El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas defendió el avance del Gobierno y las sanciones a empresas de consumo masivo por faltantes de productos en los supermercados. El funcionario afirmó que “es una gran preocupación del gobierno de que no falte ningún producto importante en la mesa de los argentinos”. Por otra parte, negó que haya habido desabastecimiento durante la pandemia.
La inusual medida generó rechazo entre economistas que la comparan con sanciones que no se aplican desde el último gobierno de Juan Domingo Perón, quien amenazó con “colgar” a los especuladores. ”Para encontrar medidas similares hay que remontarse al primer peronismo, cuando la inflación llega a dos dígitos, y a la década del 70, cuando en 1974 se sancionó la ley de abastecimiento. Luego, en el segundo Gobierno de Cristina Fernández, con las amenazas a las empresas durante la gestión de Guillermo Moreno“, recordó el economista Iván Carrino, de la consultora Carrino & Asociados.
Tras la reunión de gabinete económico que encabezó el jefe de ministros Santiago Cafiero y en el que uno de los temas principales fue la “imputación” realizada a empresas de consumo masivo, Kulfas dijo que la Secretaría de Comercio Interior inició una investigación por “comentarios que nos llegaron de desabastecimiento” en algunos supermercados.
“El problema no era en los supermercados, sino del abastecimiento”, continuó el ministro. “La imputación busca que esto no se vuelva a producir. Es una gran preocupación del gobierno de que no falte ningún producto importante en la mesa de los argentinos”, apuntó el jefe de la cartera productiva.
La Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), informó que “imputó” a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, a las que acusó de retención en sus volúmenes de producción o de falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.
“Las imputaciones se realizaron luego de verificar que las mencionadas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, aseguró un comunicado difundido por el ministerio de Desarrollo Productivo.
Kulfas aseguró desde Casa de Gobierno que Comercio Interior detectó en esas empresas “una reduccion del volumen de producción, por lo que se imputa a las empresas y se les da el derecho a que hagan un descargo. El objetivo es garantizar que los productos estén”, continuó.
Consultado sobre si el diálogo con ese sector industrial se cortó a partir de las medidas sancionatorias anunciadas este miércoles, el ministro de Desarrollo Productivo dijo que “el diálogo siempre está presente”. “Pero no estamos diciendo que el diálogo reemplaza la potestad del Estado de aplicar las leyes vigentes. Las aplicamos como corresponde. Las empresas ahora pueden hacer un descargo y va a ser tomada en consideración”, concluyó.
Desde la cartera productiva explicaron que se trata de un proceso administrativo, a partir del cual se abre un expediente de oficio. La medida se tomó en el marco de la resolución 100/2020, publicada el año pasado, que estableció el marco legal para la implementación del programa de Precios Máximos. Durante las fiscalizaciones en los comercios, los inspectores de la subsecretaría identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo. Por eso, más tarde, realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en pedidos de información sobre stocks e inventarios de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021.
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