En un contexto de ajustes fiscales y medidas económicas, el Gobierno argentino ha anunciado recientemente cambios significativos en las retenciones a las exportaciones, generando un marcado descontento en el sector oleaginoso-cerealero. La decisión de incrementar las alícuotas de los subproductos de soja del 31% al 33% ha suscitado críticas y preocupaciones en un sector clave para la economía del país.
El núcleo de la controversia radica en la decisión del Gobierno de aumentar las retenciones a los subproductos de soja, una medida que, según Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, representa un golpe severo para la principal industria exportadora del país. Idígoras enfatiza que este incremento impositivo limitará el flujo de divisas y afectará negativamente el empleo industrial relacionado con la soja. Esta postura refleja la preocupación generalizada en el sector sobre las consecuencias económicas de la medida.
“La decisión de subir los derechos de exportación del 31 al 33, que acaba de anunciar el Ministerio de Economía es una muy mala noticia para la economía del país”, dijeron desde la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).
“La principal industria exportadora del país se verá castigada por la suba de impuestos y eso va a limitar severamente el flujo de divisas y atentará contra el empleo industrial de la soja. a industria siempre pidió igualdad tributaria y esos 2 puntos eran un reconocimiento de esa condición fiscal, que ahora el gobierno rompe”, se quejaron.
La decisión del Gobierno de aumentar las retenciones a los subproductos de soja ha generado un clima de incertidumbre y descontento en un sector vital para la economía argentina. Mientras el Gobierno busca equilibrar las cuentas públicas y fomentar el desarrollo de ciertas economías regionales, el sector oleaginoso-cerealero se enfrenta a un desafío significativo. La respuesta del Congreso y las futuras negociaciones entre el Gobierno y los representantes del sector agropecuario serán cruciales para determinar el impacto a largo plazo de estas medidas en la economía argentina.
Marcha atrás
El Gobierno, en un intento por equilibrar las finanzas públicas y fomentar el desarrollo de ciertas economías regionales, ha decidido excluir a casi 20 sectores, incluyendo los lácteos, de la reciente suba de retenciones. Sin embargo, esta medida ha sido acompañada por un incremento en las retenciones a los subproductos de soja, una decisión que ha generado una respuesta negativa inmediata de los principales actores del sector.
Mientras que el sector vitivinícola experimentará un aumento del 0% al 8% en sus retenciones, 18 complejos productivos, incluyendo el olivícola, arrocero, y frutícola, entre otros, han sido eximidos de este incremento. Esta diferenciación en el tratamiento fiscal ha sido presentada por el Gobierno como un esfuerzo para mantener la competitividad y el empleo en diversas regiones del país.
La Mesa de Enlace, que agrupa a las principales entidades agropecuarias del país, ha mantenido reuniones con representantes del Gobierno para discutir estas medidas. Aunque se ha logrado la exclusión de ciertos sectores de la suba de retenciones, la preocupación persiste en cuanto a la revisión de las alícuotas para otros productos como el maíz pisingallo, el cerdo y el girasol.
El Gobierno argentino, en su estrategia para alcanzar un déficit fiscal cero en 2024, ha proyectado un recorte del gasto público y un aumento en la recaudación. Dentro de este esquema, las retenciones a los subproductos de soja juegan un papel crucial, esperando generar ingresos adicionales significativos. Sin embargo, esta estrategia ha sido recibida con escepticismo por parte de los exportadores, quienes argumentan que las retenciones no son el camino adecuado para el crecimiento económico.
El nuevo esquema de derechos de exportación será parte de un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo presentará al Congreso. A pesar de la devaluación reciente y las mejoras en la rentabilidad para los exportadores debido a cambios en el tipo de cambio, el malestar en el sector persiste. La posibilidad de liquidar un porcentaje de las divisas ingresadas al dólar contado con liquidación (CCL) no parece haber mitigado las preocupaciones del sector.
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