Luego de casi un año, el Gobierno confirmó que no habrá una nueva prórroga del decreto que congeló los precios de los contratos de alquiler y suspendió los desalojos. De esta forma, el congelamiento vencerá el próximo 31 de marzo. Con el fin de la medida, los inquilinos que durante estos meses mantuvieron el precio congelado –al valor de marzo de 2020– deberán pagar las diferencias acumuladas entre ese monto y el que correspondía pagar.
De esta forma, a partir del mes próximo, los inquilinos tendrán que abonar el ajuste que estaba previsto (según lo que estaba convenido en cada contrato) y que no se aplicó durante los meses en los que se mantuvo vigente el congelamiento. De acuerdo con el decreto que congeló los precios, esa diferencia podrá ser abonada en cuotas mensuales, iguales y consecutivas: tres como mínimo o 12 como máximo. La primera de esas cuotas deberá pagarse en abril de 2021.
En el caso de que haya habido falta de pago –durante los meses de congelamiento también están suspendidos los desalojos–, los plazos y cuotas para regularizar los pagos son los mismos: de 3 a 12 cuotas mensuales.
El decreto prevé que podrán aplicarse intereses compensatorios, pero no podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad. Por otro lado, las obligaciones de los garantes de los alquileres también permanecen vigentes hasta la total cancelación de las obligaciones del contrato.
Fue el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien confirmó que no habrá una nueva extensión del congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos. Y como alternativa se utilizarán las herramientas que generó la nueva Ley de Alquileres.
“La Ley de Alquileres se reglamentó y los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación, ya no va a haber extensión del DNU”, dijo el ministro en diálogo con Télam. La Ley de Alquileres establece que el Ministerio de Justicia debe facilitar ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo para la resolución de conflictos derivados de los alquileres. Consultado sobre si se analizan mecanismos de ayuda para los inquilinos, Ferraresi señaló que cuando venza el congelamiento se analizará el universo de familias vulnerables.
Según la última encuesta del Colegio Profesional de los Corredores Inmobiliarios porteño (Cucicba), en diciembre del año pasado, el 90% de los inquilinos de la ciudad abonó el alquiler en tiempo y forma. Se trata del mejor valor desde que el colegio comenzó a realizar este estudio –a fines de marzo, cuando comenzó el aislamiento social– y, por primera vez, el nivel de pago de las locaciones comerciales se ubicó al mismo nivel que el de los alquileres de vivienda: nueve de cada diez comerciantes pudieron pagar en los tiempos correspondientes.
“Si bien los alquileres de vivienda han mostrado un buen nivel de pago, lo cierto es que existen números difíciles en ese sector. A raíz de la Ley de Alquileres, se viene observando un incremento promedio de alrededor del 62%, a la par de una reducción en la oferta de este tipo de inmuebles. Solo en el mes de diciembre, el informe revela un 3% de rescisiones en los alquileres de vivienda”, detallaron desde Cucicba.
Por otro lado, según un relevamiento online realizado durante enero por la Federación de Inquilinos entre más de 2.800 inquilinos, el 80% de los encuestados tuvo que recurrir a alguna forma de endeudamiento. Mientras tanto, el 40,4% no tiene certezas de dónde va a vivir en los próximos meses.
En tanto, el 35,7% de los inquilinos no pudo pagar el mes de enero o pagó parcialmente. De acuerdo a las estimaciones de la federación, unos 300.000 hogares inquilinos acumulan deuda de 5 meses o más. Y el 53,5% de los ingresos totales del hogar se destinan al pago del alquiler.
“A partir de abril veremos imágenes muy similares a las que se vieron en las tomas de tierras, que miles de familias quedarán en la calle y que esta decisión demuestra la errática política de vivienda del ministro (Ferraresi). La foto entregando una casa y la frase trillada ‘el sueño de la casa propia’ mientras las familias no pueden pagar el alquiler o mudarse es de una falta de conexión con la realidad muy preocupante. Las organizaciones de inquilinos del país vamos a hacer lo imposible para que haya un plan de desendeudamiento y se extienda el decreto”, señaló Gervasio Muñoz, titular de la Federación de Inquilinos.
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