Un artículo en The Economist volvió a exponer el enorme daño que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada por parte, en especial, de un millar de barcos pesqueros chinos, está provocando en los países de Sudamérica. Pero destacó que mientras Ecuador y Perú están defendiendo sus recursos pesqueros en el Pacífico, la Argentina y Uruguay no están defendiendo los suyos en el Atlántico.
“La flota pesquera china tiene la peor reputación global de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Cerca de un tercio de los 3.000 buques operan en Sudamérica todo el año. Persiguiendo al calamar migratorio, pasan 6 meses del año saqueando las aguas del Atlántico, frente a la Argentina y otros 6 haciendo capturas en el Pacífico, cerca de Ecuador y Perú, atravesando el estrecho de Magallanes”, dice la nota, que aclara que actualmente esa flota pirata está frente a las costas ecuatorianas.
Reacción
Algunos países, sin embargo, empezaron a reaccionar. Al respecto, The Economist cuenta que el sábado 30 de septiembre pasado Ecuador, Perú, EEUU y otros 11 países concluyeron un “ejercicio” de intercepción de buques que practican la pesca ilegal.
Se trata de una actividad de alto impacto económico. Según el semanario británico, en la década pasada la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada provocó un fuerte daño al stock pesquero global. Es una actividad, precisa, que genera unos USD 36.000 millones al año y da cuenta de uno de cada cinco pescados que se consumen globalmente. También es, prosigue, el sexto negocio ilícito por volumen global, aunque muy detrás de los 1,1 billones de dólares que mueve la falsificación marcaria y de billetes y de los USD 650.000 millones de la producción y tráfico ilegal de drogas.
En el caso de Sudamérica, abunda el artículo, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, sustrae a los países costeros entre 8 y 15% de su captura pesquera, según una investigación de la American University. Y la flota china explica 3 de cada 4 barcos que pescan en aguas sudamericanas.
La contraofensiva contra esas incursiones la inició Ecuador, luego de que en 2020 una serie de vuelos identificó 340 barcos pesqueros chinos de distinto tipo capturando especies vulnerables en una reserva marina torno de las islas Galápagos. “Lenín Moreno, el entonces presidente, se comprometió a defender las islas. El primer paso de Ecuador fue demandar a China que detenga las incursiones ilegales. Perú siguió el mismo camino”, cuenta The Economist.
El resultado fue que en los últimos 3 años, la mayoría de las embarcaciones chinas se ha mantenido a más de 100 kilómetros de distancia de las aguas de ambos países. Además, Ecuador y Perú construyeron una coalición regional para combatir la pesca ilegal sumando a Chile, Colombia, Panamá y Costa Rica, que condenaron públicamente las incursiones chinas y se comprometieron a hacer una suerte de red de áreas marinas protegidas para formar la reserva mundial más grande, igual al doble del territorio británico. Por otra parte, los gobiernos de ese grupo de países hicieron lobby ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), para lograr un recorte de subsidios pesqueros, que se adoptó en 2022.
Tanto Donald Trump como Joseph Biden, el ex y el actual presidente de EEUU, apoyaron el contra-ataque sudamericano proveyendo a los países del Pacífico con equipo y sensores de alta tecnología. En 2020 la Guardia Costera norteamericana comenzó a patrullar las aguas junto a la Armada ecuatoriana. Y desde 2022 el Departamento de Estado ha brindado USD 30 millones de ayuda para programas contra la pesca ilegal, recuerda el artículo.
“Aliado ideológico”
En contraste, observa, la situación de la Argentina y Uruguay es deprimente. “Las cosas han empeorado en el Atlántico, cita a Milko Schvartzman, un conservacionista marino. Al respecto, la nota precisa que el número de buques chinos operando en las aguas del Atlántico Sur aumentó de 74 en 2013 a 429 en 2021 y que “Alberto Fernández, el izquierdista presidente argentino, ha rehusado a presionar por una mayor regulación”.
Esto se debería, sugiere, a que “China es un aliado ideológico y su segundo mayor socio comercial, detrás de Brasil”. Y además el gobierno de derecha de Uruguay aspira a lograr un acuerdo de libre comercio con China.
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