Tarifas: diputados del oficialismo proponen que los servicios no puedan aumentar por encima de los salarios

Legisladores del oficialismo impulsarán una iniciativa para acotar los aumentos de los servicios, como energía y gas. El diputado nacional por el Frente de Todos José Luis Gioja presentará un proyecto de ley sobre tarifas de servicios públicos y emergencia energética, que busca poner un límite a los incrementos para usuarios residenciales y pymes.

Según anticiparon, la iniciativa propone crear un “Régimen general de tarifas de servicios públicos de competencia nacional”, que deberán ser “justas, razonables y transparentes”. Además, el proyecto postula que las tarifas y los precios de servicios públicos para usuarios residenciales no puedan aumentar en mayor medida que la variación de los salarios, según el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) acumulado desde la fecha de la última modificación o revisión tarifaria correspondiente.

De acuerdo con la iniciativa de los legisladores, quedarán exceptuados los usuarios de los niveles más altos, de la categoría 3.4 o superiores en el servicio de gas doméstico o de la categoría 7 o superiores en el caso de la electricidad.

Por otro lado, el proyecto prevé que las tarifas y precios de servicios públicos para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cooperativas de trabajo de fábricas o empresas recuperadas que se encuentren inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (Inaes) no podrán aumentar en mayor medida que el Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) acumulado desde la fecha de la última modificación o revisión tarifaria.

Además, el proyecto busca la creación de un “Régimen de Equidad Tarifaria Federal”, cuyo objetivo principal es evitar “desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas y de costos de jurisdicción nacional, que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en la calidad de vida de las personas que en ellas habitan”.

A comienzos de este año, desde el Ministerio de Economía que encabeza Martín Guzmán aseguraron que su intención era que las subas de tarifas se enmarquen dentro de lo establecido en la Ley de Presupuesto, donde se prevé que el porcentaje de subsidios a las tarifas sobre el PBI se mantenga en constante en comparación con 2020. De esa forma, las tarifas de electricidad y de gas, congeladas desde hace dos años, tendrían un tope de aumento en la inflación acumulada en el año.

Hace una semana, el interventor del Enargas, Federico Bernal, anticipó que los servicios públicos de transporte y distribución de gas por redes tendrán un aumento en factura para 2021 del orden del 6% para residenciales y menor del 4% para pymes. La noticia fue comunicada luego de la audiencias públicas y en medio de un debate dentro del propio Gobierno.

Algunos de los puntos incluidos en el texto elaborado por Gioja:

- Las tarifas y costos por servicios e insumos a abonar por los usuarios deberán contemplar el impacto de las condiciones climáticas de cada región o provincia, su nivel de desarrollo económico, la situación socioeconómica de sus habitantes y los perjuicios que provoque la imposibilidad de acceso a alguno de los servicios.

- Es un deber del Estado nacional fijar tarifas para promover el desarrollo y la mejor calidad de vida de las zonas más postergadas del país.

- No se podrán fijar tarifas de costos más altos para usuarios residenciales que habiten en zonas con indicadores de necesidades básicas insatisfechas mayores en relación con otras de mejor calidad de vida.

- Deberán adoptarse medidas tendientes a la eficiencia energética, el ahorro, la preservación ambiental y el consumo responsable, generando incentivos que eviten el derroche.

Por el proyecto, también se crea el “Régimen nacional y universal de beneficiarios de la tarifa social”, que entre otros incluye a jubilados, pensionados, beneficiarios de la prestación por desempleo y monotributistas de las categorías más bajas, con el objetivo de establecer un cuadro tarifario diferencial.

La iniciativa también dispone el dictado de la “emergencia energética” hasta el 31 de diciembre de 2022, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos y licencias de prestación de los servicios públicos.

Por último, contempla la instauración de un “plan de sustentabilidad de los regímenes de servicios de gas y electricidad”, que consistirá en una remisión directa de recursos para atender diferencias entre cargos de generación o transporte con servicios de distribución, y en la posibilidad de pagar diferencias a generadores y transportistas mediante títulos públicos.

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