La Aduana denunció que una firma argentina importó 10.745.000 guantes de látex de manera irregular y, mediante una maniobra de triangulación financiera, se hizo de más de 4,5 millones de dólares del Banco Central.
El procedimiento, realizado por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP, detectó que presuntamente la mercadería -que se encontraba en un depósito de la Zona Franca La Plata- había sido declarada a un valor alto para el tipo de producto que involucraba: mientras que el precio unitario que figura en la operación es de USD 0,51, la Aduana considera que el valor razonable -en base a estudios de valor y antecedentes- es más cercano a los USD 0,085 (USD 8,50 por caja de 100 unidades). Esto supone una sobrefacturación del 600 por ciento.
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“La maniobra resulta especialmente grave dado que se aprovecha de que, en el marco de la emergencia sanitaria, el Decreto 333/2020 había exceptuado a los guantes y barbijos de uso médico del pago de derechos de importación”.
Así, mientras que el pago arancelario de la operación es nulo, lo saliente es su impacto sobre las reservas de divisas. En ese marco, Guillermo Michel, director General de Aduanas, afirmó en forma enfática: “Debemos cuidar los dólares para la producción y el trabajo, no para la especulación financiera”.
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Los guantes tienen como origen Malasia, Hong Kong y China, pero se ingresaron al país refacturando la mercadería desde Uruguay y Brasil. A su vez, los giros al exterior se triangularon a través de bancos con sede en Estados Unidos.
Asimismo, en el marco de las mismas investigaciones, también se detectó una triangulación y sobrefacturación de USD 1,7 millones en barbijos de uso médico, que sumada a la sobrefacturación detectada en la importación de guantes, da un total de USD 6.2 millones.
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La denuncia presentada por la Aduana dio lugar a una causa penal que quedó radicada en el Juzgado en lo Penal y Correccional Federal Número 3 de La Plata, del juez federal Ernesto Kreplak. Se investigan los delitos de contrabando y violación a la Ley Penal Cambiaria.
Las medidas ordenadas por la justicia implicaron el allanamiento de domicilios vinculados a las empresas y el secuestro de teléfonos celulares. Se trabajó en conjunto con la DGI y ARBA.
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Además, la Aduana solicitó a la Justicia que, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), se activen los mecanismos de intercambio de información a las unidades antilavado de Estados Unidos (FinCen), Uruguay (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo —SENACLAFT) y Brasil (Agencia Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo —LA/FT)
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