Alberto Fernández no dudó en 2020 en determinar una estricta cuarentena, que alternó períodos de mayor dureza y flexibilidad por 250 días. Pero ahora tiene enormes dudas de ir a una medida parecida, básicamente por los enormes costos que traería desde el punto de vista social y económico. El mayor peligro de corto plazo es que la necesidad de emitir pesos para socorrer a los nuevos sectores en crisis tenga un fuerte impacto en el dólar y, por lo tanto, en una mayor presión inflacionaria.
Cierres de actividad focalizados y puntuales permitirían un manejo mucho más digerible desde el punto de vista de las finanzas públicas. La medida principal discutida por el equipo económico es reforzar los Repro II, es decir los planes para pagar parte de los salarios a empresas privadas en crisis. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ya adelantó que para los sectores considerados “críticos” el pago mensual por empleado pasaría de $12.000 a $18.000. En febrero fueron $4.000 millones destinados allí y obviamente la cifra crecerá luego de los límites anunciados para la actividad nocturna. Pero obviamente nada muy significativo desde el punto de vista del déficit fiscal.
Una nueva cuarentena, aún cuando no tenga una duración tan extensa, tendría efectos muy fuertes sobre el rojo de las cuentas públicas y, por ende, obligaría a una gran emisión de pesos adicionales.
Las preocupaciones del equipo económico son múltiples. Por un está el efecto que generaría en el empleo y en los niveles de pobreza un nuevo “parate” de fábricas y comercios. Pero por otra parte por el “tsunami” de pesos que se produciría en caso de un nuevo cierre total tendría efectos indeseados sobre el dólar. Así, se podría adelantar la turbulencia cambiaria que el propio gobierno espera para la previa electoral. Incluso el propio titular del Banco Central, Miguel Pesce, reconoció que espera nuevas pulseadas cambiarias vinculadas con las típicas coberturas pre electorales.
En este contexto, la actual “paz cambiaria” es endeble. Lo saben los economistas, pero también lo tiene claro el gobierno. El control de la brecha cambiaria en torno al 60% es posible por la intervención del Banco Central, que al final del “rulo cambiario” termina desprendiéndose de reservas. Esos dólares se utilizan para recomprar los bonos que vendió inicialmente para evitar que se dispare el dólar financiero.
Esto significa que ni el dólar oficial ni el financiero son de equilibrio. El tipo de cambio a $ 90 está menos atrasado que en otras épocas. Sin embargo, el férreo cepo cambiario revela que hay muchos más compradores que vendedores a ese precio. Y con el dólar financiero a $ 140 sucede algo parecido: las intervenciones del Central muestran que la brecha al 60% se mantiene en forma artificial. Sin presencia oficial, posiblemente el tipo de cambio que surge del mercado bursátil sería mucho más alto.
Esta “paz cambiaria” con fórceps tendría dos o tres meses de alivio, por el ingreso extraordinario de divisas del campo. Con la soja arriba de los USD 500, habrá mucha oferta de dólares de corto plazo De hecho, según estimó el economista Fernando Marul, el campo lleva liquidados en lo que va de abril unos USD 1.000 millones y el Central compró en el mercado cambiario unos USD 800 millones.
Sin embargo, el peligro detrás de esta tranquilidad cambiaria tiene que ver con el excedente de pesos, luego de la emisión de $ 2 billones el año pasado. Para este año se estima que no bajará de 1,5 billones de pesos, a partir del déficit de 4,5% del PBI previsto en el Presupuesto 2021.
El economista de la consultora EcoGo y de la Universidad Di Tella, Federico Furiase, describió el mercado de pesos como “una pileta repleta, que puede rebalsar con cualquier gota que le agregues”. Además, las mediciones de los agregados financieros arrojan que viene cayendo aceleradamente la demanda de pesos. Cualquier oferta adicional de dinero corre peligro de provocar más presión sobre el dólar y la inflación, que todavía se mantiene en niveles cercanos al 4% mensual.
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