Meta fiscal: estrategia y medidas con las que el Gobierno busca cumplir la baja del déficit acordada con el FMI

A tres semanas para que finalice el plazo para cumplir con las últimas metas del primer año de vigencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno ajusta los pasos para llegar a fin de 2022 con uno de los objetivos troncales del programa con los números en orden: recorte del déficit primario y acumulación de reservas en el BCRA, son los más críticos para el desarrollo de la relación entre la Casa Rosada y el organismo internacional de crédito multilateral.

Para aterrizar sobre la última parte del año, que tiene por cuestiones estacionales una marcada expansión en el ritmo del gasto por el pago de aguinaldos para los sueldos del sector público, y jubilaciones y pensiones por parte de la Anses, más los giros a contratistas de obra pública en todo el país, el Ministerio de Economía combinó en los últimos meses una serie de medidas para hacer un equilibrio entre las erogaciones extra que fueron surgiendo como consecuencia de la aceleración inflacionaria, como algunos bonos y ayudas extraordinarias para los sectores más vulnerables, y las medidas para ordenar el gasto público para cumplir con la meta de caída del déficit hasta 2,5% del PBI.

La primera medida fue el recorte de subsidios con tope de consumo, que tendrá en rigor un ahorro fiscal mucho mayor en 2023 que este año. Se espera que con la implementación completa del esquema el Estado se ahorraría unos 0,5% del PBI, que es prácticamente la totalidad del recorte del déficit que tiene que lograr la Argentina el año próximo.

También hubo otro aspecto que es la desaceleración del gasto público, que venía creciendo en términos reales durante el primer semestre, antes de la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía. El equipo del ahora ministro estimó apenas llegó al Palacio de Hacienda que si se hubiese mantenido sin cambios el ritmo de gasto que había heredado terminaría el año con un déficit de 3,2% del PBI, es decir 0,7 puntos por arriba de lo pactado con el Fondo.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso planteó números en ese sentido. En el primer semestre el gasto crecía en términos reales 12,5%, con picos en enero (19%) y marzo (16,8%), mientras que en la segunda mitad del año el proceso fue el inverso, con una merma general de 16,2% real, con un 20,4% de contracción en agosto.

Con datos anticipados de noviembre, un estudio de la consultora Analytica estimó que el gasto primario real cayó $111.600 millones (7,2%) respecto de octubre. De esta forma, medida en términos interanuales, la reducción en pesos constantes alcanza a $706.116 millones, lo que equivale a un retroceso de 34,3 por ciento.

Al tomar en consideración los sectores en particular, la obra pública tuvo un recorte de 31,9%, algo que Anaylitca destaca de manera especial “dada su relevancia en la actividad económica”.

“Al igual que en octubre, la variación acumulada anual del gasto primario volvió a ser negativa en noviembre, llegando a $814.000 millones”, mencionó el reporte privado, basado en datos oficiales del presupuesto abierto, que tienen menos rezago que la información que brinda de forma mensual la Secretaría de Hacienda. “Desde la llegada de Massa en agosto, el gasto primario cayó $1,7 billones respecto de igual período de 2021 (23%)”, agregó el informe.

Más adelante, el análisis de Analytica afirma que en noviembre la cuenta de subsidios económicos (uno de los que Sergio Massa planteó como uno de los elementos centrales para el ordenamiento fiscal a través de un esquema nuevo de segmentación de tarifas con topes de consumo) cayó $2.190 millones en relación a octubre, y $8.123 millones menos que los del mismo mes de 2021.

“En la dinámica anual se observa una fuerte disminución a partir del pico de marzo. Hasta ese momento se sentían los efectos del aumento de los precios internacionales de la energía por la guerra en Ucrania y el fuerte retraso de las tarifas públicas respecto del nivel general de precios”, analizó la consultora que dirige Ricardo Delgado. “A partir de allí, el gasto mensual desestacionalizado en subsidios muestra una tendencia decreciente, a excepción de octubre”, se mencionó.

Entre las medidas de austeridad también se inscribe una que tiene que ver con el empleo público: el congelamiento en las plantas de personas del sector público. El último informe del Indec, que en los últimos meses comenzó a hacer un seguimiento de la cantidad de puestos de trabajo en la administración pública nacional y empresas del sector público, midió que la Administración Centralizada representa el 16,6% del total, la Administración descentralizada el 38,8%, la Administración desconcentrada 7,4%, otros entes 4,6% y las Empresas y sociedades el 32,7% restante.

Luego habrá un par de medidas que apuntarán más a sumar ingresos adicionales al fisco. Una de ellas es el anticipo de Ganancias de 2023 para un grupo de empresas. El Gobierno ya acumuló hasta noviembre una recaudación de $146.000 millones tras los dos primeros vencimientos del anticipo de Ganancias. Así, entre octubre y noviembre percibió poco menos del 60% del total que espera como ingreso el fisco y se proyectan otros $80.000 millones para diciembre.

Y por último, otra vía de ingresos será el dólar soja 2: la liquidación más acelerada del complejo oleaginoso, que paga retenciones a las exportaciones, le supondrá al fisco una percepción que se estima cercana a $160.000 millones. Ya en septiembre parte de la explicación por la cual el Estado cumplió la meta intermedia del tercer trimestre con el FMI en términos de tope en el déficit primario se basó el el aporte de derechos de exportación que supuso el dólar soja 1.

En paralelo al freno en el ritmo de gasto público, un termómetro de la velocidad de las erogaciones y la ejecución presupuestaria suele verse en el monto de pagos atrasados que acumula la administración nacional, lo que suele ser conocido como la deuda flotante, es decir, pasivos hacia dentro del propio sector público. En términos generales, un incremento de ese stock implica un freno en el ritmo de pagos y por el contrario, una caída en ese número, la aceleración de ese flujo.

Si bien reviste una importancia menor, el Fondo Monetario Internacional toma en consideración la deuda flotante como uno de las metas cuantificables del acuerdo vigente. De acuerdo a los datos de la Tesorería General, en septiembre la deuda flotante había sido de $841.000 millones, contra los $713.000 millones de agosto y $717.000 millones de julio. El tope establecido en el acuerdo a fines de septiembre fue de $612.000 millones. La lectura no es lineal, ya que los $841.000 millones incluye algunos gastos que no son tomados en cuenta en la revisión del FMI, por lo que podría ser menor.

Esa tendencia muestra, así, que se volvieron a acumular hacia fines del tercer trimestre pagos atrasados intra sector público. De todas formas, de acuerdo a los últimos datos oficiales a los que accedió Infobae, el monto de pagos atrasados volvió a achicarse en octubre tras ese pico de septiembre y cayó hasta $680.000 millones, lo que deja a ese número más cerca de los $612.000 millones previstos en el programa financiero con el Fondo.

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