En una reunión que los ministros de Economía y Finanzas de países emergentes que integran el G20 mantuvieron con la directora del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, el ministro de Economìa, Martín Guzmán, insistió en la necesidad de que el organismo facilite “reasignar” entre países parte de los USD 650.000 millones en DEG (Derechos Especiales de Giro) que emitirá para aumentar la liquidez internacional e impulsar la recuperación económica mundial y que, además, alivie la carga de intereses sobre sus deudores (la Argentina es el principal: con 30,4% de la cartera de créditos ya desembolsados del organismo).
“Todos queremos volver a la normalidad, una mejor normalidad que la que teníamos antes del Covid-19. La mayor preocupación a la que se enfrenta la economía mundial son las asimetrías entre las economías avanzadas y las economías en desarrollo para lograr una recuperación sostenible”, dijo Guzmán, que también se congratuló de ver “un apoyo más fuerte para incluir a los países de ingresos medios en el grupo que consigue reasignaciones de los DEG”, una iniciativa que presentó con su par mexicano, Arturo Herrera Gutiérrez.
Además, el funcionario insistió en que la política de sobrecargos financieros que aplica el Fondo a sus créditos “está penalizando a los países que se encuentran en circunstancias más adversas y es cada vez más problemática para los países de ingresos medios”. Se trata, dijo, “de una política regresiva y procíclica, y depende de nosotros hacer ese cambio”.
Al respecto, Guzmán precisó que el FMI impone sobrecargos de 200 puntos básicos (esto es, 2%) a los créditos pendientes de pago por encima del 187,5% de la cuota de un país en el organismo y también de hasta 100 puntos (1%) que dependen del tiempo que se tarda en pagar el crédito pendiente. En algún momento, esta política fue una forma de abordar las preocupaciones sobre el riesgo moral; esto no es lo que está sucediendo ahora”, dijo.
En cuanto a la asignación de DEGs por el equivalente a USD 650.000 millones entre los países que integran el Fondo, Guzmán celebró el “liderazgo positivo que lo hizo posible y ahora es un momento en el que estamos discutiendo cómo se reasignarán los nuevos DEG”. El interés argentino, que se reflejó en el Comunicado de Ministros del G20, es que el Fondo disponga de un mecanismo rápido de “reasignación” de los fondos que algunos países no piensan usar, hacia otros que necesitan más de los que recibirán.
Cuestión de peso
A la Argentina, que detenta una cuota de 0,67% en el FMI, le corresponden unos USD 4.355 millones, pero según informó Infobae, el país podría intentar acceder a parte de las “cuotas” que reciban y no usen países como Rusia, México y Portugal, que detentan cuotas de 2,71%, 1,87% y 0,43% respectivamente, por lo que les correspondería en conjunto unos USD 32.655 millones. Si parte de esos fondos fueran “canalizados” hacia la Argentina, el Gobierno podría despejar con ellos la agenda de vencimientos con el Fondo y darse más tiempo y margen de negociación para la negociación de un programa con el organismo.
“Vemos un apoyo más fuerte para incluir a los países de ingresos medios en el grupo que consigue reasignaciones de los DEG, países de ingresos medios que enfrentan condiciones más adversas que las economías avanzadas, y que concentran al menos 65 % de la población en situación de pobreza en el mundo”, dijo Guzmán.
Este sábado, último día de la reunión de ministros, hubo marchas y choques con la policía en torno de Venecia, celosamente custodiada por las fuerzas de seguridad italianas.
En cuanto al tema central de la reunión de Venecia, la imposición de un piso mínimo del 15% sobre las ganancias de las empresas multinacionales, para que éstas no eludan impuestos radicándose en países de baja tributación o directamente en “paraísos fiscales”, Guzmán participó en una reunión sobre Tributación Internacional en la que definió el acuerdo como “un paso importante en la dirección correcta, pero todavía quedan aspectos por definirse antes de nuestra próxima reunión”. Al respecto, agregó: “La prohibición de medidas unilaterales para el universo de todas las corporaciones multinacionales puede poner en riesgo las bases impositivas de algunos países en desarrollo”, por lo que recomendó limitar su alcance “solo a las empresas alcanzadas por el llamado Pilar I”, una delimitación técnica acerca del tipo de corporaciones objeto del nuevo esquema.
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