La fiscalía de Brasil afirmó que “no hay duda” de la culpabilidad de los dos políticos acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, durante el inicio el martes de un juicio, ocho años después de este crimen que conmocionó al país.
Ícono de la causa negra y LGTB y ferviente opositora a las milicias que operan en Río, Franco fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018, cuando tenía 38 años, mientras viajaba en su auto por el centro de Río de Janeiro, la ciudad de la que era concejala.
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Murió en el acto, al igual que su chofer Anderson Gomes.
El tirador y un cómplice ya fueron condenados a largas penas de cárcel en 2024.
La fiscalía acusa al exdiputado Chiquinho Brazao y a su hermano Domingos, exlegislador de Río, de haber ordenado este homicidio.
Con las pruebas presentadas “no hay duda” de la “autoría delictiva” de los hermanos en los homicidios, dijo a los jueces de la corte suprema en Brasilia el vicefiscal Hindenburgo Chateaubriand.
Según la acusación, Franco se oponía en el concejo municipal a propuestas defendidas por los hermanos para legalizar la apropiación de tierras por parte de milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de Río.
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Ella misma procedente de una favela, esta referente izquierdista defendía los derechos de los habitantes de barrios pobres, sobre todo de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGTB.
“Marielle se perfiló como un riesgo para los intereses de los hermanos Brazao”, apuntó el vicefiscal.
“Pasar la página de la impunidad”
Cuatro magistrados votarán por la condena o absolución en este juicio que se realiza en la sede del máximo tribunal, con la presencia de legisladores y periodistas, constató la AFP.
Anielle Franco, hermana de la concejala asesinada y ministra de Igualdad Racial del gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva, asiste al juicio, al igual que otros miembros de su familia.
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Hay que “investigar y castigar”, dijo a periodistas Anielle Franco, antes de entrar en la sala. Debe dejar de ser “admisible que una concejala sea asesinada”, agregó.
Formadas en Río hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
Beneficiadas por apoyos políticos de alto nivel, se han apropiado además de terrenos públicos para construir ilegalmente viviendas o edificios comerciales.
“Personas que se consideraban intocables están hoy en el banco de los acusados”, observó Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional en Brasil.
El país, dijo, “tiene una oportunidad de pasar la página de la impunidad”.
La corte también juzga a otros tres acusados por su presunta implicación en el asesinato: el excomisario Rivaldo Barbosa, el expolicía Ronald Paulo de Alves y Robson Calixto Fonseca, exasesor del Tribunal de Cuentas de Río.
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Barbosa está acusado de haber “trabajado para garantizar la impunidad de los autores intelectuales”.
Acuerdo de colaboración
En octubre de 2024, un jurado popular condenó a 78 años de prisión a Ronnie Lessa, quien confesó haber matado a Franco con una ametralladora.
Disparó contra la concejala y su chofer desde un vehículo conducido por su cómplice Élcio Queiroz, quien fue condenado a 59 años de reclusión.
Durante el juicio, Lessa dijo haberse “vuelto loco” con la suma de varios millones de dólares que le ofrecieron para cometer el crimen.
Los hermanos Brazao niegan los hechos que se les imputan y cuestionan la validez de un acuerdo de colaboración alcanzado por Lessa con la justicia para confesar.
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El juez Alexandre De Moraes será el primero en votar en este juicio, para el que aún está prevista una eventual última sesión el miércoles.
Este magistrado, tan poderoso como divisivo, ya estuvo a cargo de otro juicio histórico, en el que el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo.
(AFP)
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