El Gobierno comenzará un sendero de quita escalonada de subsidios en el precio del gas que pagan los usuarios, a lo que se sumará una recomposición para los costos de distribución y transporte que pesan sobre las facturas finales. Si bien aún no se confirmó la magnitud de los incrementos, si se avanza en ese sentido desde marzo la mayoría de los hogares además sufrirán un “triple impacto” en sus tarifas producto de un mayor consumo por menores temperaturas, el efecto de la devaluación y la indexación mensual que anticipó la Secretaría de Energía en la última audiencia pública, por lo que podrían recibir boletas superiores a los 40.000 pesos y a partir del invierno el consumo suele dispararse.
Un trabajo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA-Conicet consignó una estimación de los incrementos que recibirán las familias durante el primer semestre teniendo en cuenta el sendero de subas que planteó Energía y las empresas. Para eso utilizaron tarifas promedio de la distribuidora Metrogas, con gran influencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según las proyecciones de IIEP, las boletas promedio en el Amba en el segmento de menor consumo (R1), de hogares que consumen menos de 500 m3 por año, podrían tener aumentos entre enero y febrero de 386% para los usuarios de Nivel 1 (mayores ingresos) que las llevaría de $1.335 a $6.495, de 595% para los de Nivel 2 (bajos ingresos) para pasar de $886 a $6.158 y de 553% para los de Nivel 3 (nivel medio) para pasar de $997 a $6.383 con impuestos y sin bonificaciones.
En el caso del segmento R22, para hogares con un consumo entre 650 y 800 m3 por año, el de mayor representatividad según el instituto, las subas serían de 348% para el Nivel 1, de 556% para el Nivel 2 y de 535% para los de Nivel 3 en tan solo un mes. Eso llevaría las facturas finales de esos hogares de $2.173 a $9.737, de $1.334 a $8.764 y de $1.481 a $9.413, respectivamente.
“En los meses de enero y febrero el consumo estacional es bajo. Sin embargo, a partir de marzo, las facturas tendrán un posible triple impacto por mayor consumo estacional, por la evolución del tipo de cambio en el precio del gas y por la actualización de los márgenes de transporte y distribución por el índice de precios mayoristas”, alertó IIEP.
Ese combo podría llevar a que las boletas promedio de junio próximo lleguen con un fuerte aumento. Para los usuarios R1 de Nivel 1 llegarían a ese mes en $20.210, los de Nivel 2 a $13.998 y los de Nivel 3 a 20.207 pesos. En el caso de los R22 de Nivel 1 hasta los $44.417, los de Nivel 2 a $26.497 y los de Nivel 3 a $44.417 cuando finalice el primer semestre.
Esta estimación contempla la segmentación de subsidios que puso en marcha el Gobierno anterior en 2022. El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anticipó que su dependencia trabaja en un nuevo esquema de asistencia que se implementará a partir de abril. Esta nueva modalidad incluirá la conformación de una canasta básica energética.
“La canasta básica energética se va a conectar con los ingresos totales del grupo conviviente, no debería representar un x por ciento de ese conjunto que vive bajo un mismo techo. Si supera ese umbral, el Estado subsidiará a la gente que está en situaciones de vulnerabilidad. Habrá varias canastas diferentes, por zona, y en la Patagonia incluirá el subsidio de zona fría. Hay una reconfiguración de los subsidios, pero éste no se elimina”, había anticipado el funcionario durante su participación en el plenario de comisiones por la Ley Ómnibus.
Por otro lado, Energía deberá decidir si convalida o no las recomposiciones que pidieron las empresas de transporte y distribución de gas en la última audiencia pública. Avanzar en ese sentido implicaría, sumado a la quita de subsidios en el precio del fluido, un aumento de hasta 700% en las boletas de los usuarios. Sin embargo, la postura oficial es buscar un camino intermedio para no convalidar semejante golpe al bolsillo de los consumidores.
Otro de los temas en pugna es cuál será el mecanismo de actualización mensual que pesará sobre las tarifas. Las empresas pidieron que sea el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del Indec tal como estaba previsto en la revisión integral tarifaria de 2017, aunque ese punto también está en estudio.
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