Ayuda social: 27,3 millones de personas recibirán asistencia monetaria este año, 1 millón más que lo previsto

Analizar las pautas corregidas del Presupuesto de Gastos y Recursos del Sector Público Nacional para el corriente año y las proyecciones sobre una nueva base para el próximo es una tarea singularmente compleja en la Argentina, no sólo por el particular escenario político actual, sino por las claras inconsistencias entre los parámetros adoptados, y más aún respecto de las estimaciones dominantes en el mercado, según los cuadros presentados al Congreso en un proyecto de ley con más de 4.800 folios.

Una primera lectura comparativa de las pautas para 2021 que fueran presentadas por primera vez por el ministro Guzmán el 15 de septiembre del año previo en el plano del gasto social, con un alcance a nivel nacional (con provincias y municipios) equivalente a poco más de 21% del PBI; permitió detectar a Infobae que entre ese momento y ahora se elevó el total de beneficiarios y perceptores de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, ayuda escolar, planes para la reinserción laboral, seguro de desempleo y subsidio de tarifas, entre otras, de 26,2 millones de personas a 27,3 millones de personas, aunque con notables variaciones, para arriba y abajo.

Si bien el cambio inicial previsto un año antes en materia sanitaria, con la llegada de las vacunas, puede explicar parte de las modificaciones originalmente proyectadas en los planes asistenciales, la magnitud de las caídas observadas en las nuevas previsiones de alcance de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones, con más de 155.000 casos supera con creces a las bajas que acusó el sistema de la Seguridad Social por las muertes por Covid-19, las cuales hasta el momento se ubican por debajo de 115.000 casos, y no todos corresponden a adultos mayores.

Pasó de casi 7 millones a poco más de 6,8 millones, y sube en 0,4% el total el próximo año, muy inferior a la tasa histórica de crecimiento vegetativo de la población.

Inquietante aumento de los casos de invalidez laborativa

Más allá de la crisis sanitaria que afecta a la mayor parte del planeta, y de la fuerte depresión que caracteriza a la actividad económica agregada, si se comparan los niveles actuales de producción y consumo por habitante con los de 10 o 20 años atrás, la Argentina no sufrió un cuadro traumático de catástrofes naturales y guerras que provocara un salto del total de perceptores del subsidio por “invalidez laborativa” para 2021 en casi 50.000 personas respecto de la previsión original, a 1,08 millones, un 4,8%, a más del 2,3% de la población total del país; y estimó un 3,3% adicional para el próximo año.

También el Presupuesto 2022 elevó la cantidad de perceptores del subsidio por hijo discapacitado para 2021 en 5,3%, pese a que redujo para el año la pauta inicial de asistencia por maternidad, asignación prenatal y prácticamente no modificó el total de nacimientos.

Otra partida que se destaca por su crecimiento en comparación con la previsión original para 2021 en el amplio menú de asignaciones familiares orientado a paliar los efectos de una larga crisis económico-social, con casi 50% de la población en estado de pobreza, es la correspondiente a la Ayuda Escolar anual, pasó de 3,6 millones a poco más de 4,6 millones de niños; y la Ayuda Escolar Anual para protección social de 3,53 millones a 3,65 millones de niños, las cuales se suman a la AUH (Asignación Universal por Hijo) que sube este año a 4,39 millones de chicos menores de 18 años con asistencia comprobada a establecimientos educativos y cumplen con programa anual de vacunación.

Adicionalmente, el Presupuesto 2022 proyecta el aumento de la cantidad de personas beneficiarias de la Tarjeta Alimentar de 2,45 millones a poco más de 2,71 millones; mantiene en 18.788 los perceptores de la Asistencia Financiera a Comedores Escolares; y eleva de 1,89 millones a 2,34 millones a los alcanzados por la Asistencia Alimentaria a Personas Vulnerables (en términos de módulo alimentario entregado.

Sin duda, la Argentina necesita hacer un censo sobre la realidad socioeconómica de la población de manera de no dejar a quien necesita de la asistencia del Estado por su estado de vulnerabilidad sanitaria y económica, pero al mismo tiempo que posibilite dar transparencia a la distribución de partidas del Presupuesto Nacional, de manera que las variaciones entre lo originalmente previsto y ejecutado sean claramente explicadas y comprobadas.

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