
El Senado aprobó el miércoles la prórroga de la vigencia del blanqueo de capitales para activar al sector de la construcción, uno de las medidas que venía impulsando el ministro de Economía, Sergio Massa. La Cámara alta convirtió en ley un proyecto que prorroga la vigencia del blanqueo para el sector con incentivos impositivos para quienes declaren sus bienes.
Aprobada a comienzos de 2021, la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda buscó impulsar el desarrollo del sector, uno de los que fue más afectado por la pandemia de coronavirus. La iniciativa obtuvo 35 votos a favor y 26 en contra —Juntos por el Cambio votó negativo— establece un impuesto especial sobre los bienes que se declaren, que deben ingresar a una cuenta especial.
En base al esquema previsto, para los bienes ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta transcurrido el plazo de 90 días corridos, la alícuota que deberán tributar será de 5%. En tanto, los ingresados desde el día siguiente de vencido el primer plazo y hasta transcurrido otros 90 días, la tasa será de 10%; y los declarados desde el día siguiente de vencido el segundo plazo y hasta transcurrido 180 días corridos, abonarán una alícuota de 20%.
Los senadores del oficialismo manifestaron que la orientación de este proyecto es continuar con el repunte de la industria de la construcción, la generación de nuevos empleos registrados y el aumento de la recaudación a través de la regularización impositiva. En cambio, desde Juntos por el Cambio justificaron su voto negativo porque un blanqueo otorga beneficios para los que evadieron.

“Va a haber adhesión porque el régimen es muy favorable para el que tenga dólares y quiera blanquearlos en un proyecto de construcción. El esquema es muy favorable, pero aventurar la magnitud cuántos millones de dólares se van a adherir, aunque se manejan cifras, creo que nadie lo sabe”, advirtió Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).
“La expectativa que tenemos es muy positiva. Somos optimistas; es algo que reclamamos y pedimos hace mucho tiempo. Es algo que se postergó y siempre insistimos que estaba bueno que saliera con estos plazos más largos. Hay una reglamentación que esta pendiente, pero como ya estaba definido el sistema anterior me imagino que esta reglamentación simplemente se va a estar adecuando a los plazos nuevos. Así que ojalá tenga gran impacto, creemos que es una herramienta muy positiva para el sector y esperamos que funcione”, dijo Damián Tabakman, presidente de CEDU (Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos).
En tanto, el presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), Mariano García Malbrán, señaló que “la reapertura del blanqueo de capitales puede representar un adicional de inversión privada de entre USD 4.000 y 4.500 millones y que sin lugar a dudas multiplicará el trabajo y servirá de motor para la reactivación de la construcción y del aparato productivo nacional en general; además de sumar unidades habitacionales en el mediano plazo a un mercado que no logra satisfacer la demanda”.
Por su parte Iván Ginevra, CEO de GNV Group, consideró que la ley es un verdadero incentivo a la inversión, a la actividad económica y a la generación de mano de obra sin costo fiscal para el Estado. “Es urgente y de suma importancia que se generen medidas de reactivación de la economía real”, señaló.

Ahora, resta esperar a la publicación de la Ley en el Boletín Oficial para que entre en vigencia. El tributaria Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, destacó que la etapa anterior del blanqueo con 5% de impuesto solo había durado 9 días hábiles por el retraso en su reglamentación. “Eso sumado a los problemas operativos para abrir las cuentas especiales (CECON.Ar) en los bancos y al escaso tiempo para efectuar transferencias del exterior y que se acrediten en término, hirió de muerte al Régimen en su inicio”, recordó.
¿Por qué la anterior ley de blanqueo tuvo escaso impacto para reactivar el sector? “Durante la vigencia del Régimen hubo jurisdicciones que restringieron las actividades de la industria de la construcción por el Covid-19. Ese contexto de restricciones desincentivó el acceso al blanqueo por la falta de un horizonte claro o, por lo menos razonable, del momento en que finalizarían los proyectos inmobiliarios en los que se pretendía invertir”, dijo Domínguez.
“Argentina tiene una larga historia de blanqueos que incentivan al incumplimiento y favorecen a quienes no pagaron los impuestos que correspondían en detrimento de los cumplidores. En el contexto actual de crisis y emergencia, es es difícil determinar el grado de éxito que tendrá la prórroga. El fundamento de promover este Régimen es que los desarrollos de proyectos inmobiliarios de obras privadas nuevas motorizarán la economía, ya que reactivan actividades y generarán nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos”, agregó el tributarista.
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