Néstor y Cristina Kirchner, Macri y Fernández: cuánto destinó cada presidencia a la asistencia social

Con las urnas a la vista, los programas sociales reciben por estos días el empujón típico de días pre-electorales. Distinta es, sin embargo, la incidencia real, sobre la calidad de vida de la gente y las posibilidades de progreso social, de esa maraña de planes, tarjetas y asignaciones, bajo diferentes rótulos (“ayuda”, “promoción”) que se disparó con la crisis económica de 2001/2002 y nunca dejó de crecer. Según la última “Encuesta Permanente de Hogares” del Indec, entre el primer trimestre de 2020 y el primero de 2021 el número de pobres aumentó en 2,5 millones de personas (de 15,6 a 18,1 millones) y el de indigentes en 1,2 millones (de 3,9 a 5,1 millones), lo que cuestiona seriamente la eficacia de los programas de ayuda social.

El mundo del “gasto social” es de una enorme complejidad: una “guía” elaborada por el Consejo Nacional de Coordinación de Política Sociales lista más de 140 programas. Para despejar el efecto de la inflación y reducir la cuestión a conceptos y cifras inteligibles, Jorge Colina, economista y director del Instituto de Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) agrupó a pedido de Infobae los principales programas de 3 agencias públicas: los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo y la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), dejando de lado los de Educación, Salud y otros, que también cuentan con partidas asistenciales, en general menores.

El relevamiento permite observar, en moneda constante (los montos están actualizados a millones de pesos de 2021) la evolución de los principales programas, tanto en valores monetarios como en número de beneficiarios (el experto prefiere usar el concepto de “beneficios”, pues una misma persona puede recibir más de uno), qué valores anuales dejó y recibió cada gestión presidencial. Como se puede ver en las infografías se toman los datos de “ayuda” que recibió cada mandatario y los que dejó al terminar su gestión, desde las cifras de 2001, último año de la presidencia de Fernando de la Rúa; pasando por las de 2003, un año compartido por las gestiones de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner; para luego precisar las cifras anuales de 2007, la “herencia” que en materia de ayuda social dejó Kirchner; luego el traspaso de Cristina Fernández Kirchner a sí misma en 2011 y el que en 2015 legó a Mauricio Macri, cuyo saldo, en 2019, fue el punto de partida de Alberto Fernández, con los números que su gestión de la ayuda social exhibe actualmente.

Tomando las cifras entre los extremos, resulta que el monto de los principales programas de las tres agencias, que en 2001 era de $32.873 millones e incluía 800.000 beneficiarios (“beneficios”, según Colina) es ahora de $1,78 billones para 11.820.000 receptores. En términos reales, el monto de ayuda aumentó 3.478% y el número de beneficios se multiplicó casi por 15, aumentando 1.378 por ciento.

Los datos elaborados por Idesa permiten a su vez apreciar cómo fue cambiando el manejo de la asistencia. El Ministerio de Trabajo perdió espacio, primero a manos de Desarrollo Social –que desde 2003 hasta 2015 y con un breve intervalo senatorial manejó Alicia Kirchner, hoy gobernadora de Santa Cruz– y luego de la Anses, que tras la completa reestatización del sistema jubilatorio se transformó en una dispensadora de beneficios todoterreno y caja clave.

La evolución durante las distintas gestiones presidenciales marca que entre 2003 y 2007 el número de beneficios casi se duplicó, tanto en las carteras de Trabajo como de Desarrollo Social, mientras el monto total de dinero cayó en términos reales cayó 14%. El extraño resultado se debe a la manipulación de las cifras del Indec en el último año, deflactadas a posteriori por la “inflación Congreso” usada para calcular los valores reales.

A partir de 2009, ya con Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada, cobró impulso el uso de los fondos de la Anses, que hacia 2015 ya dispensaba el 80% de los “beneficios” y 90% de los recursos.

Durante la presidencia de Mauricio Macri el monto de beneficios a través de las tres agencias aumentó en términos reales un 8%, mientras que el número de beneficios cayó en poco más de 700.000 (y algo menos en cantidad de personas).

Y con la llegada de Alberto Fernández, en los últimos 20 meses recuperó espacio el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo presupuesto para los principales programas más que se triplicó (de $83.089 millones en 2019 a $252.626 millones, siempre a valores actuales, de modo de quitar el efecto de la inflación sobre la nominalidad), creció muy poco la influencia de la cartera laboral y la Anses siguió aportando la mayoría de los fondos (84%) y de los beneficios (76%), con $1,1 billones y 9 millones, respectivamente.

Los principales programas de Desarrollo Social (cuyo presupuesto total es de $350.000 millones y gasta $23.000 millones en mantener su estructura), de los que surgen estos datos, son la Tarjeta Alimentar y el “Potenciar Trabajo” (última edición de lo que antes fueron “Argentina Trabaja” y “Programa de Ingreso Social con Trabajo”), que pagan 2,7 millones de “beneficios”.

