Impuesto a la riqueza: un sector del Gobierno quiere cobrarlo también el año que viene

“Ni me lo manden”. Así de tajante, el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, frenó en seco el intento del Ministerio de Economía de buscar darle otro año más de vida al nuevo impuesto a la riqueza.

Aunque a priori se lo difundió como una iniciativa de “emergencia” y de “una sola vez”, fuentes del Congreso indicaron a Infobae que funcionarios de la cartera que conduce Martín Guzmán buscaron incluir la iniciativa en el proyecto de presupuesto 2022 que deberá enviar el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo el 15 de septiembre.

La intención era sumar estos ingresos extraordinarios -que el Gobierno nunca terminó de blanquear como un impuesto, pese a que es la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la que lo reglamentó y fiscaliza su cumplimiento- para cumplir con las metas fiscales y llegar más tranquilos a la discusión de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La iniciativa surgió del área de Ingresos Públicos, indicaron fuentes oficiales. ¿Será un globo de ensayo para optar luego por un “mal menor” como una eventual suba de la alícuota y la eliminación de las exenciones de Bienes Personales?

Desde el Palacio de Hacienda, fuentes relativizaron el hecho ante una consulta de Infobae.

El impuesto a las grandes fortunas, que se superpone con Bienes Personales, generó varios amparos y alguno de ellos ya va camino a la Corte Suprema de Justicia; otros contribuyentes optaron por no pagar y esperar una determinación de oficio de la AFIP para recurrir luego al Tribunal Fiscal y a la Justicia ordinaria por la cuestión de fondo. Algunos que sí pagaron observan con atención la decisión de la Justicia y podrían optar por presentar más adelante una acción para reclamar por la posible confiscatoriedad de este tributo, sobre todo si se extendiera por otro ejercicio fiscal.

Sobre la idea de extenderlo, que está en sintonía con lo que expresó la candidata oficialista Victoria Tolosa Paz, los tributaristas consultados por Infobae expresaron su absoluto rechazo.

Horacio Cardozo dijo que “era lo que se hablaba desde el principio; que siempre hay necesidades presupuestarias que es más fácil solucionar cobrando a algunos pocos contribuyentes”.

“Lo que no se dan cuenta es la cantidad de contribuyentes que se han ido del país por este tema; conozco varios que lo han hecho y sus próximas inversiones serán en Uruguay o en España y no en Argentina. Es una lástima como se espanta a los que más posibilidades tienen de sacarnos de la crisis”, expresó.

Además, opinó que “la extensión facilitará la impugnación judicial, pues en la mayoría de los casos se hará más confiscatorio: ya no es un impuesto por única vez, sino que se repite”.

“No tiene fundamento técnico, especialmente en un país en donde todos tributan a un 2,5% como tasa máxima en Bienes Personales, un impuesto que en la mayoría de los países del mundo no existe”, sentenció.

César Litvin dijo que “los contribuyentes argentinos han sido engañados permanentemente con los impuestos que nacen transitorios y en emergencia y luego se hacen eternos”.

“Es una muy mala señal para la actividad económica que aún no se repone de la pandemia extender otro año un pésimo impuesto que, sumado a un exorbitante Bienes Personales, genera efectos económicos adversos sobre el ahorro, la inversión la huida de emprendedores, de capitales y lo más dramático, el efecto confiscatorio que produce”, expresó. “No existe tolerancia para más presión fiscal”, indicó.

En tanto, el abogado Diego Fraga dijo que “si bien hay algunos funcionarios fuertemente ideologizados que verían con buenos ojos la idea, estimo que no va a prosperar”.

“A mi entender es un globo de ensayo para que no caiga tan mal el casi seguro agravamiento del impuesto sobre los bienes personales para este período fiscal y los siguientes”.

De todos modos, “cualquiera de las dos ideas viene a corroborar que el impuesto a la riqueza, con el nombre que se le dé, no deja de ser un agravamiento disparatado de otro impuesto a la riqueza que existe hace 20 años y que es bienes personales”.

