Las estadísticas preliminares de la deuda de la Administración Central de la Secretaría de Finanzas dieron cuenta de un nuevo aumento de los compromisos financieros en junio a USD 343.519 millones, con lo que alcanzó su nivel más alto en la historia. De ese monto, USD 340.940 millones se encontraban en situación de pago normal, USD 106 millones en estado de pago diferido y USD 2.474 millones “elegible pendiente de reestructuración”, incluyendo en todos los casos los vencimientos de capital y de pago de intereses.
El monto total de la deuda, nacional y extranjera, subió por tercer mes consecutivo, ahora en el equivalente a USD 2.346 millones y en USD 2.513 millones si se descuenta el efecto de la cancelación parcial de obligaciones con el Banco Central.
Ese incremento se explicó casi exclusivamente por el aumento del crédito neto tomado para financiar el déficit de las finanzas públicas; puesto que la “licuación” por diferencias de cambio de USD 1.183 millones fue neutralizada con el efecto de los ajustes devengados por la actualización de los compromisos con cláusula de ajuste por inflación (USD 1.261 millones), porque la suba de los precios fue tres veces la que registró el tipo de cambio que regula la entidad monetaria.
El aumento del déficit fiscal en junio respondió al efecto estacional del crecimiento del gasto público corriente (salarios, jubilaciones, asignaciones familiares y transferencias a provincias) y de la desaceleración del ritmo de incremento real de la recaudación tributaria, desde un máximo de 44% en abril a 18% en mayo y 13% en junio.
“En junio la Administración Central hizo tres licitaciones de mercado que resultaron en la colocación de distintos instrumentos por un total $590.860 millones, de los cuales se suscribieron en efectivo títulos en pesos por $402.512 millones. El resto correspondió a un canje voluntario de Boncer TC21 por el cual se colocaron Boncer T2X2 y T2X3. Con esas operaciones, Hacienda evitó acudir a los Adelantos Transitorios del Banco Central, permanecieron sin cambios con respecto al mes anterior, totalizando $1,45 billones a fin de mes. A fin de mayo, el límite máximo legal sobre el stock de Adelantos Transitorios se ubicó en $1,72 billones”, registró la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Pero el Banco Central, por el contrario, por segundo mes consecutivo, e igual cantidad de veces desde el inicio del año, asistió a la Administración Central con el giro de transferencia de utilidades contables por $90.000 millones (unos USD 900 millones), casi el doble que en mayo.
Uno de los hechos destacados de junio fue que, el 22, el ministro Martín Guzmán alcanzó un entendimiento con el Club de París por la deuda de USD 2.437 millones que no se canceló en mayo, a través de dos pagos parciales en julio de 2021 y febrero de 2022 por USD 231 millones y USD 199 millones, respectivamente, para no caer en cesación de pagos. En el último mes se redujo en USD 138 millones, a USD 1.988 millones.
El pago del saldo remanente se difiere hasta alcanzar un nuevo acuerdo, con fecha límite en mayo de 2022, pero al costo de devengar intereses a una tasa de 9% anual en dólares, más del doble que corría cuando la deuda estaba en “situación normal”.
Del informe preliminar de la Secretaría de Finanzas surge que la deuda con organismos internacionales disminuyó en junio en USD 553 millones, a USD 70.556 millones (se desagrega en USD 45.520 millones con el FMI; USD 13.145 BID; USD 7.848 millones Banco Mundial; y USD 3.451 millones la Corporación Andina de Fomento -CAF-, principalmente).
Con esos movimientos, el semestre finalizó con un crecimiento neto de la deuda de la Administración Central equivalente a USD 7.937 millones; y se elevó a USD 30.220 millones desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Esos valores se atenúan a USD 7.765 millones en el primer caso; y a USD 24.469 millones, si se descuenta el efecto del aumento de los compromisos con el Banco Central de la República Argentina, porque tiene como contrapartida el incremento de los activos de la entidad monetaria.
Deuda indirecta
“La deuda indirecta es aquella asumida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la Administración Central, pero que cuenta con su respaldo a través de distintas formas jurídicas (aval, fianza, garantía) (Ley 24.156, Art. 58)”, da cuenta un informe de la OPC.
Destaca la OPC el rol de “las garantías, son una forma de intervención gubernamental que apunta a alterar los incentivos económicos que enfrentan el sector privado y las entidades públicas involucradas”.
El objetivo de un aval del Estado suele ser mejorar las condiciones de acceso al crédito para el ente garantizado, incrementando así la viabilidad económica de proyectos que se perciben como beneficiosos para la sociedad. También son necesarias para la aprobación de préstamos de organismos multilaterales y oficiales a entidades subsoberanas.
En Argentina, las deudas garantizadas por el Tesoro son contabilizadas como parte de la deuda pública bruta, porque muchas veces terminan siendo ejecutadas por el Estado.
La OPC informó además que “en julio los vencimientos totalizan el equivalente a USD 5.363 millones. Al excluir las tenencias intra sector público, los vencimientos se reducen a USD 2.614 millones, de los cuales 72% se cancela en moneda local”.
Según el Informe Monetario del BCRA, al cierre de la primera semana de julio el BCRA giró al Tesoro otros $80.000 millones en concepto de Transferencias de Utilidades, ante la creciente necesidad de caja del sector público para honrar el pago del medio aguinaldo y el ajuste de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
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