El proyecto para reformar las sociedades simplificadas perdió estado parlamentario y los emprendedores celebraron la noticia

El proyecto de ley presentado por el Gobierno para modificar las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) perdió estado parlamentario tras el inicio del nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, lo que significa que las SAS mantienen su funcionamiento tal como fueron creadas por Ley de Emprendedores sancionada en 2017.

El fallido proyecto oficial buscaba “limitar su creación y funcionamiento, estableciendo que las personas debían inscribirse en un registro de emprendedores oficial antes de constituir una sociedad, lo que dejaría a discreción del oficialismo de turno decidir quién puede o no ser emprendedor”, según explicó en un comunicado la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA).

La entidad había impulsado la creación de las SAS en el proceso de sanción de la norma, “votada por unanimidad por todo el arco político con el objetivo de fomentar la creación de empresas y emprendimientos en el país”.

Además, la reforma del oficialismo cuestionaba la validez de más de 40.000 sociedades SAS digitales creadas bajo la ley 27.349, lo que generaría “inseguridad jurídica para miles de Pymes y emprendedores del país que están trabajando y creando empleo”.

El proyecto, que finalmente no fue tratado, era una reedición de las resoluciones dictadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) en la Ciudad de Buenos Aires, que ya habían sido cuestionadas judicialmente por Asea. Según la entidad, “generó controversia y temor entre los emprendedores y pymes del país, ya que limitaría su capacidad de crear empresas. Expertos en la materia han señalado que el proyecto habría creado nuevas barreras para el emprendimiento, retrocediendo en la facilidad de creación de empresas y agregando discrecionalidad, burocracia e inseguridad jurídica”.

La noticia de la pérdida de estado parlamentario del proyecto de ley ha sido recibida “con satisfacción por los emprendedores y la Asea”.

“No termina de entenderse por qué, en el contexto complejo en el que se encuentra la Argentina, se ponen trabas para aquellos que quieren crear empresas”, manifestó Manuel Tanoira, socio fundador y parte del equipo de políticas públicas de la Asea. “Por tres años tuvieron a los emprendedores en vilo, diciéndoles que sus empresas eran ilegales. Por suerte esta situación ha terminado”, explicó.

Patricio Gigli, director ejecutivo de Asea, dijo: “Es una excelente noticia para los emprendedores y emprendedoras que crean empleo y eligen las SAS en todo el país. Es hora de mirar al futuro y de pensar qué más podemos hacer para hacerle la vida más fácil a todos ellos. En eso estamos ahora desde Asea y el objetivo es el mismo de siempre: hacer de nuestro país un lugar donde emprender sea deseable y posible”.

En tanto, Alejandro Ramírez, profesor de derecho societario de la Universidad Austral subrayó que “con la SAS, cualquier persona podía abrir una sociedad de manera fácil, sencilla y de forma digital. Mediante el caído proyecto de ley y las resoluciones de la IGJ, se pretendía volver al papel. La Argentina es el único país del mundo que busca volver un trámite digital y con blockchain al papel”.

“Eso no solo es una nueva barrera para quienes quieren emprender; significa un enorme retroceso porque agrega discrecionalidad, quita transparencia, suma burocracia e inseguridad jurídica”, agregó Ramírez.

“En Mendoza 8 de cada 10 empresas que se crean, son SAS. Por suerte el proyecto de ley no ha prosperado, porque habría creado un gran caos en el resto del país, donde estamos ajenos a la problemática porteña”, dijo por su parte el profesor de la Universidad de Cuyo, Fernando Pérez Hualde.

Por otra parte, Lisandro Hadad, Director del Departamento de Derecho Empresario de la Universidad Nacional de Rosario afirmó que “la creación de un Registro Nacional de Emprendedores es totalmente inconstitucional. Es inviable que a un emprendedor del interior, un organismo nacional le diga si puede o no emprender. Claramente, rompe con el federalismo de nuestra Constitución.”

“Crear un registro de emprendedores, y establecer que estos tienen que pedirle autorización al gobierno de turno para emprender, es algo que tiene tintes soviéticos e intervencionistas, y que solo contribuye a achicar la cuota de inversión que el país necesita para expandir su economía. Por suerte este proyecto de ley ha quedado sin efecto”, sostuvo Ricardo Cony Etchart, profesor de derecho corporativo.

Según sostuvo Asea en el comunicado, la Ley de Emprendedores, sancionada en Argentina en 2017, marcó un gran avance para el ecosistema emprendedor del país al permitir la creación de las SAS, “una figura societaria que ofreció mayor flexibilidad y simplicidad para la organización del capital y la posibilidad de escalar de forma ágil”.

“Desde entonces, más de 50.000 empresas se crearon bajo esta figura y se generaron más de 80.000 puestos de trabajo registrados, un importante impulso para la economía nacional”, agregaron en el comunicado.

No obstante, en 2020 la Inspección General de Justicia (IGJ) limitó su uso con resoluciones que han sido cuestionadas judicialmente, lo que ha generado incertidumbre y dificultades para los emprendedores. A pesar de esto, las SAS siguen siendo muy utilizadas en algunas provincias del país, como Santa Fe, Tucumán, Mendoza o Córdoba, donde representan la mayoría de las sociedades creadas. “Esto demuestra que los emprendedores valoran la flexibilidad y simplicidad que ofrece este tipo de sociedad”, señalaron en ASEA.

El profesor de derecho societario de la Universidad Austral, Carlos Vanney, afirmó que la caída de este proyecto demuestra la importancia de generar consensos y que darle a los emprendedores las herramientas necesarias para su desarrollo debe ser una política de Estado que todos debemos apoyar y defender.

“El emprendimiento es fundamental para el crecimiento económico y la generación de empleo en cualquier país, y las SAS han demostrado ser una herramienta importante para fomentar la creación de nuevas empresas y empleos en la Argentina. Por lo tanto, es necesario que las autoridades revisen las resoluciones que limitan su uso y trabajen en conjunto con los emprendedores para encontrar soluciones que permitan seguir fortaleciendo el ecosistema emprendedor del país”, concluyó la Asea en su descargo.

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