
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó hoy con 57 votos a favor y uno en contra una nueva prórroga de treinta días para la suspensión de garantías constitucionales bajo el Régimen de Excepción. Esta medida, en vigor desde marzo de 2022, fue presentada a consideración del pleno legislativo a fin de garantizar la seguridad, la integridad física y moral, así como la salud de la población salvadoreña, según la correspondencia oficial remitida al órgano legislativo.
La propuesta, que previamente ha sido avalada de forma unánime por el Consejo de Ministros y expuesta por el Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Héctor Gustavo Villatoro, tiene como objetivo mantener las condiciones de seguridad que han permitido la disminución de homicidios en el país. Desde su instauración, El Salvador ha prorrogado de forma continua las restricciones, actualmente limitadas a los derechos recogidos en los artículos 12 inciso 2º (derecho de defensa), 13 inciso 2º (plazo de detención administrativa) y 24 (inviolabilidad de la correspondencia) de la Constitución.
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El fundamento jurídico de la medida reside en el artículo 30 de la Constitución de la República. Este artículo establece: “El plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual período y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron”. La notificación agrega: “Si no se emite tal decreto, quedarán establecidas de pleno derecho las garantías suspendidas”.
La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional respalda la posición gubernamental. De acuerdo con la sentencia 21-2020AC, “es posible prolongar con la debida razonabilidad la suspensión de derechos fundamentales mediante un nuevo decreto de una duración que no exceda de esos mismos 30 días”. El fallo de la Sala también aclara que “del texto de esa frase del art. 30 Cn. no se infiere que la prolongación deba limitarse por una sola vez... la prórroga debe respetar el límite temporal máximo de vigencia del decreto de adopción del régimen de excepción, pero en modo alguno debe entenderse que las prórrogas sucesivas están prohibidas”.
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En el plano internacional, el documento apunta que varios instrumentos de derechos humanos permiten a los estados, en caso de peligro público o emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, suspendan algunos derechos o garantías. Las autoridades salvadoreñas afirman que la medida no está dirigida a enfrentar la criminalidad común sino que se justifica, tal como se ha hecho en el país, para combatir un fenómeno criminal sin precedentes a nivel mundial.
Los resultados oficiales han sido calificados como un “logro sin precedentes en la disminución de la delincuencia, crimen organizado y terrorismo”. Según el informe presentado por el Ministro de Seguridad, “las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción histórica en los índices de homicidios y la captura de más de 91,300 terroristas”.
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Durante la aprobación del Régimen, la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, afirmó que gracias esto El Salvador ahora cuenta con 1,140 días sin homicidios e hizo el recuento de las estadísticas más recientes.
Según la parlamentaria, diciembre de 2025 finalizó con 26 días sin homicidios; mientras que enero de 2026 cerró con 27 días sin homicidios y en lo que va de febrero ya se registran 20 días sin vidas que lamentar debido a la violencia.

“Esto no sería posible sin la seguridad. Según datos más recientes somos líderes regionales en turismo”, agregó la diputada. “Esto habla que ahora en El Salvador los criminales ya no tienen cabida”, sentenció.
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El principal argumento para extender el régimen es el riesgo de reorganización de las estructuras criminales: “Se han identificado y capturado sujetos con intención de reorganización de las pandillas, quienes replican sus modos delictivos, y a quienes se les ha decomisado armas de fuego, drogas y otro tipo de objetos vinculados al tráfico ilícito”. Además, se resalta que “en viviendas se están realizando procedimientos para la eliminación de marcas o distintivos corporales alusivos a pandillas”, lo que demuestra intentos de ocultamiento y evasión que requieren vigilancia constante.
El documento aprobado reitera que la prórroga se decreta “en beneficio del derecho a la vida, la seguridad física y la propiedad de los salvadoreños”.
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