Para el interventor del Enargas, las tarifas no se deben determinar como algo “puramente económico o fiscal”

En la segunda audiencia pública para analizar los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas, Federico Bernal —el interventor del Enargas— criticó que las tarifas sean planteadas como un tema “puramente económico o fiscal”. De esta forma, quedaron más expuestos las diferencias entre el ente regulador y el ministerio de Economía, que ya manifestó su intención de que los subsidios sigan representando el mismo porcentaje del PBI que el año anterior.

“En todos los análisis del sector energético, de lo único que se pretende discutir es sobre su relación o impacto en la balanza comercial, el déficit o superavit fiscal, el nivel de producción de hidrocarburos, si ganamos o perdimos capacidad exportadora, o los muchos o pocos subsidio que debería tener el sector”, dijo en relación al debate sobre el tema que se llevó adelante en distintos medios periodísticos.

“Pero cuando se habla de tarifas, falta algo medular, un componente fundamental que debe ser el parámetro excluyente. Lo que falta es el ‘ser humano’. El mismo parámetro que uno usa para evaluar el sector de la salud, vivienda, educación, acceso a la alimentación o seguridad social. La salud energética de una Nación no es la balanza comercial energética, no pasa por la capacidad exportadora. La salud energética es la salud energética de su pueblo”, señaló Bernal durante la audiencia pública que fue transmitida vía streaming.

Bernal recordó que el ex ministro de Economía Prat Gay en 2016 comparó los valores de las tarifas de gas con el valor de dos pizzas. “Por qué nadie se pregunta en términos de pizzas lo que se paga por la salud en un hospital público, por la educación en un colegio público. Detrás de esa forma de pensar la energía subyace la idea de que está disociada de otros derechos humanos”, agregó el interventor.

Durante este martes, se está llevando adelante la audiencia pública para discutir la “adecuación transitoria” de las tarifas de los servicios de transporte y distribución de gas. Los expositores deben analizar la evolución de las tarifas que se le reconocerán a las empresas de transporte y distribuición de gas. Las audiencias —que son abiertas y participativas— son un paso previo y obligatorio que se debe concretar antes de cualquier suba de tarifas de servicios públicos, aunque sus resultados no son vinculantes y solo funcionan como un ámbito informativo y de consulta.

Se trata de la segunda audiencia que se realiza durante el Gobierno de Alberto Fernández, ya que las tarifas permanecen congeladas desde marzo y abril de 2019. La primera fue el pasado 15 de marzo, donde se discutió el precio del gas y cuántos subsidios deberá destinar el Estado sobre el precio total que pagan los usuarios. Las facturas de gas que reciben los usuarios se componen de cuatro variables: el precio del gas, el transporte, la distribución y los impuestos (nacionales, provinciales y tasas municipales).

Hace algunos días, un informe de la Secretaría de Energía, detalló que el Estado nacional tiene a su cargo el 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria, lo que en 2021 demandaría un costo fiscal de $132.963 millones. Para mantener la partida presupuestaria de subsidios estables en relación al 2020 —uno de los objetivos del ministro de Economía Martín Guzmán— debería haber una adecuación tarifaria del orden de entre el 26 y el 35% para las tarifas residenciales de gas para los meses de marzo a julio.

En tanto, los precios de distribución y transporte están dentro de la órbita del Enargas. La propuesta de las empresas distribuidoras incluyen aumentos en el costo fijo y en el costo por metro cúbico del gas (variable según el consumo). Las principales empresa presentaron dos propuestas: una donde el aumento de 148%, que es lo que correspondería por la revisión tarifaria (RTI) vigente que contempla un mecanismo de ajuste semestral de acuerdo al Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). Y otra, con una alternativa “de transición”, con subas de entre 51% y 58 por ciento.

Ya pasado el plazo de congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, no hay certidumbre sobre qué sucederá este año con los aumentos. A comienzos del mes, el presidente Alberto Fernández, en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso, confirmó que se enviará a esa Cámara una nueva ley sobre tarifas –que contempla aumentos de acuerdo al nivel de ingresos de los usuarios– mientras que estimó que las tarifas de transición podrían demorar varios meses en aplicarse.

En la Secretaría de Energía ya están trabajando en el borrador de la ley, que debe ser luego debatida en el Congreso. Pero también estiman que puede haber otros proyectos similares presentados por legisladores. Los principales objetivos que contempla el proyecto son la segmentación de las tarifas con criterios socioeconómicos –que el precio final a pagar esté en línea con los ingresos de los usuarios– y no atar los aumentos a la porción de los costos de los servicios que están dolarizados, según explicaron fuentes cercanas al secretario Darío Martínez.

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