Por segunda vez en una semana, las empresas de EEUU en la Argentina criticaron con dureza la política de precios del gobierno

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) publicó hoy un duro documento sobre el congelamiento de precios aplicado por el gobierno desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, reiterando con un tono más enérgico los reclamos que ya había planteado en otra declaración realizada por la entidad el 6 de abril, solamente seis días atrás. La AmCham reclamó a la secretaría de Comercio Interior la derogación de la resolución 100/2020 de marzo del año pasado que dispuso el congelamiento y los controles para los productos de consumo masivo. El documento fue titulado “Los tiempos se acortan”, en alusión a que si no se autorizan aumentos el abastecimiento de los productos y la continuidad de las operaciones de algunas empresas estarán en riesgo.

“Nuestro pedido a la secretaria de Comercio Interior es la derogación de la Resolución 100/2020 y arbitrar los medios para permitir a las empresas alcanzadas, a realizar aumentos escalonados para los próximos meses, siendo responsables y conscientes de la gravedad de la situación de nuestros ciudadanos, pero haciendo posible la continuación de sus operaciones comerciales en nuestro país,”, señaló la cámara.

“Los recursos de la administración deberían estar concentrados en analizar los factores generadores de este fenómeno de aumento de precios en lugar de regular mediante sanciones y controles inaplicables, y proponer nuevas regulaciones. Es necesario entablar un canal de decisiones consensuadas con el sector privado, que evite dar el último salto al vacío”, subrayó.

Las empresas estadounidenses describieron los que, a su juicio, fueron los resultados de la aplicación del programa de Precios Máximos, el cual generó un escenario en el que “el tiempo se acorta, el margen de maniobra de las empresas y el retail es escaso, los niveles de sostenibilidad económica son mínimos, los argumentos sobre la política de administración del comercio son irracionales, la contradicción es manifiesta, la previsibilidad es nula, y la competitividad es una quimera”.

El documento describe 5 efectos de estas políticas sobre las empresas de consumo masivo:

• Empleo: las empresas lograron “a pesar de la perdida sistémica de rentabilidad mantener todos los puestos de trabajo, inclusive debido a las ausencias generadas por la regulación y la pandemia”. Además, han contratado personal tercerizado “entre el 12/25% de su plantilla permanente a efectos de mantener los niveles de producción requeridos”. Advierte que “post-pandemia los contratos tercerizados no serán renovados”, y se pregunta: “¿podrá mantenerse por mucho tiempo el nivel de personal efectivo como el actual?”.

• Abastecimiento de productos: Menciona un estudio realizado por GS1, de cadenas a nivel nacional, en los que se advierte un crecimiento del faltante de productos para las categorías de alimentos, perfumerías y limpieza de alta rotación, “consecuencias de múltiples factores en los que la empresa poco responsable es”.

• Inversiones en infraestructura realizadas: las empresas de AmCham invirtieron en el último año USD 150 millones, “muy poco” si se compara ese monto con los USD 2.234 millones que sus asociados invirtieron en 2017. “Si bien la pandemia repercute en el número, a esto se le suma la situación de imprevisibilidad, desconfianza e inseguridad que impide a las empresas invertir en nuestro país”, señaló el documento.

• Inversión en acciones de marketing: La reducción alcanzó el 38% como consecuencia “de la necesidad de maximizar recursos, a pesar de ser elementos vitales para las actividades comerciales”.

• Niveles de rentabilidad: como resultado de la política de Precios Máximos, la Cámara aseguró que sus empresas tiene márgenes operativos reducidos en hasta el 36% entre el aumento de costos y la imposibilidad de modificar sus precios. “La disyuntiva NO es la de trabajar a pérdida o quedar en infracción, la pregunta es hasta cuanto podrá sostenerse esta situación”, alertó la AmCham.

Otro pasaje del documento deja fuertes críticas a los recientemente creados mecanismos de pedidos de información a las compañías de consumo masivo, el Sipre (Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica) y el Sifire (Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas). Para la AmCham, esas medidas “no sólo intensifican la carga burocrática de las empresas, asignando recursos a sectores improductivos, sino que han demostrado su ineficiencia para solucionar los problemas de fondo”, en relación al elevado nivel de los precios.

En ese sentido, la entidad pidió un “análisis vertical de la cadena de valor”, partiendo desde los insumos primarios hasta el precio al consumidor, donde se encuentran “los problemas reales” que fogonean la inflación, entre los que mencionaron “costos elevados de logística y distribución, carga impositiva creciente e insostenible, ineficiencias o falta de interés político en la aplicación de mecanismos de control de las operaciones informales, costos incrementales relacionados con la pandemia, entre otros”.

Objetó también la decisión de “concentrar solo la atención en 1000 empresas que se ven impactadas por dichos elementos en su estructura de costos y viéndose imposibilitadas de trasladarlos a los precios ante la intervención del estado en sus decisiones comerciales”.

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