Se cumplieron 35 años de la entrada en vigencia de la Ley 23.548, la de coparticipación federal. Esa norma estableció, desde el 1 de enero de 1988, un régimen transitorio de distribución de recursos entre la Nación y las Provincias, cuya actualización prevista en la reforma constitucional de 1994 nunca se cumplió.
Todos los meses la Nación transfiere recursos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayor parte de esos fondos son por coparticipación, aunque también hay envíos discrecionales por fuera de esa ley.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba explicó que “durante la última década, en promedio, las transferencias totales por habitante de Nación a las provincias cayeron 4,4%, mientras que el nivel de empleo público cada 1.000 habitantes aumentó 11%. Frente a esta tendencia, se reavivó la discusión sobre la equidad o no del reparto”.
En ese sentido, mientras mayor sea el nivel de transferencias per cápita recibidas por las jurisdicciones, mayor es el nivel de empleo público. “Según los últimos datos disponibles, Tierra del Fuego lidera el ranking de distritos con mayor nivel de transferencias per cápita y que, a la vez, cuentan con más cantidad de empleados públicos cada 1.000 habitantes. Integran este grupo Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, La Pampa y Jujuy, todas las cuales están por encima del promedio en ambos indicadores”, precisó el estudio elaborado por Ariel Barraud y María Belén San Martino, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
El estudio determinó un indicador relacionado es el de la dependencia de las provincias de los ingresos girados por Nación. Es decir, se calculó qué porcentaje del total de sus ingresos habituales -recaudación propia y transferencias- representan esos recursos.
Los distritos con mayor dependencia de transferencias totales per cápita, mostraron también los niveles más elevados de empleo público. La Rioja, Catamarca, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego integran el grupo de las que tienen más peso de los giros nacionales a la vez que exhiben la mayor cantidad de empleados públicos cada 1.000 habitantes.
En el otro extremo están las provincias con menor dependencia de Nación y también con menos peso del empleo público. CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Misiones figuran en esa lista.
“El resultado del comportamiento descripto es que el plantel de empleados públicos en las provincias está sobredimensionado en comparación con su recaudación tributaria. Por ejemplo, ninguna provincia podría cubrir todo su gasto en personal con esos recursos, mientras que el promedio de las jurisdicciones sólo llega a cubrir 45% de ese ítem. Quince jurisdicciones se encuentran por debajo de este promedio”, señaló el informe de la entidad mediterránea.
Para los analistas, uno de los debates económicos estructurales en Argentina es el del comportamiento fiscal de sus distintos niveles de gobierno y el de las relaciones fiscales entre Nación, Provincias y municipios. “El desequilibrio fiscal recurrente, las disparidades regionales plasmadas en la distribución secundaria (entre provincias), y el avance de los giros por fuera de la coparticipación son características del funcionamiento institucional actual y que se viene conjugando hace años. Cada vez se está más lejos de un funcionamiento eficiente. Nación y Provincias llevan a cabo políticas de ingresos y gastos públicos descoordinadas, con un marco legal claramente desbordado por la realidad, lo que tiene consecuencias negativas para la sociedad. Por ejemplo, la elevada presión fiscal sobre el sector formal de la economía para financiar el tamaño del Estado creciente pero que, ni aun así, logra dar servicios públicos eficientes”, apuntaron los especialistas de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Este es el resultado de un “desequilibrio regional en la asignación de recursos que debe ser tenido en cuenta en las discusiones para una futura modificación del régimen de Coparticipación, que amerita entre otras cosas estudiar la posibilidad de disminuir la importancia de las transferencias de libre disponibilidad a las provincias en el marco de una rediscusión de las potestades fiscales de los distintos niveles de gobierno”, concluyeron.
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