Segmentación de tarifas: el Gobierno terminó el 2022 con un ahorro de $110.000 millones en subsidios energéticos

La segmentación de tarifas que puso en marcha el Gobierno en los últimos meses del 2022 le permitió revertir la tendencia de fuerte aumento del gasto en subsidios que llevaba acumulado el sector público durante la mayor parte del año y así finalizó el año pasado con una cuenta de subvenciones a las tarifas energéticas 6,5% más bajo que en 2021, lo que implicó un ajuste de unos $110.000 millones.

El Ministerio de Economía informó el viernes que consiguió sobrecumplir con un leve margen la meta de reducción del déficit primario que estaba comprometida con el Fondo Monetario Internacional, que era de 2,5% del PBI. Los números fiscales finales del 2022 arrojaron un rojo fiscal de 1,9 billones de pesos, equivalente a 2,4 puntos del Producto, con un margen de unos $60.000 millones.

Uno de los elementos que explicó la reducción del déficit primario desde el 3,5% del PBI con el que había finalizado el 2021 fue el recorte de los subsidios energéticos, que aparecían desde el inicio del programa con el Fondo Monetario como uno de los obstáculos que impedían el recorte de los desequilibrios de las cuentas públicas. Durante la mayor parte del año pasado, la cuenta presupuestaria de subvenciones a las tarifas varió muy por encima de la inflación y solo durante el último tramo, ya con la puesta en marcha del esquema de segmentación de subsidios con tope al consumo, el Ministerio de Economía consiguió revertir la tendencia y terminar el 2022 con un recorte en términos reales.

De acuerdo a información de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que toma en consideración el gasto público devengado, es decir que no considera el efectivamente pagado sino el comprometido, a diferencia de base caja, que es el método contable que utiliza la Secretaría de Hacienda, el 2022 finalizó con un ajuste de 6,5% real de las subvenciones a los servicios públicos, lo que puede equivaler a unos $110.000 millones a pesos constantes, según la estimación de ese organismo.

El proceso que tuvo lugar a lo largo del año mostró un comportamiento bien diferenciado antes y después del inicio de la segmentación. Los datos de la OPC reflejan que el gasto en subsidios energéticos llegó a aumentar, en términos interanuales, a un ritmo superior al 100 por ciento. En febrero, por caso, el acumulado de ese primer bimestre de 2022 contra el mismo lapso de 2021 arrojó un incremento de 104,5 por ciento -no en términos nominales sino por encima de la inflación-, que estuvieron explicados por un pago en febrero de más de $90.200 millones a Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista.

Desde ese pico, el aumento real del gasto en subvenciones energéticas comenzó a desacelerar, pero recién llegó a un “empate” en la comparación con el año anterior en octubre, es decir cuando inició el nuevo sistema de segmentación de tarifas que anunció el ministro de Economía Sergio Massa, que incluyó un tope al consumo subsidiado y que tuvo un alcance mayor al que preveía el esquema que tenía en sus planes el ex ministro Martín Guzmán. El arranque de una poda urgente a los subsidios fue uno de los reclamos más airados del FMI en sus informes técnicos.

El informe de la OPC indicó que “los subsidios económicos ($2.142.015 millones) presentaron una disminución en términos reales de 11,3% interanual, principalmente por la reducción en los energéticos (6,5% interanual) y otros subsidios económicos (57,3% interanual), compensado por el aumento en los destinados al sector transporte (4,8% interanual)”.

Específicamente, sobre los subsidios energéticos midió que alcanzaron los 1,5 billones de pesos, lo que equivale al 2% del PBI. Como comparación, según la misma fuente, ese rubro del gasto había representado el 3,1% del Producto en 2021. La Oficina de Presupuesto del Congreso consideró que el 6,5% de ajuste real es “atribuible a las menores transferencias a Cammesa (-3,8% interanual) y al Plan Gas (-71% interanual)”.

En términos macroeconómicos, la implementación de la segmentación completa de subsidios forma parte de las medidas que el Gobierno y el Fondo Monetario consideran central para cumplir este año la nueva meta de recorte del déficit fiscal, que deberá pasar desde 2,5% del Producto Bruto Interno hasta 1,9 por ciento. Para el FMI, buena parte de ese efecto deberá esperarse por el ajuste en subvenciones a las tarifas.

“En conjunto, se prevé que estos esfuerzos reduzcan los subsidios a la energía en alrededor del 0,5% del PBI y, según las estimaciones del personal, aumenten los niveles de recuperación de costos de alrededor del 30% en septiembre de 2022 a alrededor del 60% para fines de 2023″, continuó el staff técnico del organismo.

De acuerdo a los cálculos del equipo del Fondo Monetario, el horizonte de reducción del déficit de 1,9% del PBI está “respaldada” por la reducción de subsidios, al que le atribuye un efecto fiscal de ahorro de 0,6% del Producto “principalmente del sector energético sino también en los sectores del agua y el transporte”, mencionó y, en segundo lugar, lo que llamó una “racionalización” de la asistencia social, por otro 0,8% del PBI, más bien relacionado a una base comparativa menor, ya que en 2023, prevé el Fondo, no habrá pagos de bonos de emergencia como sí hubo en 2022.

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