El Gobierno efectuó este martes un pago de casi USD 1.930 millones al Fondo Monetario Internacional. Ese giro tuvo impacto en las reservas brutas del Banco Central, que cayeron USD 2.300 millones y cerraron el martes en USD 27.575 millones.
El Poder Ejecutivo concretó así el anteúltimo giro a Washington para cubrir los vencimientos de capital del crédito Stand By de 2018. Solo restará un pago más, en julio, por USD 640 millones. Desde ese momento, habrá en el calendario pagos de intereses hasta septiembre de 2026, cuando comenzaría el proceso de devolución del actual Extended Fund Facility (EFF).
El calendario de pagos al FMI incluye una instancia más antes de julio, que será esta misma semana, cuando el Gobierno debería pagar otros USD 850 millones que corresponden a intereses y sobrecargos. Al no tratarse de vencimientos de capital como los que saldó este martes, no tiene la posibilidad de moverlos a fin de mes.
Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional llegó a Buenos Aires para reunirse con funcionarios del Ministerio de Economía y el Banco Central y darle curso así a la octava revisión de metas trimestrales. La octava revisión técnica tiene como mandato revisar si el Poder Ejecutivo alcanzó las metas del primer trimestre del año, que los números oficiales muestran que fueron sobrecumplidas con margen, especialmente el objetivo fiscal. Las cifras del Ministerio de Economía reflejan que el superávit primario fue cuatro veces más alto que el que requería el programa vigente con el FMI, mientras que el Banco Central acumuló más de USD 2.000 millones por encima del umbral acordado.
La octava revisión de metas liberaría un monto de desembolsos menos oneroso, ya en la parte final del primer tramo del EFF. Sumaría unos USD 792 millones una vez que el directorio dé su visto bueno, junto con otros USD 528 millones en la novena revisión de agosto y USD 412 millones en noviembre.
El último informe de staff elaborado por el equipo técnico del Fondo, y que fue aprobado por el directorio a fines de enero, estableció cuáles son las metas trimestrales que tendrán vigencia durante lo que reste del programa actual este año. Las dos principales son la de tope al déficit primario –en esos términos se discutió durante el gobierno anterior y tras el recambio en la Casa Rosada pasó a debatirse cuánto sería el superávit– y la acumulación de reservas en el Banco Central.
Para el caso del objetivo fiscal del primer trimestre, el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el FMI fue que el sector público nacional debería poder mostrar a fines de marzo un excedente primario –es decir, la contabilidad que no toma en consideración el pago de intereses de deuda– de 962.000 millones de pesos. El dato final del primer trimestre terminó por ser de 3,8 billones de pesos.
El sobreajuste fiscal que le permitió al Palacio de Hacienda conseguir un resultado primario 300% más alto del que exigía el Fondo Monetario también tuvo un correlato en la otra meta más relevante del acuerdo, que es el de la acumulación de reservas. A fines de marzo el Banco Central habría acumulado unos USD 2.200 millones más que los USD 6.000 millones por encima del nivel que tenían al 10 de diciembre pasado, según LCG.
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