En el caso de “Potenciar Trabajo”, en 2020 la provincia de Buenos Aires concentró el 54,4% de los beneficios, bien por encima de su peso poblacional (39%); seguida por Tucumán, con 6,2 por ciento. El resto de las provincias registra una incidencia menor al 5% sobre el total nacional, dice un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea. La provincia gobernada por Axel Kicillof concentra también el mayor número de titulares de acciones de empleo como de montos ejecutados del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a nivel nacional, del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y de los programas denominados “poblacionales”, del cual reúne 63.778 titulares, la mayor parte en “Acciones de Sostenimiento del Empleo” (39.406).

“Transferir dinero a las mismas familias por diferentes vías no resiste el más mínimo análisis de eficiencia en la gestión. Las personas que reciben las tarjetas alimentarias son las mismas que reciben la AUH. Las que reciben los planes Potenciar Trabajo reciben la AUH y la tarjeta alimentaria. El Estado multiplica los gastos administrativos y los hogares pobres multiplican los esfuerzos para acceder a la cobertura”, dice un informe de Idesa, que recuerda que según el artículo 121 de la Constitución Nacional todo aquello que las provincias no delegan a la Nación es responsabilidad provincial y que “ninguna provincia delegó expresamente en la Nación la asistencia social”.

Del Ministerio de Trabajo se incluyeron, a su vez programas en materia de “Políticas” y “Acciones” de Empleo, así como “Acciones de Capacitación”. Y de la Anses se tomaron los 3 principales canales de ayuda: la Asignación Universal por Hijo (y por Embarazo), los pagos de jubilaciones surgidas de Moratoria previsional y lo de Pensiones No Contributivas.

La punta del iceberg

Cabe aclarar, sin embargo, que la selección de agencias y programas es solo una parte del gasto social, de una enorme complejidad burocrática y presupuestaria, pero sirve para apreciar su inercia.

En cuanto al monto total, de los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto y los de la “Ejecución físico-financiera” del primer trimestre de 2021 que informa Economía surge que el gasto social consolidado pasó de $72.800 millones en 2003 a $5,61 billones de “crédito vigente” en el Presupuesto 2021, un aumento de 7.598%, guarismo obviamente inflado por la constante pérdida del valor del peso: en igual período el gasto de “funcionamiento del Estado” aumentó 3.794%, el servicio de deuda 7.207% y el monto de “subsidios económicos” (el grueso, Energía y Transporte) un astronómico 15.481% (significa que hoy los subsidios insumen en 56 horas lo que en 2003 demandaban en un año).

Entre esos extremos, y desde antes, como muestra la evolución desde 1988 de las cifras oficiales compiladas por Isidro Guardaracci, autor de un estudio de FIEL y la Fundación Konrad Adenauer, sobre los planes sociales, sus efectos sobre las tasas de pobreza e indigencia no fueron relevantes.

Como puede observarse, tanto pobreza e indigencia crecieron o apenas si cedieron en los últimos 10 años, pese a que –como nota el estudio de Guardaracci– la incidencia estimada de la Asignación Universal por Hijo, AUH, el programa de mayor alcance (cubre al 29,6% de la población nacional de hasta 17 años), concentra el 84% de los fondos en el 40% más pobre de la sociedad y reduce la “brecha de pobreza” entre 3,2 y 5,6 puntos. Aun así, según los últimos datos del Indec, la “brecha de pobreza” (el aumento de ingreso que debe tener un pobre para dejar de serlo) es ahora del 42 por ciento.

Parte de la parafernalia de más de 140 planes que compiló el “Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales” se presenta en el gráfico de abajo, que incluye también partidas de los ministerios de Salud, Turismo y Economía, no incluidas en los cálculos y gráficos de más arriba.

A Economía, la cartera en principio encargada de hacer cuadrar las cuentas, más que el monto de los programas sociales le preocupa el crecimiento de los “subsidios económicos”, en especial en Energía y Transporte. El “Informe de Ejecución Físico-Financiera” precisa al respecto que en el primer trimestre de este año, mientras el “gasto social” aumentó 38% en términos nominales, más de diez puntos por debajo de la tasa de inflación del período, los “servicios económicos” crecieron un apabullante 151%, a $228.019 millones.

Los “servicios sociales” representan el 70,6% del gasto total del primer trimestre, se ufana de la sensibilidad oficial el informe de la cartera de Martín Guzmán, mucho más dura en su descripción del aumento del costo de los “servicios económicos” , que explica por la “asistencia para garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico”, la “atención de subsidios de fomento de la producción de gas” y los fondos para “solventar la diferencia entre el precio de importación de gas natural y de gas natural licuado y el precio de venta al mercado interno”.

Son lo que el ministro llamó “subsidios pro-ricos”, en un país con más de 140 programas sociales, pero cada vez más pobre.

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