Negociación con el FMI: el Gobierno llega a marzo sin acuerdo y prolonga la incertidumbre sobre el programa económico

A horas de que el presidente Alberto Fernández dirija al Congreso su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el Gobierno aún no terminó de cerrar el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, que el propio parlamento tendrá que discutir. La letra chica del programa financiero aún se discute entre Buenos Aires y Washington, en medio de la tensión interna en la coalición de Gobierno sobre los alcances que tendrá.

El fin de semana continuaron los contactos por videoconferencia, a pesar de que el ministro de Economía Martín Guzmán repartió su agenda con actividades en la provincia de Misiones, donde fue a anunciar una asistencia de $ 2.000 millones del Estado nacional a esa provincia a través de un fondo fiduciario. El margen de maniobra de la Casa Rosada respecto al soporte financiero que podría realizar a los gobernadores fue uno de los puntos en duda en los últimos días, luego de la aparición de un borrador preliminar del punteo final con el staff del Fondo.

En un sector del oficialismo generó resquemores que el Ejecutivo se comprometiera, al menos en esa versión preliminar, a limitar las transferencias a las provincias y a las empresas públicas, aunque en una cuantía aún no fue determinada. Algunos dirigentes de la coalición de gobierno también miran con sospecha que el programa financiero ponga topes al gasto salarial para los empleados públicos, para que se actualicen al ritmo de crecimiento de la actividad económica. Y con mayor recelo aún un estudio de fondo sobre la “sustentabilidad y equidad” del sistema jubilatorio, aspecto que fue cuestionado en público por miembros del Frente de Todos cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, como Fernanda Vallejos, habitual crítica de la dirección de las negociaciones que lleva a cabo Guzmán.

El ritmo y tamaño de los desembolsos es uno de los primeros ítems de las cuestiones aún sin resolver. La expectativa del Gobierno es acceder a un primer aporte de al menos USD 7.500 millones en marzo, incluyendo la devolución de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que usó para pagar vencimientos con el Fondo.

El Poder Ejecutivo buscaba que el primer envío de dinero desde Washington sea lo suficientemente robusto para cubrir varios vencimientos hacia adelante en lo que resta del año (quedan pagar unos USD 17.000 millones en total). La lógica es que, de lo contrario, el Gobierno se expondría cada tres meses a una rutina de evaluaciones por parte del Fondo y de incertidumbre sobre la llegada o no de los dólares de cada desembolso que implicaría una dinámica que pondría presión sobre el dólar y los activos nacionales.

Otro tema es cuál será el nivel de crecimiento del PBI en los años en que dure el programa, al menos en los primeros tres años en que hay metas exigibles. La inflación también fue un tema de conversaciones y de tira y afloje entre el Gobierno y el organismo. El Poder Ejecutivo confía en una pauta de suba de precios para este año cercana al 40% y el FMI está más alineado con las proyecciones del sector privado.

También formaron parte del debate entre la capital argentina y la norteamericana un plan para los subsidios y tarifas. Los lineamientos principales que fueron anunciados el 28 de enero no incluyeron metas mensurables de recorte del gasto en subvenciones, pero el FMI remarcó que su reducción “sostenida” es un elemento decisivo del programa macroeconómico plurianual.

Según publicó recientemente Infobae, la discusión sobre las tarifas versa en dos esquemas diferenciados para la actualización de los precios de servicios públicos. La idea que puso sobre la mesa de negociación el oficialismo fue la de reajustar esos valores relativos con el mismo ritmo al que lo hagan los salarios. El organismo, por su parte, plantea subas por encima de la inflación esperada.

La proyección de precios fue, además, materia de debate en las maratónicas sesiones de Zoom entre los funcionarios argentinos y los técnicos del FMI. Habría finalmente una pauta intermedia entre la estimación oficial, que rondaba el 40% y el planteo del Fondo Monetario, más cerca de las expectativas del sector privado, bien por encima del 50 por ciento. Posiblemente, además, se plantearán rangos de inflación para cada año. La pendiente de reducción del ritmo inflacionario sería de unos 5 puntos porcentuales anuales, la misma meta que se había propuesto Martín Guzmán a principios de 2021.

Hay, para algunos analistas, una relación directa entre cuál será la actualización de tarifas y la inflación final que se termine por acordar en la letra chica del memorando de entendimiento. “La reducción de los subsidios será uno de los pilares del acuerdo con el FMI y esto implicará una suba de las tarifas de gas, electricidad y transporte”, consideró un informe reciente de la consultora PxQ, que dirige el ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis.

“El peso directo de Electricidad y Gas en el IPC es de 1,23% y 1,65% respectivamente, mientras que transporte público tiene una ponderación de 2,95% en el índice. Además los aumentos de tarifas tienen efectos de segunda ronda ya que entran en la matriz de costos de las empresas y, por tanto, en la conformación de precios de bienes y servicios. Es por eso que reducir los subsidios terminará siendo inflacionario”, concluyó.

El Congreso mantendrá este lunes feriado su mesa de entradas abierta, algo inusual para tratarse de un día no hábil, según publicó Infobae, para el caso de que el Ministerio de Economía envíe sobre la hora, antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso a cargo de Alberto Fernández. Este domingo desde el Palacio de Hacienda evitaron hacer mención sobre qué tiempos de resolución necesitará el tramo final de las negociaciones con el FMI.

Por lo pronto, el Gobierno tendrá menos margen del que planeaba hasta hace algunos días para hacer pasar el memorando de entendimiento con el Fondo por el Congreso y luego esperar la aprobación defintiva en el directorio en Washington. El paso más relevante, cree un sector del equipo económico, de todas formas, es completar la negociación técnica: “El staff no va a aprobar un acuerdo técnico sin antes tener el aval del directorio”, confían.

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