Desde hace semanas, todos los viernes hay novedades con respecto al juicio por la expropiación de YPF. Y no son buenas para el Estado argentino. Se trata un juicio en el cual la jueza Loretta Preska, de la corte del Distrito Sur de Manhattan, ya determinó la culpabilidad de la Argentina en el proceso de nacionalizar la petrolera y la dejó a un paso de tener que pagar USD 16.000 millones, la cifra máxima que había pedido el demandante principal, el bufete inglés Burford Capital.
Ahora, mientras se espera la apelación del Estado, se conoció un pedido del querellante del caso, por medio de sus abogados: quieren que la jueza los autorice a pedir embargos contra el país. Y ya mismo, en 30 días. Lo hizo enumerando los malos antecedentes que tiene históricamente el Estado a la hora de pagar.
“La negativa de Argentina a pagar sentencias está bien documentada y es ampliamente reconocida”, detalló el escrito firmado por el estudio King & Spalding. Se mencionan demandas como la de los holdouts y otros fallos en los que se habló de que “Argentina simplemente se negará a pagar cualquier sentencia”, menciones a la “continua intransigencia al no honrar sus deudas judiciales legítimas” y señalamientos de que el país “enfrenta el mayor número de reclamos que cualquier otra nación en el mundo y que, hasta ahora, se ha negado a pagar sentencias en su contra”.
Los demandantes volvieron a citar a Axel Kicillof, quien en 2012, al momento de la expropiación, era viceministro de Economía. Lo citaron cuando en ese momento dijo que sería “una estupidez” cumplir con “la ley de la propia YPF” y “respetar sus estatutos”. Incluso incluyeron un link a una entrevista radial al hoy gobernador bonaerense, realizada el 10 de septiembre de este año, luego del fallo adverso.
“Es mentira que haya que pagar. Argentina va a apelar, no está firme la sentencia, se va a seguir discutiendo. El fallo es un absoluto disparate, un absurdo jurídico. El reclamo es ilegal”, dijo Kicillof días atrás.
“Esto es un bombazo”, resumió en diálogo con Infobae Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y uno de los mayores entendidos en esta extensa demanda que se tramitó por más de ocho años en EEUU. “Estaba convencido de que Burford iba a esperar que se conociera el nombre del próximo presidente y su estrategia para el caso antes de comenzar el proceso de embargos. Ahora dicen que no esperarán, que quieren embargar desde ahora”.
“Están utilizando este documento para presionar al Gobierno argentino para que decida qué va a hacer y sentarse a negociar. También le están diciendo al próximo gobierno que no será fácil. Están mostrando que van a seguir la actitud que tomó NML Capital con Elliott Management y Paul Singer hace ya casi 8 años cuando pidieron embargos en la causa de los holdouts porque Argentina no quería cumplir con los fallos del juez Thomas Griesa. No sé qué va a pasar ni cómo harán para evitar esas órdenes de embargo. Argentina debería apelar y poner un bono para evitarlos, pero no tiene dólares para hacerlo”, agregó Maril.
Si bien recientemente Preska no accedió a aceptar embargos contra el país en causas residuales, pero aún abiertas por algunos fondos que siguen reclamando, una situación emblemática en ese sentido se vivió en 2012, cuando Griesa ordenó retener la Fragata Libertad en un puerto de Ghana por casi 80 días.
La demanda
La semana pasada, Preska dejó firme su sentencia de hace 15 días. Así, indicó que Argentina deberá pagarle al estudio de abogados inglés Burford Capital unos USD 16.100 millones por haber realizado mal la expropiación de YPF en 2012.
Desde entonces comenzaron a correr interés de entre 5 y 6 por ciento que varía semanalmente y seguirá así hasta que la causa defina su rumbo. Se trata de una sentencia de primera instancia. Cómo se dijo, se espera la apelación del Estado que está representado por el Procurador del Tesoro Carlos Zannini. Algo que aún no ocurrió.
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