“Esto implica que perderán gran fuerza muchos de los argumentos que se han venido sosteniendo para justificar la creación de este impuesto supuestamente extraordinario por la pandemia”.

“Lo que queda también bien claro es que la voracidad fiscal no cesa, a pesar del tremendo daño que le han hecho a la economía todas estas políticas sin análisis previos y sin estudios serios de las consecuencias que provocan”.

“Se sigue castigando a un sector privado cada vez más escuálido mientras la casta política no ha hecho ningún sacrificio visible hasta ahora. La presión impositiva está en niveles ridículos. No se puede seguir hablando tan livianamente del tema”, afirmó, tajante.

Fernando Schettini dijo que “sumado a las críticas respecto de los efectos económicos perjudiciales que implica el establecimiento de este tipo de tributos (expulsión de empresas e individuos), y la litigiosidad con motivo de la afectación al principio de protección de la propiedad privada, la reiteración del ‘aporte solidario’ implicará una avalancha de juicios de los que ya lo iniciaron por el impuesto del 2020, junto a los que no lo iniciaron y que la gran mayoría ahora sí van a litigar”.

“Muchos de los que pagaron en el 2020 lo hicieron con un gran sacrificio, pero que, de reiterarse, no les queda otra que ‘no pagar’ e iniciar juicio; caso contrario pierden casi todo su patrimonio”, indicó.

“Creo que el gobierno no tomó conciencia del daño que le está haciendo al país (incluida la recaudación), porque es impresionante la cantidad de grandes talentos y empresas que, al expatriarse, dejan de tributar otros impuestos que gravan el flujo. No se dan cuenta de que, en vez de recaudar más, van a recibir menos recursos.”, agregó.

Mario Goldman Rota dijo que “dado el ‘éxito’ en su recaudación y de fiscalización no tan compleja, varios tópicos del Aporte Solidario serán absorbidos por una nueva reforma en el impuesto sobre los Bienes Personales: gravabilidad de inmuebles rurales, títulos públicos, participaciones en cabeza del socio -y no la actual que paga un % menor la sociedad-, entre otros y suba de alícuotas”.

“Incluso, pudiendo colisionar con leyes de exenciones especificas prexistentes -lo cual obligaría a su armonización- y los recientes cambios en el tratamiento de diversos instrumentos financieros, de la ley 27.638”, expresó.

Iván Sasovsky dijo que “el impuesto fue pésimo, ya que se implementó sin mirar deudas o los activos que se alcanzaron, atacando la posibilidad de reactivación en momentos donde más lo necesitaba el país”.

“Mucha gente tuvo que desprenderse de activos para hacer frente al impuesto, por lo que no parece lógico que siga vendiendo bienes que generan ganancias y fuentes de trabajo”.

“Si siguen así, el Aporte Solidario dejará de ser extraordinario y por única vez para convertirse en un impuesto hecho y derecho, que nos remite al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, que tanto mal le hizo a nuestro sistema tributario”, sentenció.

Cecilia Goldemberg dijo que “una eventual reedición del aporte solidario, que perdería su carácter de excepcionalidad, va a inducir a muchos contribuyentes indecisos a decidir cambiar su residencia fiscal para evitar pagar un gravamen por demás injusto exagerado y abusivo al amputar una parte del patrimonio de la persona”.

“La tasa de imposición efectiva en el caso de bienes situados en el exterior es fuertemente mayor a la renta que esos mismos bienes tienen capacidad de producir. En otras palabras, la ganancia que producen los bienes quedó totalmente absorbida por el aporte, que además se superpone con el impuesto a los Bienes Personales. La imposición siempre se dirige a quienes más tienen, al menos con mayor presión, esa es la génesis de los impuestos”, explicó.

Globo de ensayo o no, está claro que el Gobierno buscará la manera de subir más la presión fiscal en 2022, con miras al ajuste que busca lograr para acordar con el FMI y que intentará que, una vez más, lo paguen los contribuyentes.

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