El ajuste de tarifas fue posiblemente uno de los pocos temas a los que se refirió con más precisión Alberto Fernández durante su discurso para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso. El Presidente indicó que un 10% de la población del AMBA no tendrá más subsidios, pero al mismo tiempo indicó que el resto tendrá aumentos que se ubicarán “por debajo del índice de salarios”. Es decir tendrán un tope, pero mucho más alto que el que se venía anunciado para los usuarios de AMBA.
De esta forma, quedó relativizada la idea de que el incremento del 20% promedio que ya se definió para luz y gas a partir de este mes sería el único del año. Ahora el Gobierno plantea un nuevo horizonte para las subas, indicando que en realidad los aumentos se guiarán de acuerdo a la evolución de los salarios.
Aunque no fue especificado, todo indica que esta nueva forma de encarar el ajuste de las tarifas fue negociada con el Fondo, porque los números presentados inicialmente por Martín Guzmán no cerraban por ningún lado.
Por otra parte, la intención del Gobierno es que los salarios no pierdan con la inflación, algo que con mucho esfuerzo se logró el año pasado. Sin embargo, se trata de una evolución desigual, ya que los ingresos del sector público aumentaron 58%, para los trabajadores del sector privado formal la suba fue del 55%, mientras que para el sector informal llegó a tan sólo 40%.
Teniendo en cuenta que la inflación esperada para este año se ubica en alrededor del 55% y que los salarios aumentarían un nivel similar, no es aventurado inferior que las tarifas podrían aumentar no menos del 50% durante el año. De esta forma, la suba estará mucho más cerca de la propuesta que siempre quiso imponer el Fondo con el objetivo de reducir los subsidios económicos.
Los expertos en energía indican que el ajuste tarifario debería ubicarse entre 50% y 60% para que los subsidios no aumenten este año, considerando el aumento de costos por la inflación y también el incremento de precios internacionales. Para lograr un ahorro de 0,6% que permita cumplir con la baja del déficit prometida con el FMI, el ajuste tarifario debería llegar este año a nada menos que el 140 por ciento.

El equipo económico asegura que la reducción del déficit se logrará a partir de tres caminos. En primer lugar, evitar que sigan aumentando los subsidios, luego a través del crecimiento económico y combatiendo además contra los elevados niveles de evasión. Sin embargo, lo más probable es que una porción importante de la recaudación la aporte el aumento de la inflación, que provocará un ajuste de los gastos estatales.
Cuando se conozca formalmente el acuerdo con el FMI seguramente quedará mucho más claro cuáles son las opciones que se manejan para reducir el déficit desde el 3% del año pasado al 2,5% del PBI en 2022.
Si bien el Presidente aseguró que todavía no estaba listo el acuerdo, desde Economía reconocieron que “está cerrado” y que en los próximos días será remitido al Congreso, algo que también adelantó Alberto Fernández durante su discurso.
Junto a la reducción del rojo fiscal, que el año que viene deberá bajar otro escalón hasta 1,9%, el Fondo también presiona para que el financiamiento del Tesoro por parte del BCRA baje este año desde el 3,7% al 1 por ciento. El año que viene debería caer a 0 por ciento. Esto obligaría a una gran emisión de bonos en pesos por parte del Tesoro durante los próximos años, en lo que la oposición dio en llamar una nueva “bomba fiscal” que le está dejando este gobierno al que sume en 2023.
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