
Una de las atribuciones que tendrá Sergio Massa como ministro de Economía será la relación con los organismos internacionales de crédito. Es una millonaria cartera de préstamos que el Poder Ejecutivo nacional necesita para llevar adelante un puñado de proyectos de infraestructura, de salud y de apoyo a programas sociales y que, además, representan un aporte de divisas para las alicaídas arcas del Banco Central.
Hasta la reestructuración del gabinete, el Palacio de Hacienda se encargaba principalmente del diálogo con el FMI y la Secretaría de Asuntos Estratégicos que ocupaba Gustavo Beliz y que desde ahora estará en manos de la todavía titular de AFIP Mercedes Marcó del Pont, llevaba adelante gestiones ante otra entidades como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el CAF, Fonplata, entre otros.
No se trata de un tema menor: en un contexto en que el Gobierno tiene como única canilla posible de financiamiento la emisión de bonos en pesos, la chance de conseguir dólares por la vía de préstamos bilaterales -que a diferencia del crédito en el mercado internacional de deuda tiene condiciones más laxas- forma parte de un cortísimo menú de fondeo. Y si es en dólares, en medio de la sequía de reservas, se convierte en imprescindible.
Tanto es así que esa cuestión formó parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, e incluso está explicitado que parte del acuerdo es que el FMI colabore en nombre del Gobierno en facilitar la llegada de préstamos de este tipo.
El acuerdo firmado en marzo por Martín Guzmán preveía, como hoja de ruta inicial, desembolsos por USD 2.600 millones, entre financiamiento neto que le quedaría al Tesoro y al Banco Central y para distintos proyectos de inversión. En las últimas semanas el Poder Ejecutivo sostuvo que los envíos desde esas instituciones viene demorado y por eso complica, por ejemplo, el cumplimiento de la meta de acumulación de divisas.

De acuerdo a datos del organismo, el Banco Mundial aprobó proyectos por unos USD 2.000 millones a lo largo del año pasado y tiene previsto aprobar otros USD 2.000 durante el 2022. Con ese dinero financiará una variedad de proyectos en distintas áreas desde infraestructura hasta programas de inclusión y protección social. Según fuentes de la entidad, la cartera activa de proyectos en la Argentina incluye 24 iniciativas con un fondeo total de USD 8.400 millones.
El BID, por su parte, tiene una cartera activa de USD 11.700 millones con la Argentina, mientras que otros dos organismos de préstamos bilaterales como el CAF poseen una cartera de USD 3.879 millones y Fonplata, por poco más de USD 400.000 a diciembre de 2021. De esa forma, el monto total de préstamos vigentes ronda los USD 24.500 millones. Incluso podría ser mayor el número ya que alguna cifras no contemplan nuevos financiamiento a lo largo de este año.
El programa financiero acordado con el FMI preveía que “financiamiento neto firme para los primeros 12 meses del acuerdo”, según el memorando de política económica elaborado por el Gobierno argentino.
En esa lista, que implica en total USD 2.600 millones durante el primer año del acuerdo aparecen como acreedores el Banco Mundial (USD 792 millones), el Banco Interamericano de Desarrollo (USD 959 millones), el Fondo Andino de Fomento (CAF, USD 550.000), Fonplata (USD 740.000), BICE (USD 580.000). En el frente bilateral oficial, el Gobierno esperaba de acuerdo al acuerdo con el FMI, financiamiento neto de China (USD 455 millones) y otros bancos bilaterales (USD 207 millones).
En el informe de revisión de las primeras metas trimestrales, el Gobierno dio alguna precisión más sobre lo que espera de esa hoja de ruta. “Se espera que el financiamiento oficial neto repunte y alcance un total acumulado de USD 600 millones a fines de junio y alrededor de USD 2500 millones a fines de 2022, dividido entre bancos multilaterales de desarrollo (USD 2200 millones) y acreedores bilaterales (USD 300 millones)”, mencionó Economía.

La cifra de desembolsos que puedan ingresar por parte de organismos bilaterales y bancos de desarrollo incluye además una particularidad técnica que podría ayudar al Poder Ejecutivo a cumplir sus metas trimestrales del acuerdo. Eso es así porque los dólares que lleguen por este canal actúan como “ajustadores” de esos objetivos intermedios.
De acuerdo al memorando técnico, “la meta de déficit primario se ajustará hacia arriba (o a la baja) por el déficit (o exceso) en el gasto financiado por desembolsos de préstamos para proyectos de socios multilaterales y bilaterales”. Es decir, si el Gobierno consiguiera dólares de organismos bilaterales que sirvan como apoyo presupuestario, tendría una meta fiscal distinta, y lo mismo pasaría con las reservas: si se demorara esa llegada de divisas, la exigencia trimestral de acumulación de reservas sería menor.
En los últimos días se puso de manifiesto un enfrentamiento entre la conducción del BID, en manos de Mauricio Claver-Carone y el gobierno argentino. El funcionario, nombrado durante la administración de Donald Trump, algo que rompió la tradición de que ese organismo sea conducido por un latinoamericano, mencionó que el BID no aprobaría nuevos créditos hacia la Argentina por la crisis económica y financiera.
Lo hizo a través de una columna de opinión mientras la entonces ministra Silvina Batakis seguía en misión oficial en Washington. De todas formas, horas después de esa explosiva carta de Claver-Carone, el BID anunció de manera oficial que liberaría préstamos. En primer lugar, USD 200 millones para la descarbonización del sector eléctrico. Este jueves, otros USD 75 millones para mejorar el servicio de agua potable en la Provincia de Buenos Aires.
Además, el BID expresó en un comunicado su “apoyo a la Argentina”. “El Grupo BID continúa comprometido con apoyar la agenda de desarrollo de Argentina con proyectos que tienen impacto directo y medible en el desarrollo”. Además, anticipó que a lo largo del año enviaría unos USD 2.370 millones.
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