Se demora el avance del Presupuesto por las diferencias entre el bloque oficialista y Economía acerca de las tarifas y el gasto social

En el Ministerio de Economía ya se resignan a que el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2022 pasará para después de las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre. Las autoridades de la Cámara de Diputados aún no convocaron al ministro Martín Guzmán a que vaya al plenario de comisiones para defender la iniciativa, que afronta cuestionamientos desde el propio Frente de Todos, lo que dificultó en estas semanas el avance legislativo.

La ley de leyes fue presentada ante el Congreso hace 34 días y tuvo un nulo avance en el tratamiento legislativo. A diferencia de lo que sucede habitualmente, el jefe del Palacio de Hacienda y su equipo no fueron citados en los días posteriores a la publicación del proyecto para que expliquen ante legisladores del oficialismo y la oposición los fundamentos de la iniciativa que prevé ingresos y gastos para el año próximo.

Esa demora se explica en la falta de consenso hacia el interior de la coalición de Gobierno sobre algunos puntos críticos del Presupuesto. Uno de los principales es sobre la política tarifaria que llevará adelante el Poder Ejecutivo el año próximo.

La iniciativa presentada por Guzmán establece un sendero de reducción de fondos para subsidios, que pasarían de 2,2% o un poco más a 1,5% del Producto Bruto Interno. Ante algunas declaraciones de dirigentes oficialistas como Máximo Kirchner horas después de conocido el proyecto, desde Economía aclararon que esa poda estaría explicada por la segmentación de tarifas y la pérdida de vigencia de un subsidio a la producción de gas puesto en marcha durante el gobierno macrista.

Según explican desde adentro del oficialismo parlamentario, tarifas y el nivel de gasto social previsto para el 2022 forman parte de las objeciones que hacen en el Frente de Todos a la hoja de ruta que planteó Guzmán para el año próximo. El Presupuesto establece un recorte del déficit del sector público, aunque se trata de un ajuste leve: proyecta un rojo fiscal primario del 4% para este año y del 3,3% para el próximo.

En el Palacio de Hacienda aseguran que Martín Guzmán todavía espera ser citado para comparecer ante el plenario de comisión de Presupuesto y Hacienda, pero estiman que los tiempos electorales no permitirán que el Presupuesto avance antes del 15 de noviembre. Muchos legisladores, afirman, están en sus provincias en plena campaña, por lo que la actividad legislativa será limitada hasta que se celebren los comicios.

Lo que todavía no está claro y en el oficialismo no arriesgan una explicación, es cómo se harían operativos los cambios eventuales que el Frente de Todos negocie con el ministro de Economía, si será a través de alguna adenda al proyecto o si se podrían modificar más adelante durante el tratamiento legislativo.

Incluso se habló de reuniones preliminares entre Guzmán y referentes del oficialismo en la cámara baja, como Sergio Massa, el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, y el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, encuentros que también fueron aplazados y esperan fecha.

“Cuando nos convoquen vamos a ir sin problema”, insistieron desde el Ministerio de Economía. Cerca de Guzmán además tratan de desligar la negociación con el Fondo Monetario al tratamiento del Presupuesto, algo que también levantaba resquemores en el oficialismo. “Las proyecciones que están en el Presupuesto son exactamente las mismas que habría si no estuviéramos en negociación”, aseguraron.

Las estimaciones oficiales incluidas en el Presupuesto recalibraron también distintas proyecciones para este año, en relación con las metas originales del presupuesto vigente, presentado hace un año. En 2021, el Gobierno estima una inflación de 45,1% -frente al 29% anual que dijo inicialmente- y un crecimiento del PBI del 8%. También estima una suba del salario real del 3,8% y un saldo comercial de USD 12.800 millones.

En materia de recaudación impositiva, el Presupuesto 2022 contempla una recaudación total de $15,7 billones, un 45,3% por sobre los $10,7 billones en que cerrarían este año. Desde el gobierno confirmaron que en 2022 no se crearán nuevos impuestos y que no habrá una nueva edición del “impuesto a la riqueza”.

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