El Gobierno aumentó el Presupuesto 2023 en $1,87 billones y subió el déficit para el año en más de $575 mil millones

La aceleración de la inflación a un ritmo proyectado al cierre de diciembre de 180%, casi tres veces la pauta presupuestaria original, junto a la recesión que afecta a la economía, llevaron al Gobierno nacional a disponer la undécima ampliación de las partidas de gastos aprobadas por el Congreso Nacional, en este caso por $1,87 billones, de las cuales cuenta con recursos que se elevaron por dichos fenómenos en $1,3 billones. De ahí surge un crecimiento del déficit proyectado en $575 mil millones.

La medida, determinada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 647 con fecha 30 de noviembre y publicada este viernes, a 9 días del fin del mandato constitucional, cuenta con la firma del pleno del Gabinete de Ministros y del presidente Alberto Fernández.

El argumento de forma, en los “considerandos”, justifica semejante aumento de la autorización de gastos a ejecutar en lo que resta de 2023 en que “corresponde adecuar el Presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento”.

La realidad es que responde al efecto del tremendo desvío incurrido entre la pauta de inflación de 60% y la prevista actualmente por el consenso de los analistas del mercado en 180%, que ha llevado a un salto tremendo de la nominalidad, en particular de las partidas de salarios, jubilaciones y pensiones y subsidios familiares, respectivamente.

Las 11 modificaciones con variaciones incrementales del gasto elevaron la partida inicial de $28,95 billones a $40,1 billones ahora, en tanto la de recursos pasó de $26,96 billones a $28,26 billones. En consecuencia, la meta de déficit total se amplió de casi $2 billones a $11,8 billones, se multiplicó por seis en valores nominales y por 2,1 veces en valores reales.

Semejante desvío presupuestario, en un escenario de ausencia de financiamiento voluntario al Estado nacional, excepto de las entidades del sector público, como la ANSeS, el Banco Nación y algunos inversores institucionales, llevó al uso y abuso del financiamiento a través de la emisión del Banco Central y el impuesto inflacionario sobre el conjunto de la población.

Las áreas y jurisdicciones más favorecidas por esta ampliación presupuestaria corresponden a la atención de los reclamos en las últimas horas del conjunto de gobernadores a la Nación de asistencia urgente para poder afrontar el pago de salarios y medio aguinaldo; así como a los efectos de los ajustes previsionales y salarios de las Fuerzas de Seguridad, docentes y personal de la salud, principalmente, según el siguiente detalle que surge del Anexo al DNU, por montos mayores a $10.000 millones:

Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social $392.745 millones;

Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, Ministerio de Economía $208.598 millones;

Fondo Nacional de Incentivo Docente, Ministerio de Educación $190.839 millones;

Asistencia en Servicios Económicos, Obligaciones a cargo del Tesoro $188.931 millones;

Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, Ministerio del Interior $120.220 millones;

Interceptación y Captación de las Comunicaciones, Poder Judicial de la Nación $96.268 millones,

Prevención y Control de Discapacidades, Presidencia de la Nación $84.203 millones;

Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal, Ministerio de Seguridad $74.699 millones;

Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, Ministerio de Defensa $63.261 millones;

Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, Genedarmería Nacional, Ministerio de Seguridad $47.607 millones;

Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo, Ministerio de Transporte $42.449 millones;

Ejercicio del Derecho a la Protección de la Salud Mental, Ministerio Público $37.644 millones;

Servicios de Informática y Comunicaciones, Policía Federal Argentina, Ministerio de Seguridad $34.537 millones;

Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación de la Prefectura Naval Argentina, Ministerio de Seguridad $30.980 millones;

Desarrollo de políticas de Vinculación Tecnológica y Social, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación $27.379 millones;

Transportes Navales de Estado Mayor General de la Armada Argentina, Ministerio de Defensa $25.448 millones;

Sastrería Militar del Estado Mayor General del Ejército Argentino, Ministerio de Defensa $25.431 millones;

Servicio Meteorológico Nacional del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Ministerio de Defensa $20.708 millones;

Funcionamiento Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, Ministerio de Salud $19.181 millones;

Formación y Capacitación por parte del Servicio Penitenciario Federal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos $15.918 millones

Acciones de Articulación Territorial, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social $13.264 millones;

Servicio de la Deuda Pública (Intereses y Comisiones) $11.700 millones; y

Resto de las partidas distribuidas en 596 folios del DNU 647 $100.003 millones.

Ejecución presupuestaria

Según los últimos datos de la Secretaría de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria al 27 de noviembre, habían ingresado a la Administración Central el 92,2% de la partida prevista hasta ese momento; y ejecutado el 79,2% de la pauta actualizada de gastos, arrojando un déficit de $5,4 billones, equivalentes a 21,7% de los recursos, esto es 2,6 meses de recaudación por todo concepto (impuestos, retenciones y rentas de propiedad).

En caso de ejecutarse plenamente la ampliación presupuestaria, el año finalizará con un desequilibrio de las cuentas de la Administración Central de $11,8 billones, equivalente a poco más de 5 meses de recaudación por todo concepto.

Semejante resultado negativo explica la prédica sin concesiones del presidente electo Javier Milei de aplicar desde el primer día un feroz recorte de la ejecución presupuestaria, hasta el límite que impongan los ingresos de caja de cada jurisdicción, con la excepción del Ministerio de Capital Humano que debutará en las próximas semanas.