Las pequeñas y medianas compañías nucleadas en la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) denunciaron que “el Gobierno nacional publicó un precio de venta del biodiesel para el mes de abril de manera arbitraria, ilegal y discriminatoria” y aseguraron que la decisión puso en riesgo la continuidad de la actividad.
En concreto, la Secretaría de Energía de la Nación estableció que, a partir del 24 de abril, el precio único pasaría de $283.106 a $294.430 por tonelada (4% de incremento). Los empresarios señalaron que la actualización se hizo sin considerar lo dispuesto por la ley 27.640 (marco regulatorio de biocombustibles), los costos reales que tiene la industria y a tan solo 5 días de la finalización del mes para el cual se determinó dicho precio, sin efecto retroactivo.
“El precio es fijado por la Secretaría de Energía y de acuerdo a la propia ley debe garantizar una rentabilidad lógica. Sin embargo, la Secretaría publica valores que reflejan un atraso considerable, ya que van decididamente por detrás de la inflación”, protestaron desde Cepreb, en una nota firmada por Federico Martelli y Juan Facciano, director ejecutivo y presidente de la entidad respectivamente.
“La última vez, la Secretaría de Energía fijó un sendero de precios que estipuló un aumento del 4% mensual de noviembre a marzo, mientras que la inflación fue de 4,9% en noviembre, 5,1% en diciembre, 6% en enero. A esta situación debemos agregar que las compañías refinadoras, quienes compran el biodiesel para la mezcla, pagan a 60 días, por lo que las pymes de biodiesel vuelven a perder margen por inflación”, agregaron los empresarios.
En este escenario, las empresas productoras de biodiésel sostienen que el negocio se vuelve cada vez menos rentable.
“Esta medida no hace más que contribuir a la destrucción del aparato productivo pyme nacional y el empleo genuino en el interior del país, poniendo en riesgo la continuidad misma del régimen, atentando así contra el desarrollo de las economías regionales, el agregado de valor en origen e industrialización de la ruralidad, la diversificación de la matriz energética a través de combustibles renovables de origen nacional, la desconcentración económica mediante la pluralidad de actores, la sustitución de importaciones de gas oil, y la preservación del ambiente y la salud”, apuntaron desde Cepreb.
Pérdida millonaria
Si bien las pymes productoras de biocombustibles advierten que vienen perdiendo rentabilidad desde hace meses, sostienen que solo durante las últimas semanas perdieron 500 millones de pesos de ganancias, debido a las regulaciones de precios impulsadas por el Estado nacional.
“Royón (Secretaria de Energía) dijo en la reunión con Perotti (gobernador de Santa Fe) que si bien no nos iban a dar el precio retroactivo al 1 de abril, nos lo iban a dar retroactivo al día 15. Las compañías salieron a vender después de esa fecha, pensando que el precio iba a ser $294 mil, pero finalmente tuvieron que operar a $283 mil (precio anterior)”, reclamaron voceros de la entidad.
“El cupo es de 50 mil toneladas mensuales. Ese volumen, por los 11 mil pesos que deberían haber dado el 1 de abril, son 550 millones de pesos que perdieron las pymes”, protestaron.
“Resulta evidente, e ineludible, la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional en los efectos negativos que, en materia social, ambiental y económica, está generando -deliberadamente- al no permitir al sector operar de manera previsible, sostenible y sustentable”, comentaron Martelli y Facciano.
La industria del pyme del biodiesel reúne en Argentina alrededor de 40 plantas, distribuidas de manera federal en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Córdoba y San Luis. En conjunto emplean más de 2000 trabajadores de manera directa y más de 10 mil de manera indirecta.
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