparece cambia el eje de la discusión: de mantener el salario real, la preocupación pasa por el drama de mantener el puesto de trabajo”.
Y, además, le pidió al Estado apoyo para “uno de los sectores más importantes de la sociedad, el que atiende a más del 70% de la población argentina en uno de los temas más sensibles que es la salud. Nos es imposible quedarnos callados frente a la responsabilidad que tenemos con los argentinos que vienen a atenderse a nuestras instituciones y que -de no modificarse urgentemente esta situación- se verán afectados directamente”.
Vale recordar que a fines de mayo el gobierno y las empresas acordaron –en el tribunal del juzgado civil y comercial federal de Juan Rafael Stinco– devolver en 12 cuotas con interés lo que, según el Gobierno, cobraron de más desde diciembre en adelante con una actualización por la tasa de interés mensual de los plazos fijos del Banco Nación; que partir de julio las cuotas se ajustarán libremente en lugar de hacerlo en octubre; y que se reincorporará a sus planes a quienes fueron dados de baja por falta de pago.
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