
Los acreedores externos de la provincia de La Rioja, que está en default, se quejaron al afirmar que el gobierno provincial no exhibe voluntad de llegar a una solución mientras avanza un proceso judicial en Nueva York.
“No se han logrado avances en las negociaciones y la provincia no ha hecho ningún esfuerzo serio para llegar a un acuerdo que remedie su continuo incumplimiento de los pagarés”, indicaron a Infobae desde el exterior.
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Cabe recordar que el 12 de junio de 2024 habrá una audiencia de conciliación para llegar a un acuerdo, con la participación de los abogados de todas las partes en el Palacio de Justicia Daniel Patrick Moynihan, Nueva York.
“Se ruega a los abogados que se pongan de acuerdo entre sí antes de la conferencia sobre acuerdo y cada uno de los otros temas a considerar en la conferencia. Además, se ordena a las partes que se reúnan antes de la conferencia y que presenten una carta conjunta y una propuesta de Plan de Gestión del Caso Civil y Orden de Calendario”, indicó la jueza Jessica Clarke.
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La magistrada indicó que “si este caso ha sido resuelto o terminado de otro modo, los abogados no están obligados a presentar a presentar dicha carta o a comparecer, siempre que se presente una estipulación de desistimiento, desestimación voluntaria o otra prueba de terminación se presente en el expediente antes de la fecha de la conferencia”.
Los antecedentes del caso
El estudio que representa a los bonistas es Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, tiene entre sus socios a Dennis Hrankitzky, el abogado que logró embargar la Fragata Libertad en 2012 cuando la Argentina no había salido por completo de su default del 2001.
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Según una comunicación del grupo, enviaron “una carta de reserva de derechos a la Provincia. En la carta se insta a la Provincia a abonar el saldo de las cantidades que estaba obligada a pagar el 24 de febrero en un plazo de 14 días. El Grupo se ha reservado todos sus derechos, incluido el de declarar inmediatamente vencida y pagadera la totalidad del principal de los Bonos Verdes o tomar otras medidas, en caso de que la Provincia mantenga su postura actual”.
Los acreedores recordaron que el 24 de febrero de 2024, “la Provincia de La Rioja incumplió con el pago oportuno de US$26,3 millones de capital e intereses adeudados bajo sus Bonos Verdes emitidos internacionalmente”.
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Al adoptar esa actitud, indicaron, “la Provincia se convirtió en la única provincia de Argentina en incumplir el pago de su deuda internacional desde el período de reestructuración de 2020-21″.
“Mientras que todas las demás provincias con deuda emitida internacionalmente han realizado los pagos de amortización de capital y servido su deuda puntualmente, La Rioja se destaca por no respetar sus obligaciones contractuales”, se quejaron.
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“Este incumplimiento es particularmente atroz a la luz del hecho de que los fondos de los Bonos Verdes se utilizaron para construir una serie de parques eólicos, uno de los cuales se vendió posteriormente por US$171mm a Pampa Energía S.A. Es evidente que la Provincia tenía los medios para pagar su deuda, pero decidió no hacerlo”, indicaron.
Tras su default, “la Provincia comentó públicamente que pagaría los intereses (pero no el principal) adeudados el 24 de febrero como “muestra de buena fe”. Aunque la buena fe implica el cumplimiento íntegro de las obligaciones contractuales (especialmente en un caso en el que el dinero de los bonistas ha generado un valioso rendimiento para la Provincia), hasta la fecha los bonistas sólo han recibido el pago parcial de los intereses adeudados”.
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Además, “la provincia no ha entablado ningún tipo de diálogo con los obligacionistas desde su default y no ha respondido a la propuesta del Grupo ad hoc (el “GHA”) para remediarlo”.
El experto Sebastián Maril advirtió: “Juicio en puerta para La Rioja. Los abogados que van a contratar para defenderse, serán más caros que los intereses que optaron por no pagar”.
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