La Dirección General de Aduanas descubrió que una empresa obtuvo autorizaciones judiciales —vía medidas cautelares— para importar mercadería sin contar con el requisito de validarlo a través del sistema integral de monitoreo de importaciones (SIMI), pero luego “cedió” la autorización a otra empresa, dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia.
“Estamos trabajando para ver si hay otras maniobras similares de otras empresas”, destacaron en el organismo que dirige Guillermo Michel. La causa está radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo en lo federal número 8, secretaria 15. Aduana también planea hacer una denuncia en el fuero penal económico por estafa procesal y se habla de una multa de, al menos, USD 200.000, que es lo que prevé el código adunaro.
“¿Alquiler de cautelares?”, se preguntó Cristina Kirchner desde su cuenta de Twitter. “O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, ¿además las alquilan? Esa sí que no la tenía. Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible”, escribió la vicepresidenta.
Se hace por medio de convenios truchos de cesion de marcas. Es un trabajo artesanal. vamos a revis
Si bien en la Aduana no saben aún cuántas empresas podrían ser parte de este esquema de “alquileres de cautelares”, prometen revisar toda la lista. “Es un trabajo artesanal”, reconocen y destacan que el universo potencial es grande: en los últimos dos años se importó por medio de cautelares por unos USD 1.800 millones.
Modus operandi
La empresa podía usufructuar la medida judicial sin tener la SIMI aprobada. La Aduana denunció, en un escrito presentado el pasado viernes, que la empresa Yoko S.A. no utilizó la “cautelar” en los términos que la obtuvo y que “transfirió” la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de la empresa Tropea S.A.
Para esto, la Aduana expuso ante la justicia una simulación de Yoko mediante una “contrato” de autorización para comercializar la marca Tropea solo por un mes: entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022. Justo el momento en el que la mercadería debía ser nacionalizada con la SIMI preautorizada de Yoko, según detalló en un comunicado.
“En términos llanos, Yoko le alquiló la cautelar a Tropea para que pudiera hacerse de su mercadería (carteras de origen chino). En definitiva, funcionó como una usina de SIMI”, señalaron.
“La Aduana debe proteger a la industria nacional y al empleo argentino, pero también debe evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado”, señalo Michel.
Luego de la detección de la maniobra, la Aduana bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y aplicó una multa que podría ser hasta cinco veces el monto importado. Además, acusó a la empresa de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal.
Por último, se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, puso en conocimiento de los hallazgos y le reclamó al juez que habiendo sido burlada la medida judicial, se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la justicia en lo penal económico por presunta estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en un asunto federal.
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