La deuda invisible: el Gobierno terminó 2020 con casi $250.000 millones de pagos sin cancelar

La ejecución del Presupuesto durante el año de pandemia dejó una cuenta pendiente de pago –por atrasos en el giro de fondos a provincias o de obra pública– cercana a los $250.000 millones para 2021, de acuerdo a datos oficiales. Se trata de un leve aumento respecto a la cifra que había registrado el Estado nacional a fines de 2019 tras el cambio de Gobierno.

En términos generales, los procesos de gestión del gasto del Estado en cuestiones como contrataciones y compras públicas suelen incluir un plazo entre que se genera la obligación del pago y que efectivamente se giran los fondos. La deuda “flotante” refiere a ese paréntesis entre que una obligación de pago fue “confirmada” pero no cancelada. Puede incluir órdenes de pago vencidas o no. Este tipo de pasivos no está incluido en las estadísticas oficiales de deuda pública, por lo que suele considerarse una deuda “invisible”.

“La presencia de restricciones fiscales y dificultades de acceso al crédito generan incentivos para recurrir a la deuda flotante como fuente alternativa de financiamiento, demorando intencionalmente los pagos de bienes y servicios adquiridos por el gobierno para su funcionamiento”, explicó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en un informe.

Según la OPC, la mayor parte de la deuda flotante que acumula este año el Estado correspondió a erogaciones en concepto de transferencias, que incluyen transferencias a gobiernos provinciales y municipales, empresas privadas, universidades nacionales, empresas públicas no financieras, fondos fiduciarios, y jubilaciones y pensiones.

De acuerdo a datos oficiales de la Tesorería General de la Nación a los que tuvo acceso Infobae, la deuda flotante de 2020 finalizó en los $245.728 millones, lo que implica un pasivo cercano al 1% del Producto Bruto Interno. Como comparación, un año antes los pasivos atrasados habían concluido en torno del 0,8% del PBI.

Según explicaron a Infobae fuentes del Ministerio de Economía, “la deuda que quedó pendiente al cierre del ejercicio 2020 se ha ido atendiendo en parte durante enero”, comentaron. “El Presupuesto 2021 es ‘ejecutable’ desde el 20 de enero, según lo que se determinó por decreto. Lo que se pagó en esas primeras semanas de enero fue en parte esa deuda. Es una deuda razonable y un movimiento habitual”, en el manejo del presupuesto público, agregaron en Hacienda.

Las cifras de la Tesorería reflejan que buena parte de esos pasivos fueron saldados durante la primera parte del año. Al cierre de los números fiscales de enero, la deuda exigible al Tesoro ya se había reducido hasta los $160.000 millones.

La deuda flotante que pasa de un ejercicio fiscal a otro no es una novedad para la administración pública nacional. En 2013 los pasivos arrastrados hacia 2014 totalizaron $47.000 millones, lo que representó en ese entonces un 1,4% del PBI. Desde ese año la deuda exigible fue paulatinamente en baja y desde 2016 fue menor al 1% del PBI.

Consecuencias de la deuda invisible en la economía

Según la OPC, la generación de deuda exigible puede derivar en problemas para la normalidad de los procesos de contrataciones y de compras públicas. Incluso es un problema que suele tomar en cuenta el Fondo Monetario Internacional a la hora de establecer programas de financiamiento.

“La acumulación excesiva de pagos atrasados genera consecuencias negativas para las operaciones del gobierno y para el funcionamiento de la economía. En primer lugar, aumenta los costos de provisión del gobierno, en la medida en que los proveedores y contratistas incrementan los precios de referencia que ofrecen al sector público con el fin de mitigar los riesgos y el costo de oportunidad de una eventual demora excesiva en el cobro”, explicó el organismo.

“Adicionalmente, lleva al gobierno a obtener condiciones de contratación menos favorables, como fruto de las conductas defensivas de los proveedores para tratar de asegurarse el cobro, y puede desincentivar a proveedores competitivos de participar en concursos y licitaciones públicas”, continuó.

“Las demoras en los pagos pueden repercutir sobre la liquidez de los proveedores y contratistas, afectar el resto de sus actividades y proyectos, generar presión sobre los mercados de crédito, en la medida que deban recurrir a financiamiento bancario, e incluso llevarlos a retrasar sus pagos de impuestos”, apuntó la OPC.

Este tipo de deudas “invisibles” suelen ser tenidas en cuenta por el FMI. El último acuerdo stand-by firmado en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario incluyó metas de reducción de pasivos flotantes.

“Por sus potenciales impactos sobre la ejecución y efectividad de la política fiscal y sobre la hoja de balance del sector público, el control y la regularización de pagos atrasados son aspectos habitualmente abordados en los programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La gran mayoría de los programas aprobados en las últimas décadas incluyeron metas estructurales o criterios cuantitativos asociados a pagos atrasados”, explicó la OPC.

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