
El índice de inflación de marzo que se conocerá la semana que viene pondrá sobre la mesa de discusión del Banco Central la posibilidad de un retoque más a la tasa de interés de referencia, para evitar que pierda terreno en relación al ritmo de suba de precios. Mantenerla “positiva en términos reales” es un compromiso que tomó el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional.
El 4,7% de inflación de febrero ya había forzado a un reajuste en el interés que pagan las colocaciones en pesos y que derrama, por ejemplo, sobre las tasas de interés de los plazos fijos y, en la otra mano, en el costo del crédito productivo. El BCRA intenta moverse en un delicado equilibrio entre sostener al peso y evitar presiones dolarizadoras sin que una tasa demasiado alta ahogue el flujo de préstamos al sector privado.
Según explicaron fuentes oficiales a Infobae, el compromiso del Poder Ejecutivo en el acuerdo con el FMI respecto a la tasa de interés -y también sobre el tipo de cambio- no tienen carácter condicional sino que forma parte del “espíritu” consensuado con el organismo respecto a cómo debería ser la política de la autoridad monetaria.
Más allá de que no representa una meta exigible por parte del Fondo, sí formará parte de las evaluaciones trimestrales que hará el staff técnico sobre el desempeño de la política económica. A mediados de mayo, cuando tenga lugar la primera revisión, el FMI hará su balance sobre cómo fue el sendero de tasas que eligió transitar la entidad que preside Miguel Pesce.

Según explicaron desde un despacho oficial, el análisis sobre cuántos puntos porcentuales aumentaría la tasa de interés tras el IPC de marzo -que las consultoras proyectan por encima del 5%- no es una “fórmula automática”, sino que se tomarán en cuenta distintos factores adicionales.
Un criterio similar, por ejemplo, toma el directorio del Central para “muñequear” el ritmo de incremento del dólar mayorista. La lectura lineal indicaría que debería moverse en sintonía con la inflación, aunque fuentes oficiales aseguran que hay otros elementos en la cuenta, como la reevaluación de otras monedas, la inflación en dólares o la propia retroalimentación en la inflación local que podría tener un ajuste en el tipo de cambio.
El 22 de marzo pasado, una semana después del dato oficial de inflación de febrero, el BCRA determinó una suba de tasas hasta el 44,5% anual. Fue así el tercer ajuste en el interés que pagan los pesos en lo que va del año: el 6 de enero, luego de un año sin cambios, la había tocado desde 38% hasta 40%, mientras que el 17 de febrero la subió desde 40% al 42,5 por ciento.
Las tasas para plazos fijos para personas físicas, tienen desde ese día un nuevo piso de 43,5% anual para los depósitos a 30 días hasta 10 millones de pesos. En términos de tasa efectiva anual implicaría un rendimiento de 53,3 por ciento. Mientras que para el resto de los depósitos del sector privado la tasa mínima garantizada se estableció en 41,5%, lo que representa una TEA de 50,4 por ciento.
En su último comunicado al respecto, el BCRA consideró que “la economía mundial enfrenta un shock de oferta que se traduce en subas de los precios” de todas las commodities, materias primas e insumos que afectan directa e indirectamente a los precios en la Argentina. “El Gobierno nacional se encuentra desarrollando medidas tendientes a mitigar el impacto en los precios locales de este shock internacional”, concluyó el BCRA.
Desde el Gobierno destacan como un logro que, por el momento, las tasas que no son reguladas por el Banco Central como las de los créditos personales, no se dispararon por la aceleración inflacionaria y el reajuste de la tasa de referencia que inició este año la entidad. En ese sentido también remarcan a las tasas que cobran las tarjetas de crédito, más allá de que hay una parte de ese interés que está subsidiado.

El Banco Central tiene, al igual que el Ministerio de Economía, una serie de metas exigibles y otros compromisos incluidos en el programa económico acordado con el FMI. En el primer grupo, que se denominan criterios de ejecución, están el límite a la financiación del déficit por la vía de la emisión monetaria y la acumulación de reservas. Luego hay otro grupo que se llaman metas indicativas, que no necesitan algún waiver (excepción) en caso de incumplimiento. Para el BCRA eso incluye el tope a la intervención en el mercado de dólar futuro.
Según estiman fuentes oficiales, las primeras metas exigibles que vencieron la semana pasada podrán ser cumplidas con holgura por parte del BCRA. Para el caso de la sumatoria de reservas, el FMI y el Gobierno acordaron que habría una acumulación de USD 1.200 millones al finalizar el primer trimestre. El Central sobrecumpliría ese objetivo por el desembolso de casi USD 9.700 millones que envió Washington horas después de que el directorio apruebe el nuevo programa.
También, aseguran, quedaron con un amplio margen a favor a la hora de la revisión de la monetización del déficit: el BCRA solo utilizó $120.000 de su límite de envíos al Tesoro para cubrir el rojo fiscal. La letra chica del acuerdo incluía un tope de casi $237.000 millones.
Habrá, según está previsto en el acuerdo, un compromiso central del BCRA hacia fin de año: establecer una hoja de ruta potencial de desarme de los controles cambiarios y una migración a un esquema de regulaciones “macroprudenciales”. En el Gobierno aseguran, de todas formas, que no necesariamente tengan que esperar hasta ese momento para liberar parcialmente el cepo cambiario, sino que dependerá, coyunturalmente, de qué tan ancho sea el colchón de reservas a lo largo del año.
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