
El Gobierno suspendió la publicación de un índice de pobreza alternativo que había desarrollado un organismo dependiente de Presidencia de la Nación en los últimos años y que medía cuál era la situación social más allá de los indicadores monetarios, con un enfoque más amplio que incluye otros elementos como el acceso a salud, protección social y educación, y otros como el estado de la vivienda y el hábitat general.
Se trata del Índice de Pobreza Multidimensional que daba a conocer el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que fue dirigido hasta la campaña electoral legislativa de 2021 por Victoria Tolosa Paz -que ahora dirige Marisol Merquel- y que tiene como misión funcionar como un organismo de monitoreo de los programas sociales que lleva adelante el Estado y que tiene además una extensa producción de estadísticas e informes.
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El de pobreza multidimensional tiene como última actualización el primer semestre de 2021, cuando arrojó una cifra a nivel nacional de 44,6% y no tuvo más novedades desde ese momento, según se puede ver en el portal del Consejo. Consultados por Infobae, desde el organismo aseguraron que dejó de ser publicado porque su metodología fue puesta a revisión, ya que sus resultados “no se mueven significativamente” a lo largo de la medición aunque no precisaron en qué momento podría volver a ser difundido, pero aseguraron que no implica que haya sido discontinuado de manera definitiva.
Los últimos datos de pobreza oficiales, que son suministrados por el Indec, corresponden al segundo semestre de 2022 y marcaron que el 39,2% de la población estuvo bajo la línea de la pobreza, lo que implicó un incremento en esa tasa respecto al primer semestre de ese año -36,5%- y en relación a un año atrás, con 37,3 por ciento. Para el caso de la pobreza multidimensional, los datos recolectados y publicados por el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales fueron solo los del primer semestre del 2020 y el de 2021.
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“Para el primer semestre de 2021, un 44,6% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional, lo que representa el 35,9% del total de hogares relevados por la Encuesta Permanente de Hogares”, explica la medición.
En sus informes, el Consejo también hacía otro ejercicio que constaba de cruzar los datos multidimensionales de pobreza con el criterio monetario para obtener una suerte de número consolidado entre las dos variables. “Considerando este método, en el primer semestre de 2021 un 54,9% de la población (44,6% de los hogares) presenta al menos una de estas dos situaciones de pobreza –monetaria o no monetaria– mientras que el 29,9% presenta ambas formas (22,2% de hogares)”, había estimado el organismo. Eso implicaría más de 25 millones de personas.
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Según explicó el organismo, “con el propósito de arribar a un índice de pobreza multidimensional basado en el enfoque de derechos, se seleccionaron indicadores que contemplen las siguientes dimensiones: vivienda, hábitat y servicios básicos, educación, empleo y protección social y salud”. Según la metodología oficial, un hogar puede ser considerado pobre de manera multidimensional si tiene carencias en dos de los aspectos anteriores.
En ese sentido, los criterios de consideración para establecer esa medición alternativa de la pobreza toman en cuenta la “precariedad de los materiales de la vivienda, hacinamiento, tenencia insegura de la vivienda, condiciones sanitarias deficientes, ubicación de la vivienda en zona vulnerable”, respecto al primer ítem incluido.
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Por otra parte, el indicador estudia el nivel de “inasistencia a un establecimiento educativo en las edades obligatorias, rezago escolar de los asistentes, logro educativo insuficiente” respecto a la educación; y por otro lado las “dificultades para acceder al empleo remunerado, precariedad laboral de los trabajadores, déficit de cobertura previsional de los adultos mayores y ausencia de doble cobertura de salud (obra social o prepaga)”, sobre el empleo y la salud.
El Consejo de Políticas Sociales aclara que no se trata de una medición que reemplace al índice de pobreza por criterio monetario que elabora el Indec, sino que se trata de un indicador complementario, que busca establecer otras causas y alcances de la pobreza para que el Estado diseñe respuestas de política pública diferentes a las que solo tienen en cuenta la situación económica.
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La Universidad Católica Argentina (UCA) es otra institución que hace una medición de esa naturaleza, aunque con metodologías propias. “La pobreza multidimensional en materia de desarrollo humano (PDH) da cuenta de un saldo regresivo para los hogares entre los años puntas 2010-2022 del período (de 21% a 31%), aunque con un comportamiento discontinuo a lo largo del mismo”, indicaron en su informe más reciente.
El punto más bajo en la serie histórica del Observatorio de la Deuda Social de la UCA es en 2012, con 17,1% de pobreza multidimensional a nivel nacional, y el dato final de 2022 fue de 30,3 por ciento. Hubo un pico, durante la pandemia, 33% en 2020.
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