
La evaluación inicial que hizo la Secretaría de Comercio Interior sobre el primer mes de congelamiento de 1.432 productos hasta el 7 de enero arrojó como conclusión que en casi todos los casos los supermercados tienen en sus góndolas los precios que impuso el programa de control pero que en el 20% de las inspecciones hubo faltantes de productos.
El Gobierno lleva adelante unas 300 inspecciones por semana en supermercados y autoservicios de todo el país. Apunta principalmente a controlar cómo se lleva adelante el congelamiento de precios en las grandes superficies comerciales, en las que resulta más “simple” coordinar la puesta en marcha de un programa de estas características, a diferencia de lo que sucede en los supermercados más chicos y comercios de cercanía.
De acuerdo a las últimas estimaciones oficiales hechas por Comercio Interior con fecha de corte a este lunes y a las que tuvo acceso Infobae, en el Área Metropolitana de Buenos Aires el nivel de cumplimiento del programa Más Precios Cuidados -como se lo dio a llamar desde que lo implementó por resolución el secretario Roberto Feletti- es alto respecto a los valores que muestra en góndolas la canasta incluida pero detectaron un porcentaje mayor de faltantes.
En números concretos, en prácticamente el 99% de los casos analizados por los inspectores el precio estipulado en el programa se cumple, pero el porcentaje de casos con problemas de abastecimiento asciende al 20 por ciento, indicaron, aunque afirmaron que es un nivel aceptable. La posibilidad de faltantes en las góndolas había sido advertido, en los primeros días de implementado el programa, por el presidente de la Unión Industrial y de Copal, la central de empresas fabricantes de alimentos, Daniel Funes de Rioja, uno de los detractores de la medida.
Comercio Interior controla el cumplimiento de Más Precios Cuidados a través de dos vías, las inspecciones presenciales y un sistema interno de información por el cual los supermercados remiten a las autoridades del área los precios de venta de sus productos, con carácter de declaración jurada.
El Estado tiene, además, otra fuente de información con el Sipre (Sistema Informativo para la Implementación de Reactivación Económica) en el que un grupo de grandes empresas presentan todos los meses datos sobre precios, cantidades vendidas de bienes finales e intermedios y de stock.

Otra cuestión que detectaron los técnicos de la Secretaría de Comercio Interior es que terminó el efecto de caída de precios que habían medido en los primeros días de implementado el congelamiento. Según su medición, en los primeros diez días el recorte de precios había sido de 7,6%, desde ese momento hasta el 5 de noviembre solo cayeron 0,1% y desde ese momento hasta este lunes los precios incluidos en el congelamiento no tuvieron cambios.
En ese contexto, la semana que viene convocará nuevamente a supermercados de cercanía como los chinos, a sus proveedores como son los mayoristas y a un grupo de fabricantes de alimentos para volver a discutir cómo llevar a cabo el congelamiento en un circuito comercial como el de ese sector, que es distinto al de las grandes cadenas. El nivel de cumplimiento del programa en las superficies comerciales más chicas es menor.
No es menor, por otra parte, el peso de este segmento comercial en el consumo. De acuerdo a estimaciones oficiales, solo el 35% de las ventas se realizan en las cadenas de supermercados grandes, y el resto tiene lugar en comercios de cercanía, por lo que el congelamiento perdería fuerza al tener un nivel de penetración menor en ese sector.
Fuentes del sector habían señalado que el cumplimiento del programa en los almacenes se vio imposibilitado por la falta de márgenes, ya que estos comercios se abastecen de los mayoristas en su abastecimiento, a diferencia de los supermercados y las grandes cadenas.
Desde Comercio Interior admitieron “tensión” con ese circuito comercial. Hace diez días Feletti se reunió con representantes del segmento para reclamar que el congelamiento también deberá incluirlos. Los supermercadistas, por su lado, pidieron que el Gobierno ponga en marcha algún mecanismo para que el impacto en su rentabilidad sea menor.
Las dos propuestas que hizo el secretario de Comercio Interior tiene que ver con la búsqueda de un mecanismo para, en el caso de la leche fluida, devolver el 21% de IVA a los supermercados que la vendan, para de esa manera mejorar el margen de rentabilidad del comercio.

También se estudia un esquema para el aceite embotellado y para productos elaborados en base a aceite como la mayonesa, ejemplificaron. En este caso, el mecanismo sería la ampliación del fideicomiso del aceite que fue creado a principios de año por el Gobierno para descomprimir la suba de esos bienes durante el alza de precios internacionales.
En ese encuentro se acordó establecer una ventana de dos semanas para que los integrantes de ese circuito comercial lleve propuestas sobre cómo implementar el programa de precios en sus góndolas. La reunión, a priori, está planeada para el próximo martes.
A pesar de los reclamos del grupo de grandes compañías que pasaron por la oficina de Feletti en las últimas semanas para buscar algún resquicio para negociar algún aspecto del congelamiento, cerca del funcionario descartan que haya cambios considerable en el programa de control de precios hasta el 7 de enero, y esperan que los resultados de los intercambios que cruzan en la actualidad entre Gobierno y firmas sirva para configurar cómo continuará Más Precios Cuidados a partir del 8 de enero.
Una de las cuestiones centrales de las empresas buscaron negociar con Feletti fue cómo encontrar, sin desarmar el programa de congelamiento, algún mecanismo para flexibilizar el peso que tiene en las finanzas de las empresas alcanzadas por la medida.
El escenario que plantean los ejecutivos para poder “descomprimir” la tensión tendría dos salidas posibles. En un primer escenario, el programa Más Precios Cuidados -como empezó a denominarlo Feletti en las últimas horas- podría tener, como lo fue Precios Máximos durante la primera parte de la pandemia, ciertos aumentos acotados y autorizados por los despachos oficiales para productos que no formen parte de la canasta básica.
La otra opción, que ven menos probable en las compañías, es que en algún momento Comercio Interior opte por deslistar parte del catálogo incluido entre los 1.432 bienes congelados, algo que salieron a descartar de plano desde el Gobierno nacional.
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