Aumento de tarifas: se inicia el proceso para tomar una de las medidas más resistidas por el Gobierno

La realización de la primera audiencia pública para debatir el aumento en el precio del transporte y distribución de gas que se realizará mañana iniciará el proceso de una de las medidas más traumáticas para la gestión económica y también más resistida por el Gobierno: el ajuste de tarifas. Se trata del primer paso concreto en más de dos años para avanzar en una de las exigencias básicas del Fondo Monetario, que debería culminar con un incremento en las boletas a partir de marzo. Sin embargo, las señales en materia energética aún son ambiguas o, al menos, difieren en intensidad. Mientras todo hace pensar que, finalmente, el Gobierno avanzará en el aumento del gas antes del invierno, todavía no se produjeron novedades en materia de electricidad, rubro que insume el 70% de los subsidios a la energía.

El enojo de los usuarios por los cortes masivos de suministro producidos la semana pasada como consecuencia de la ola de calor no son, tal vez, el contexto ideal para implementar la segmentación de tarifas cuya puesta en marcha se había anunciado para estos días. Pero, al mismo tiempo, la situación dejó en evidencia la necesidad de mayores inversiones para sostener un aumento de la demanda. Ese objetivo luce imposible de lograr sin una readecuación del esquema tarifario que inevitablemente implicará un costo económico en materia de inflación.

A fin del año pasado, el secretario de Energía, Darío Martínez, anunció para las primeras semanas de 2022 la aplicación de las tarifas segmentadas, un esquema, basado en el valor del metro cuadrado de las propiedades por el que el aumento de las boletas rondaría 20% en promedio, aunque sería mucho más elevado para aquellos sectores de mayores recursos. Pero nada de eso parece estar encaminado. A diferencia de lo que ocurre en el sector del gas, no hay fecha estimada para la convocatoria a audiencias públicas para iniciar el proceso, lo que permitiría adecuar los cuadros tarifarios recién a partir de abril.

Tampoco en las empresas distribuidoras tienen alguna noticia sobre el avance de la segmentación o la nueva implementación de una tarifa de transición. La expectativa de las compañías se circunscribe, por el momento, a un eventual “conversación” en el corto plazo, una vez que las autoridades hayan procesado la información del reciente reempadronamiento. Es que, a principios de diciembre, el Gobierno dispuso la regularización de la base de datos para ordenar la información de 1,5 millón de usuarios, lo que se presumió la antesala de la segmentación y aumento de tarifas.

Sin embargo, todo indica que habrá nuevas dilaciones a pesar de la insistencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, en que este año se reduzcan los subsidios. Durante 2021, los subsidios energéticos alcanzaron los USD 10.500 millones y, a pesar de la intención oficial de recortarlos, los especialistas señalan que este año podrían volver a tener un salto de unos USD 4.000 millones. Esto porque, según señalan desde el IAE General Mosconi, si se confirma un aumento de 20% se destinará a transporte y distribución mientras que el costo de generación seguirá concentrando el monto de subsidios. En este sentido, los usuarios pagan hoy menos de 40% del costo de generación, el mismo nivel que cubrían hace 14 años, lo que fue corregido parcialmente hacia 2019. Ese año, las tarifas cubrieron 68% del costo.

Recomponer esa relación, en un contexto de alta inflación, no será sencillo. Esto porque, junto con el atraso del dólar oficial, el congelamiento de tarifas fue precisamente uno de los mecanismos utilizados por el Gobierno como “ancla” para el avance de los precios. Discusión sobre su efectividad aparte, lo concreto es que soltar ese ancla como exige el Fondo Monetario en pos de reducir el déficit fiscal -también inflacionario, particularmente si es financiado con emisión monetaria- va a tener impacto en los precios, tal como sucedió durante la corrección de tarifas durante la gestión anterior.

“Típicamente los acuerdos de facilidades extendidas con el FMI, como el que busca firmar la Argentina, involucran ajustes fiscales. El Fondo suele priorizar el rol de la política fiscal para la acumulación de reservas por sobre su impacto en los precios”, analizó un informe reciente de la consultora Analytica donde calcularon que el incremento necesario para retrotraer la situación a 2019 implicaría un costo inviable de 14 puntos más de inflación sobre el 51% en que cerró el año pasado.

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